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Hace algunos meses, Pedro Sánchez reconoció en una entrevista que, si llegaba al gobierno de España, su anhelo en materia fiscal sería aumentar del 38% al 42% del PIB la recaudación anual de Hacienda. Como expresar la política tributaria en estos términos resulta un poco frío, decidí publicar un artículo en el que concreté los planes del entonces líder de la oposición.
Según expliqué entonces, elevar del 38% al 42% del PIB los ingresos del fisco supone un aumento de la recaudación valorado en 40.000 millones de euros (unos 47.000 millones de dólares).
En cuestión de horas, me llegaron varios ataques desde el entorno de Pedro Sánchez. El economista Daniel Fuentes tildó de “bulo” mis estimaciones, si bien diversos periódicos como El Mundo explicaron en los días siguientes que, en efecto, la propuesta del líder socialista tenía un valor real de 40.000 millones de euros, suficiente para describirla como una “bomba fiscal” que, en caso de ser aplicada, supondría la mayor subida de impuestos aplicada en la historia democrática de España.
La cosa podría haber quedado así, reducida a una mera discusión económica. Sin embargo, la moción de censura que Pedro Sánchez pactó con comunistas e independentistas le ha convertido en presidente del gobierno, de modo que las ideas fiscales del mandatario van a pasar de la teoría a la práctica. ¿Qué pueden esperar, pues, los contribuyentes españoles? ¿Vamos hacia una subida fiscal de gran calado, como apunté en abril? ¿O acaso los cambios serán leves, como me reprochó en su día Daniel Fuentes, que ahora ejerce de Jefe de Políticas Macroeconómicas y Financieras en el Gabinete de Presidencia?
A comienzos de junio, la ministra de Hacienda parecía optar por el segundo camino. En una entrevista con la emisora de radio Onda Cero, María Jesús Montero descartó subir impuestos e indicó que su objetivo era que “la evolución económica aporte los recursos suficientes para cubrir las necesidades de los ciudadanos”.
Traducido al castellano: como España está creciendo a tasas relativamente altas, no es necesario subir impuestos para recaudar más. No en vano, los ingresos de Hacienda están creciendo a niveles cercanos a los 12.000 millones anuales, vía crecimiento y creación de riqueza.
Sin embargo, pese al anuncio de junio que decía que no veríamos subidas fiscales, apenas un mes después leemos en la prensa que el gobierno socialista prepara ya distintas subidas de impuestos, a cada cual más agresiva. El “paquetazo fiscal” de Sánchez contempla las siguientes medidas:
– Aumento de las cotizaciones sociales para el 80-90% de los autónomos (trabajadores por cuenta propia).
– Subida de las cotizaciones sociales de las rentas de más de 45.000 euros brutos.
– Modificaciones en el Impuesto de Sociedades (fin de deducciones, “suelo mínimo”, etc.).
– Impuesto a la banca y a las transacciones financieras.
– Tasa a la venta de servicios por parte de empresas tecnológicas.
– Aumento de los recargos fiscales al combustible.
– Subida del Impuesto de Patrimonio.
– Armonización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En suma, hablamos de un golpe fiscal valorado en casi 32.000 millones de euros (en dólares, 37.000 millones). Esta cifra equivale a un promedio de 700 euros (820 dólares) por habitante. De modo que, como ya advertí en mi análisis de abril, los planes fiscales de Pedro Sánchez suponen un importante refuerzo de la presión fiscal, hasta el punto de que su aplicación supondría el mayor aumento de los impuestos conocido por el país ibérico. Las críticas que recibí por avisar de esta deriva han quedado desmentidas en menos de un mes de gobierno socialista.
El problema del infierno fiscal al que nos quiere llevar Pedro Sánchez es que la economía española necesita una nueva ronda de reformas para asegurar su crecimiento futuro. El Fondo Monetario Internacional espera que crezcamos un 2,8% en 2018, por debajo del 3,2% que anticipaban algunos analistas a comienzos de año. Para 2019, la predicción del FMI plantea una desaceleración del crecimiento hasta niveles del 2,2%.
Ese menor dinamismo resulta especialmente preocupante si consideramos el problema de la deuda pública que arrastra España. El Tesoro ha acumulado obligaciones equivalentes al 100% del PIB y el nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado sus objetivos de déficit presupuestario para aumentar dicho endeudamiento en 25.000 millones de euros más (29.000 millones de dólares). Mientras tanto, el Banco Central Europeo anuncia que retira su programa de estímulos, de modo que las colocaciones de deuda están llamadas a encarecerse a partir del próximo año.
Semejante panorama debería invitarnos a la reflexión. Una subida impositiva de gran calado golpearía el crecimiento económico y nos dejaría en una situación más delicada ante un eventual cambio de ciclo. Un país que encadena un lustro de crecimiento con tasas cercanas al 3% no puede permitirse una agenda fiscal capaz de enfriar la recuperación y de deteriorar seriamente nuestra posición fiscal.
