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Por Gabriela Buada
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
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Dicha institución es para muchas personas la última luz de esperanza, ya que en sus países no consiguen justicia porque las instituciones se han visto debilitadas debido a la falta de imparcialidad, la corrupción y un largo etcétera. Sin embargo, los países de la región, en muchos casos debido a egoístas motivaciones políticas, cada vez aportan menos dinero a la CIDH dejando a las víctimas en vilo y con un amargo sabor de intriga al no saber dónde se investigarán tantas denuncias. El 40% del personal que trabaja en la corte podría ser despedido el próximo mes, en caso de no lograr obtener los US$ 2 millones que le faltan este año para cumplir con sus funciones tradicionales.
En un comunicado público a finales del mes de mayo, el organismo anunció que no podría realizar sus acostumbradas visitas de observación a los países del continente, suspendiendo además los periodos de audiencias de julio y octubre. La Coalición de organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, además de otras redes regionales y globales de sociedad civil, emitieron un comunicado conjunto mostrando su solidaridad y preocupación.
La CIDH es un referente internacional por su labor de protección a miles de defensoras y defensores de derechos humanos, que viven amenazados y criminalizados en las Américas. Este órgano vela por los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de las mujeres y niñas, personas con discapacidad y de las personas LGTBI, en su lucha por erradicar la discriminación. El rol de la CIDH, no sólo en el ámbito de protección de los derechos humanos, sino también en el de acción para promover su cumplimiento, alcanza a casi mil millones de habitantes a lo largo y ancho de la región.
Niñas, niños y adolescentes Wayuu han sido beneficiarios de medidas cautelares por parte de la CIDH. A finales de los años 70 el sistema interamericano se destacó por su trabajo sobre los miles de desaparecidos en el Cono Sur. El sistema interamericano se ha pronunciado sobre la necesidad de que EE.UU. establezca un tribunal competente que determine la situación jurídica en la que se encuentran los detenidos de Guantánamo, y ha ordenado a la República Dominicana que garantice el acceso a la educación primaria y gratuita en relación con el caso de dos niñas de descendencia haitiana. En Brasil, una mujer quedó paralizada por abusos de su marido y pasó años buscando justicia en su país sin obtener respuesta; presentó su caso ante el sistema y en 2006 se promulgó una ley clave contra la violencia doméstica y se lanzó un plan nacional para enfrentar la violencia contra la mujer.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, parte de la CIDH, ha fallado a favor de las víctimas en casos de Venezuela, tanto por los derechos de obreros y trabajadores informales como por la reparación a las víctimas del Caracazo, personas privadas de libertad (Retén de Catia y medidas provisionales), víctimas de grupos parapoliciales de exterminio en poblados del interior del país, defensores de derechos humanos, víctimas de torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Durante los últimos días, la CIDH anunció que Antigua y Barbuda, Panamá, Colombia, Chile, Perú, Argentina y EE.UU. se comprometieron a aportar fondos extraordinarios, esperando que esto se concrete a tiempo para resolver la grave situación actual.
Sin embargo, es importante recordar lo dicho en República Dominicana por el presidente de la CIDH, James Cavallaro, durante la presentación del informe anual a la Asamblea: “se han podido observar manifestaciones de respaldo por parte de los Estados, organizaciones sociales, Cancillerías, Ministerios y Altas Autoridades en Derechos Humanos del MERCOSUR, pero en realidad se necesitan distintas opciones y un mecanismo de aporte regular que no se quede en contribuciones voluntarias, ya que pueden reducirse a que en un año se cuente con ellas y en otros no”. Países como Ecuador y Venezuela no han aportado ni un céntimo, según denuncia la comisión.
Fortalecer la CIDH pasa por crear un fondo en el que todos los países de la región aporten recursos con regularidad, no cuando les provoca.
Para Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional “los Estados no pueden jugar a la ruleta apostando con los derechos humanos de las personas de las Américas que no encuentran justicia en sus países”.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un enérgico llamado a los Estados Miembros de la OEA a asumir su responsabilidad con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Es indispensable, imperativo y urgente que los Estados efectivamente adopten una solución sustentable a este grave problema y demuestren su compromiso con el respeto y garantía a los derechos humanos con hechos y no sólo palabras”, argumentó.
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Gabriela Buada es de Amnistía Internacional Sección Venezuela, periodista y activista de DD.HH. Síguela en @gabybuada
