El próximo presidente de Colombia podrá deshacer el ilegítimo acuerdo Santos-FARC

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(En Linea) Colombia
Según la entrevistadora, el “Jefe de la delegación del Gobierno de Colombia que negoció los Acuerdos de paz con las FARC, habla por primera vez de sus proyecciones para la campaña presidencial del 2018”. (En Linea)

Por Jorge Enrique Gomez Pardo

En estos tiempos tan difíciles por los que pasa el país, para que Colombia salga adelante requiere del fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. Este fortalecimiento parte del respeto a la voluntad popular manifestada por los colombianos en el plebiscito de octubre de 2017. Lo anterior implica, entre otras cosas, la posibilidad y el deber del gobierno que se posesione en 2018 de reformar el Acuerdo con las FARC .

La semana política en Colombia comenzó bastante agitada. Al escándalo de Odebrecht se le sumó la entrevista publicada el lunes en El Tiempo del precandidato presidencial Humberto De La Calle Lombana. Según la entrevistadora, el “Jefe de la delegación del Gobierno que negoció los Acuerdos de paz con las FARC, habla por primera vez de sus proyecciones para la campaña presidencial del 2018”. Y señala que “lo hace motivado por unas declaraciones del senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, quien dio por hecho que si este partido gana la presidencia en el 2018 modificará los Acuerdos de paz”.

En su entrevista el doctor de La Calle básicamente dice que para mantenerse en el poder, la coalición gubernamental debe estructurarse política y programáticamente sobre la base de la implementación del Acuerdo de La Habana. En otras palabras, en torno a la paz.

El doctor de La Calle es el candidato de la continuidad del gobierno actual de Colombia. Él sabe que con los niveles de aprobación del presidente Santos, cuya imagen negativa ya es del 69 %, a los oficialistas no les queda otro recurso para hacer viable su candidatura que echar mano de la paz. De esta forma, de La Calle aspira a poder rencauchar la alianza política que le permitió a Juan Manual Santos reelegirse en 2014 y que se aglutinó en torno al en octubre pasado en la campaña del plebiscito. En realidad, esto fue lo que hizo el propio Juan Manuel Santos en 2014 quien a solo dos meses de ser reelecto tenía una imagen negativa del 62 %.

La narrativa que expone en la entrevista para justificar el issue de la paz es básicamente la siguiente:

  1. La paz hay que salvarla de unos señores malísimos enemigos de la paz, especialmente uribistas, quienes en caso de llegar a la presidencia en 2018 osarían modificar el Acuerdo con las FARC, que ya está siendo implementado.
  2. Si bien jurídicamente los aspectos esenciales del Acuerdo, como los relativos a la justicia, son inmodificables porque son el resultado de una decisión de Estado y porque los acuerdos son para cumplirlos, considera necesario reeditar la unión electoral continuista porque “no hay que ser ingenuos”, “basta una actitud pasiva para incumplir el Acuerdo”.
  3. Modificar el Acuerdo “es una invitación a regresar al conflicto armado con todas sus consecuencias”.
  4. Finalmente, sería un acto de “perfidia” con los pobres guerrilleros quienes de buena fe se desmovilizaron luego de firmar el Acuerdo.

Sin lugar a dudas ese discurso ha demostrado ser eficaz electoralmente. Los resultados de las elecciones presidenciales de 2014 y del plebiscito en 2016, no obstante la victoria del No, así lo demuestran. Y ahora con las FARC ya desmovilizadas ese discurso efectista tiene todo para ser incluso más rentable en 2018.

Porque no nos digamos mentiras: como dirían los mayores en Bogotá, “el lio es macho”. Ninguna persona responsable quiere que las FARC vuelvan al terrorismo. Por más que estén diezmadas, es obvio que podrían causar muertes, secuestros o ataques a la infraestructura. Lo anterior, independientemente de que, con o sin FARC, (i) el potencial de violencia en Colombia ha aumentado durante del Gobierno Santos como consecuencia de la cuadruplicación de los cultivos de coca (el combustible de la violencia ha sido precisamente el narcotráfico), y de que (ii) el impacto de cese al fuego de las FARC en la reducción de homicidios es prácticamente marginal.

Sin embargo, para bien de la democracia, la credibilidad del Gobierno Santos y del doctor de La Calle es mínima. Los colombianos nos acordamos muy bien del presidente Santos amenazándonos con la “guerra” en las ciudades en caso de ganar el No en el plebiscito. Tampoco nos olvidamos que el propio de La Calle nos aseguró que el Acuerdo era el mejor posible. Y tenemos bastante presente la advertencia que nos hizo relativa que en caso de ganar el No, el Acuerdo no se podría modificar, por lo que este y el proceso se caerían.

Lógicamente, ni hubo “guerra” urbana, ni se cayeron el Acuerdo y el proceso de paz. El texto del Acuerdo fue posteriormente modificado, Santos firmó un “nuevo Acuerdo” con las FARC con esas modificaciones y el Congreso lo refrendó bajo la sorpresiva complacencia de la Corte Constitucional.

La credibilidad entonces del gobierno y de uno de sus principales candidatos frente a estos temas es mínima, lo cual sin duda ayudará en términos electorales. Sin embargo, esto no significa que nosotros no debamos formarnos un criterio elaborado sobre el particular. Todo lo contrario. Las declaraciones de Humberto de La Calle son el inicio de una campaña en la que varios de los candidatos más opcionados para ganar la presidencia comparten su tesis.

Así las cosas, creo que la formación de dicho criterio comienza por tratar de dar respuesta a las siguientes preguntas:

  1. ¿El Acuerdo y su implementación pueden ser modificados?
  2. ¿Es conveniente hacer las modificaciones?

Veamos.

  1. ¿El Acuerdo y su implementación pueden ser modificados?

Mi opinión es que sí. Esto porque el Acuerdo y sus desarrollos son ilegítimos e ilegales, dado que son el resultado de un golpe a la voluntad popular y, por lo tanto, a la democracia y el Estado de Derecho.

En cuanto al Acuerdo firmado por Santos y las FARC, porque el contenido del “nuevo” Acuerdo es el mismo, en sus aspectos esenciales, al negado por el pueblo en el plebiscito. Las propias FARC reconocieron que el “nuevo” Acuerdo “conserva la estructura y el espíritu” del anterior y que aunque “flexibilizamos posiciones, no principios. Lo grueso, la estrucura fundamental del Acuerdo se ha mantenido (…) se cedieron en cosas pero también logramos otras”.

Uno de los aspectos esenciales del Acuerdo que se mantuvieron es su incorporación al bloque de constitucionalidad. Esto significa que el Acuerdo, aunque no es parte del articulado de la Constitución de Colombia, es un criterio de interpretación normativa y administrativa obligatoria para los jueces y funcionarios. En opinión de prestigiosos juristas, con el “nuevo” Acuerdo lo anterior no solo no se eliminó, sino que se hizo todavía más vinculante. Así, de aceptarse la tesis del doctor de La Calle y las FARC, Colombia estará atada 10 años al Acuerdo. Además, como lo señaló el constitucionalista Jaime Castro, “todas las instancias y autoridades del Estado deben actuar respetando sus contenidos, compromisos, espíritu y principios”.

Por otra parte, según el artículo 3° de la Constitución, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Además, la sentencia C-379 de 2016, sobre la regulación del plebisicito del 2 de octubre y naturalmente publicada antes su celebración, estableció que la decisión soberana del pueblo es vinculante para el presidente de la República.

Por lo tanto, el “nuevo” Acuerdo firmado por el presidente Santos con las FARC es contrario a la voluntad popular, la Constitución y la jurisprudencia porque esencialmente es el mismo negado por el pueblo directamente. De allí la conclusión de que el Acuerdo es ilegítimo porque es el resultado de un golpe a la voluntad popular y, por lo tanto, a la democracia y el Estado de Derecho. Siguiendo al profesor Friedrich Hayek, el Estado de Derecho es, en esencia, aquel que “en todos sus actos está sometido a normas fijas y conocidas de antemano”.

No sobra resaltar que las FARC fueron, cuando menos, cómplices del golpe y lo han venido respaldando.

En cuanto a la implementación, esta es ilegítima, inconstitucional e ilegal (i) por las razones antes mencionadas y (ii) porque el procedimiento a través del cual ha venido siendo expedida su normativa es contrario a la Constitución y la ley.

Con relación a lo primero, si la fuente es ilegítima e inconstitucional, lógicamente sus desarrollos también lo serán. Y lo que es inconstitucional también es ilegal.

Con relación a lo segundo, el Acuerdo puede ser desarrollado jurídicamente mediante reformas constitucionales, legales o reglamentarias, lo cual es parte de lo que se conoce como la implementación. Con el fin de hacer más ágil y expedita la expedición de dicha normativa, el gobierno y el congreso aprobaron una reforma constitucional que establece un procedimiento legislativo abreviado y unas facultades presidenciales habilitantes. Sin embargo, dado el poder sin precedentes que concentraría el presidente, el legislador estableció que la entrada en vigencia de la reforma constitucional que lo consagra se efectuaría “a partir de la refrendación popular del Acuerdo”.

Sin embargo, al ver el descontento de los colombianos con el “nuevo” Acuerdo y con la forma como el Gobierno se comportó después de su derrota, el ejecutivo y sus aliados no quisieron arriesgarse a que el pueblo les volviera a decir que no. En consecuencia, optaron por hacer la refrendación a través del Congreso. En otras palabras, el gobierno hizo una refrendación congresional en lugar de popular del “nuevo” Acuerdo. Esta refrendación “indirecta” fue avalada por la Corte Constitucional, en una decisión que desafía la buena fe y los más elementales sentido común y jurídico.

Así, con el aval del máximo tribunal constitucional colombiano, el gobierno y el congreso han venido utilizando los mencionados instrumentos extraordinarios para implementar el Acuerdo en el congreso. Dada su evidente inconstitucionalidad, los desarrollos normativos también son ilegales.

 

Por lo tanto, el Acuerdo y sus desarrollos pueden ser modificados porque su firma y desarrollos son contrarios a la voluntad popular, a la Constitución y la ley. Lo anterior, más aún teniendo en cuenta que (i) uno de los aspectos esenciales y más importantes (sino el más) por el que el Acuerdo fue negado por el pueblo es precisamente la incorporación del mismo a la Constitución y su inmodificalidad en lo esencial por 10 años, y (ii) que las FARC han promovido y apoyado el golpe. En consecuencia, el nuevo gobierno podrá modificar cualquier aspecto del Acuerdo y sus desarrollos, sin “remordimientos”.

  1. ¿Es conveniente hacer las modificaciones?

Sí. En primer lugar, porque hacerlo restablecería plenamente el orden constitucional de Colombia en lo que a este asunto se refiere y, por lo tanto, la libertad. Este es un tema que en otra oportunidad espero abordar con más profundidad.

En segundo lugar, porque, en opinión de voces autorizadas el Acuerdo es ni más ni menos que la plataforma programática de las FARC. No sobra recordar que las FARC son una organización de ideología marxista leninista que sueñan con implantar un Estado socialista en Colombia. El lector puede ver entonces el riesgo para Colombia, el que las aspiraciones de las FARC se incorporen y petrifiquen en nuestra Constitución. Una Constitución inmodificable inspirada en esa ideología está en las antípodas de lo que buscamos quienes aspiramos a que Colombia sea un país cada vez más libre, democrático y próspero, regido bajo un Estado de Derecho fuerte y eficiente.

Y en tercer lugar, porque Colombia debe salir adelante de conformidad con los mejores intereses de su población, independientemente del Acuerdo con las FARC (o al que se llegue con el ELN). Habilitados para hacer las reformas a que haya lugar, será deber de los próximos gobernantes llevarlas a cabo.

Pero al doctor De La Calle y los precandidatos presidenciales que piensan como él, poco les importa la voluntad popular. Para ellos —que saben que las FARC no volverán “al conflicto”, que con o sin FARC el potencial de violencia ha aumentado, que a nivel de homicidios lo que representan es marginal y que son tan responsables como el gobierno y sus aliados del golpe— es más importante cumplirle a las FARC que a los colombianos. Y lo hacen incluso a costa de sacrificar la democracia y el Estado de Derecho, lo cual, en últimas, es igual a sacrificar nuestras las libertades y derechos individuales.

Jorge Enrique Gomez Pardo es colombiano, abogado con opción en administración de empresas de la Universidad de los Andes y LL.M. en derecho penal internacional de la Universidad de Utrecht, Holanda. Ha sido activista político desde hace más de 15 años, lo cual ha combinado con su ejercicio profesional. Síguelo en @jegomezpardo

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