Por la separación del Estado y matrimonio en Colombia

EnglishPor Mario Felipe Daza Pérez

Una noticia de gran impacto nos ha conmocionado hace pocos días en Colombia. Magistrados de la Corte Constitucional habrían derrotado en mayoría, la ponencia del togado Jorge Pretelt con respecto al tema del matrimonio igualitario (6 contra 3).

Como muchos creen, la Corte ha llegado a “legalizar” la tesis de que ya hay un matrimonio igualitario explícito en Colombia, cuestión que no es real. Se ha validado, pero para que se convalide se necesita de un fallo definitivo, sentencia que aún no se ha elaborado.

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Lo que ocurrirá es que la ponencia le corresponderá a otro magistrado, esta vez a Alberto Rojas (este último de tinte progresista, en contraste con el primero, que se destaca como conservador), y todo da a entender que la providencia será a favor del colectivo «LGTB«.

Es de alegrarse y preocuparse a la vez de esta validación y convalidación, al que no le llamaría en estricto sentido “legalización”. Tal como sucedió con la sentencia del Tribunal Supremo que “legalizó” el matrimonio gay en el caso Obergfell v. Hodges en EE.UU., en el que hubo tanta celebración como ira.

Así como lo expresó Thomas Sowell al mencionar que la idea del matrimonio homosexual es producto del razonamiento torpe propio de la táctica victimista, esa que proclama: «Soy una víctima. Por tanto, si no me das todo lo que te pido y me permites pisarte como un felpudo, se demuestra que eres una persona malvada y llena de odio».

A pesar de su falta de lógica, es indudable que se trata de una táctica de gran éxito político. Porque si bien se puede disfrutar de un supuesto triunfo de las libertades civiles, no es menos cierto que éstas estén estatizadas; es decir, no garantizadas plenamente.

No es lo mismo correr, que correr con peso. No corres igual. Aquí sucede lo mismo. Montesquieu decía que «la libertad política no consiste en hacer lo que se quiere, sino en poder hacer lo que se debe querer y en no ser obligado a hacer lo que no debe quererse».

Si lo que se quiere es ser libre, es siéndolo de verdad y no a medias. Algunos demandarán diciendo que «se debe tomar la libertad que se pueda», pues es verdad, pero ¿es que no podemos ir más allá?

Como he dicho anteriormente, si bien ha sido un triunfo para los individuos, no sirve de mucho si lo que se pretende además de estar sometido a un ente colectivo, es querer imponer la moral a los demás.

Desde la Sentencia C- 577 de 2011, ya se había abierto la posibilidad de que las parejas del mismo sexo pudieran unirse, como el hecho de poder constituir familia. Además exhortaba al Congreso a legislar sobre el tema, en todo caso establecía que las parejas del mismo sexo podían acudir a notarios o jueces a solemnizar su unión y confusamente por medio de matrimonios.

El sin sabor que dejó este fallo fue la causa para que se produjera este nuevo hecho jurídico que no se ha concretado aún, pero que se va a llegar a efectuar tarde o temprano. El problema de todo esto ha sido la ambigüedad que ha marcado el sin sentido de las personas del mismo sexo que quieran casarse; por tanto, la solución no está en expedir fallos y fallos, reconociendo libertades civiles, sino que el Gobierno y el Estado en general dejen de meter sus narices en los intereses particulares de los ciudadanos sobre lo que deben o no deben hacer.

Andrew Syrios expresa que el matrimonio y el Estado son una unión infeliz. La institución del matrimonio ha sido un fundamento de la civilización, no del Estado. La institución del matrimonio fue raptada por el Estado, queriéndolo codificar, igual como lo hizo la Iglesia.

Fue a partir del siglo XVI cuando se empezó requerir que los matrimonios se llevarán a cabo bajo la “protección de la ley”. Y este ha sido el falso dilema que bajo el ropaje de la «normatividad» se intenta buscar en la consigna de “la igualdad de derechos”.

Como dice Sowell, “el matrimonio no es un derecho que el Gobierno le concede a los individuos. Es una restricción de los derechos que ya tienen”. Refiriéndose no sólo a las parejas homosexuales como parece, sino también a las heterosexuales o poligámicas, si se quiere.

Las personas pueden hacer lo que les plazca por medio de acuerdos, contratos o convenios, sin necesidad de que una «ley» diga qué hacer. Este es precisamente el fenómeno de la deslegalización, porque si la búsqueda son los derechos individuales, ésta es la forma más simple para convalidarlos, cosa contraria, que es lo que quieren hacer los «activistas», los colectivos, y es sólo una aprobación folclórica o social de su estilo de vida bajo la retórica de la “igualdad de derechos”, que en última instancia se ha transformado en una forma de tomar privilegios especiales para todo tipo de grupos.

Mario Daza es abogado, especialista en Derecho Sancionador, escritor y bloguero. Síguelo en @mariodaza