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El referéndum convocado por la Generalidad va frontalmente contra la Constitución Española, que debe ser reformada para permitir una consulta como la planteada por los líderes separatistas. En vez de seguir los cauces legales, el Parlamento catalán siguió adelante y aprobó la votación del 1-O.
Hubo firmes advertencias por parte de diversas instancias. El servicio jurídico de la Asamblea regional comunicó a todos los diputados la ilegalidad de su propuesta. También se pronunció en contra el Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano que vela por el cumplimiento de las normas autonómicas. Además, la votación se saldó por un estrecho margen, incumpliendo lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
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Posteriormente, la polémica saltó a Madrid. El Gobierno de España pidió un informe al Consejo de Estado, que certificó la ilegalidad del referéndum planteado para el 1-O. En consecuencia, la Administración Rajoy elevó un recurso al Tribunal Constitucional, que tumbó definitivamente la votación. La decisión fue respetada por todos los Gobiernos democráticos del mundo y por las autoridades de la Unión Europea, aunque despertó enfado en la Venezuela de Maduro, único régimen que ha avalado a los independentistas.
En las últimas semanas, la negativa del Gobierno catalán a respetar el imperio de la ley y acatar el fallo del Constitucional motivó una investigación judicial encabezada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Todas las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se enmarcaron en dicha investigación, delegada en manos de los tribunales en virtud de la separación de poderes que establece la Carta Magna española.
Sin control electoral
La falta de cobertura legal impidió, como es lógico, el acceso del Gobierno de Cataluña a los datos del censo. Sin embargo, los independentistas optaron por volver a ignorar la ley y no dudaron a la hora de hacerse con los datos privados de todos los ciudadanos con derecho a voto en Cataluña, unos cinco millones de personas.
Cuando la Justicia española tumbó las páginas web en que se alojaron los datos del censo, los independentistas optaron por abrir una nueva aplicación, esta vez alojada en la isla caribeña de Nieves y controlada por una empresa vinculada a Peter Sunde, cofundador de la web pirata The Pirate Bay.
Por si no fuese suficiente, el pasado 22 de septiembre se anunció la disolución de la Junta Electoral que debía supervisar el cumplimiento de la votación. Los líderes independentistas evitaban de esta forma la sanción anunciada por el Tribunal Constitucional. No obstante, esta decisión también derivó en la ausencia de cualquier tipo de control electoral de cara a la votación del 1-O.
En esta línea, no sorprende que los independentistas anunciasen por sorpresa que el 1-O se aplicaría un “censo universal”, con el objetivo de permitir que cualquier persona pudiese votar. Los medios de comunicación no tardaron en demostrar que esto daba pie a todo tipo de irregularidades: residentes en Madrid que votaron sin problema, ciudadanos que lograron votar hasta en cuatro ocasiones, urnas que llegaban a los colegios repletas de papeletas… En suma, el Gobierno catalán incumplió 20 de los 34 puntos de su propia Ley de Referéndum, culminando un proceso marcado por las irregularidades y el fraude electoral.
¿Y ahora, qué?
Pese a la total falta de garantías en la votación, los independentistas han insistido en que el 1-O “se registraron 2 millones de votos a favor de la independencia”. Dicha cifra apenas equivaldría al 37 % de los catalanes con derecho a voto y, en cualquier caso, se antoja del todo inflada, a raíz de las numerosas irregularidades electorales que salieron a la luz durante la jornada.
La jornada tampoco ha fortalecido a las instituciones españolas. Buena parte de la prensa internacional ha reaccionado negativamente ante las cargas policiales que tuvieron lugar en Cataluña. En clave política, el bloque de centro-derecha conformado por el Partido Popular y Ciudadanos se mantiene unido en defensa de la legalidad; sin embargo, el Partido Socialista está jugando un papel más equidistante, mientras que los comunistas agrupados en la coalición Unidos Podemos se alían descaradamente con el independentismo catalán.
¿Cómo reconducir la situación? Siempre cabe la vía del diálogo, algo que España exploró con éxito en su Transición a la Democracia. Sin embargo, el discurso hispanófobo de los independentistas se ha radicalizado a raíz del 1-O, de modo que una posible negociación se antoja harto compleja. Cierto es que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comunicado en distintas ocasiones que está dispuesto a hablar sobre 45 puntos planteados por el gobierno catalán en 2016. Sobre la mesa, asuntos económicos, infraestructuras, políticas sociales, etc. Pero los independentistas ya han anunciado que su plan es otro y pasa por declarar la independencia a lo del mes de octubre de 2017.
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