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El acuerdo Santos-FARC amenaza la libertad misma de los colombianos

Por: Escritor Invitado - Mar 8, 2017, 8:53 pm
(La Patilla) Colombia
La incorporación del Acuerdo ilegitimo a la Constitución es el nacimiento de la Constitución de las FARC, (La Patilla)

Por Jorge Enrique Gómez Pardo

Las libertades de los colombianos están bajo una amenaza sin precedentes. Esto porque las instituciones de la democracia liberal diseñadas para garantizarlas corren el riesgo de sufrir un desmantelamiento irreversible en décadas. Lo anterior, como consecuencia de (1) la incorporación del Acuerdo ilegitimo a la Constitución que adelanta el gobierno de Santos el cual significará el nacimiento de la Constitución de las FARC, la cual está inspirada en el Socialismo de Siglo XXI chavista, (2) el autoritarismo a través del cual se está llevando a cabo lo anterior y (3) el ambiente de crisis institucional que vive el país reflejado en las últimas encuestas.

De allí la excepcional importancia que tendrá la elección del próximo presidente de Colombia, quien deberá liderar la derogación de la reforma constitucional que dará vida a la Constitución de las FARC. De esta forma, además, quedaría restablecido el orden constitucional liberal en Colombia, al menos en lo que al asunto en análisis respecta.

Ronald Reagan decía que “la libertad es algo frágil y nunca está a más de una generación de su extinción. No es nuestra por herencia. Debe ser luchada y defendida constantemente por cada generación”.  Esta frase del expresidente estadounidense resume lo que en mi opinión nos jugamos los colombianos en las próximas elecciones y la consecuente actitud que debemos tener frente a ellas.

  1. La Constitución de las FARC.

La incorporación del Acuerdo ilegitimo a la Constitución es el nacimiento de la Constitución de las FARC, la cual está inspirada en el Socialismo del Siglo XXI, afectando, por definición, nuestras libertades. Esto porque las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias actuales estarán subordinadas al contenido del Acuerdo ilegítimo, cuyo contenido afectará nuestras libertades.

En cuanto a lo primero, la semana pasada el doctor Jaime Castro dijo en una entrevista a la Revista Semana que “la reforma propuesta, que ya aprobó el Senado, dispone que todas las instituciones y autoridades de la República queden obligadas a respetar el Acuerdo firmado con las FARC. Para que ese deber exista, hay que aceptar que el Acuerdo pasa a ser, en toda y cada una de sus partes, elemento de la Constitución. Esta decisión no deroga, por si sola, la Carta del 91, pero la subordinada por completo”. Además, creo que esa disposición se incorporará a la parte dogmática de la Constitución, la cual es el parámetro de interpretación de su parte orgánica y, por consiguiente, de todo el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, al final, la Constitución de Colombia será el Acuerdo ilegítimo, es decir, la Constitución de las FARC.

En cuanto a lo segundo, el doctor Castro señaló que “están en juego dos cosas: la sustitución de una democracia liberal por un sistema que muchos elementos tiene del “socialismo del siglo XXI”, sobre todo en el modelo de desarrollo rural. Y la seguridad jurídica, que es indispensable para preservar el régimen de libertades ciudadanas y el clima de inversión. La amalgama entre la vieja y la nueva Carta hará en muchos casos imposible saber qué está prohibido, qué es obligatorio y, por consiguiente, cuál es el espacio de nuestra libertad”. Además, considero que al establecer que el Acuerdo ilegítimo regirá por tres periodos consecutivos, en la práctica los colombianos, independientemente de a quien libremente elijamos, tendremos muy poco margen de escoger el rumbo de nuestro de país. Después de 12 años de Socialismo del Siglo XXI será muy poco lo que quede del Estado de Derecho y la democracia liberal, por lo que en la práctica se habrá petrificado. Esto, por supuesto, si el presidente que se posesione en 2018 no lidera la derogación de la reforma constitucional en mención.

Por lo tanto, con la reforma que adelanta el actual gobierno en desarrollo de la implementación del Acuerdo ilegítimo, éste se convertirá en la Constitución de Colombia, dando nacimiento a la Constitución de las FARC. El contenido de esta Constitución estará en inspirado en el Socialismo del Siglo XXI, ideología que por su naturaleza es contraria a la democracia liberal. Además, estará petrificada en el tiempo en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que después de 12 años de ser inmodificable ya no quedarán muchos vestigios del Estado Derecho característico de las democracias liberales. Y lo anterior ocurrirá a menos que el próximo presidente de Colombia lidere la derogación de la reforma constitucional en cuestión.

  1. El autoritarismo que el gobierno Santos utiliza para imponer la Constitución de las FARC.

La forma como se nos ha venido imponiendo el Acuerdo ilegítimo-Constitución de las FARC sigue el manual autoritario, lo cual ha restringido sin justificación nuestras libertades y ha debilitado las instituciones que las garantizan. Esos precedentes autoritarios y una organización socialista marxista leninista incrustada en la institucionalidad colombiana hacen temer que, como ocurre y ha ocurrido en otros países, las libertades se irán restringiendo cada vez más.

Al respecto, el profesor Hayek nos recuerda que los regímenes socialistas (de izquierda o de derecha) son por naturaleza totalitarios y contrarios a la democracia liberal. En esos regímenes (i) los poderes coercitivos del gobierno no están determinados por normas preestablecidas, por lo que, entre otras, no hay Estado de Derecho. Además, (ii) a los gobiernos se les dan poderes ilimitados, de tal forma que “la norma más arbitraria puede legalizarse, y de esta manera una democracia puede establecer el más completo despotismo imaginable”. Cualquier parecido con lo que está sucediendo en Colombia no es pura coincidencia, teniendo la orientación ideológica de las FARC.

En cuanto a lo primero, para imponer el Acuerdo ilegítimo se vulneró el Estado de Derecho porque se pasó por encima de las disposiciones jurídicas pertinentes previamente establecidas. Así, por ejemplo, se pasó por encima de:

  1. La disposición constitucional que expresamente señala que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo;
  2. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, fallada y publicada antes de la celebración del plebiscito, que hacía vinculante para el presidente la decisión del pueblo soberano; y
  3. La norma constitucional que consagraba que la vigencia de un procedimiento legislativo abreviado y unas facultades presidenciales habilitantes estaba sujeta a la refrendación popular del Acuerdo.

En cuanto a lo segundo, (a) todo ha sido “legalizado” y (b) al gobierno se ha otorgado instrumentos ilimitados para continuar la legalización.

Con respecto a lo primero, las vulneraciones jurídicas arriba señaladas fueron “legalizadas” por el Congreso de la República, de conformidad con el respectivo fallo de Corte Constitucional, posterior a la victoria del No. Esa decisión, como lo señalamos en nuestro artículo anterior, desafía la buena fe y los más elementales sentido común y jurídico.

En efecto, dispuso que la “refrendación popular” no es refrendación popular, sino que también puede ser refrendación vía Congreso. En otras palabras, iguala la refrendación popular-directa a la congresional-indirecta. La interpretación leal de lo que es “refrendación popular” en el contexto que se desarrolló el plebiscito, es evidente por sí misma. Además, la decisión de la Corte abrió la posibilidad de que el Acuerdo ilegítimo se vaya “legitimando” bajo otros mecanismos de participación directa. Este fue un precedente de la mayor gravedad porque, tristemente, mostró una Corte Constitucional plegada al poder ejecutivo. De esta forma, marcó un hito en la derrota principio de pesos y contrapesos propio de los Estados de Derecho. Es evidente que el congreso está plegado al ejecutivo y que la Corte no ejerció un contrapeso adecuado al no hacer una interpretación de “refrendación popular” que, insisto, es evidente en sí misma.

Con respecto a lo segundo, al “legalizarse” lo anterior, se dio vida jurídica al mencionado procedimiento legislativo abreviado (también conocido como fast-track) y unas facultades presidenciales habilitantes. De esta forma, entre otras:

  1. El gobierno podrá modificar en 1 año la estructura institucional del Estado colombiano, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo ilegítimo;
  2. Los correspondientes proyectos de reforma constitucional o de ley solo podrán ser presentados por el gobierno;
  3. El Congreso no podrá modificar esos proyectos salvo que el gobierno lo apruebe; y
  4. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del ALP, el presidente podrá expedir decretos con fuerza de ley.

Es precisamente bajo los poderes ilimitados de este procedimiento legislativo abreviado que en el congreso que se está tramitando la reforma constitucional mediante la cual se está “legalizando” el Acuerdo ilegítimo, dando vida a la Constitución de las FARC.

Por lo tanto, el gobierno Santos, sus aliados y las FACR nos han venido imponiendo la despótica Constitución de las FARC bajo los métodos autoritarios que han utilizado algunos de los regímenes políticos totalitarios más despreciables que ha conocido la humanidad. Así, han desconocido las normas prestablecidas propias de los Estados de Derecho, han ido legalizando posteriormente esos desconocimientos y se han dado a sí mismos poderes ilimitados para darle a apariencia legal a la imposición autoritaria del Acuerdo ilegítimo-Constitución de las FARC.

Así las cosas, las “legitimaciones” graduales mediante “refrendaciones progresivas” o similares que proponen algunos amigos del Acuerdo ilegítimo, las “legalizaciones” de los desconocimientos a las normas prestablecidas que se han venido presentando y los poderes absolutos que se han otorgado a sí mismos, inevitablemente nos recuerdan la pregunta retórica que el profesor Hayek se hizo frente a la Alemania Nazi en su libro The Road to Serfdom o Camino de Servidumbre, cuando la guerra seguía su curso:

“puede ser muy cierto que Hitler obtuviera de una manera estrictamente constitucional sus ilimitados poderes y que todo lo que hace es, por consiguiente, legal en el sentido jurídico. Pero ¿quién concluiría de ello que todavía subsiste en Alemania un Estado de Derecho?”.

  1. El ambiente de crisis institucional por el que atraviesa Colombia.

Esta fue la conclusión de la periodista María Isabel Rueda con relación a las encuestas Gallup y Yanhaas publicadas en las últimas semanas. “El legado Santos no pinta solo como una crisis de gobernabilidad sino, además, como una crisis institucional”, dijo en su columna dominical. Por su parte, el periodista Mauricio Vargas escribió en su espacio dominical que “en ese ambiente de naufragio general, se avecina la campaña presidencial. Todo puede pasar, y no necesariamente algo bueno”. Finalmente, el analista Pedro Medellín señaló en su artículo de la semana pasada que tales resultados son “una alerta temprana que anuncia que las elecciones presidenciales de 2018 serán las que definan cual será el camino que se quiere tomar”.

Las tres opiniones las comparto. Nada distinto puede concluirse luego de que el pesimismo del país, la aprobación de la gestión presidencial, el manejo de la economía, el aumento en la inseguridad y la desfavorabilidad de la Corte Constitucional y el Congreso están dentro de sus máximos históricos.

Por lo tanto, en este ambiente de crisis institucional y la imposición autoritaria del Acuerdo ilegítimo-Constitución de las FARC, inspirada en el Socialismo del Siglo XXI, de la que hemos venido siendo víctimas los colombianos, permiten concluir que cualquiera puede ser presidente y que, al paso que vamos, podrá hacer lo que quiera.

En consecuencia, lo que está en juego es nuestra libertad, al estar en peligro las instituciones de la democracia liberal que la garantizan. La cuota inicial ya nos la dieron el gobierno de Juan Manuel Santos, sus aliados y las FARC al desconocer el resultado del plebiscito de octubre de 2016 violentando nuestro derecho al voto y libertad de elegir. Como lo expliqué en mi artículo anterior, de esta forma configuraron un golpe a la voluntad popular y, por lo tanto, a la democracia y al Estado de Derecho.

Los colombianos debemos ser conscientes que las instituciones de la democracia y Estado de Derecho liberal no salieron de la nada, sino que son el resultado de siglos de luchas y evolución del hombre contra la natural propensión de quien tiene poder hacía oprimir al que no lo tiene. Y que permitir su desmonte redunda directamente en la existencia o no de nuestras libertades.

Validar la petrificación de la inclusión autoritaria de la Constitución de las FARC-Acuerdo ilegítimo en nuestro ordenamiento jurídico como resultado de la imposición de las FARC, no es propiamente la mejor forma de promover la libertad, la democracia, el progreso y un Estado Derecho fuerte y eficiente. Como lo ha señalado el doctor Hernán González Rodríguez, las FARC son una organización con una ideología marxista leninista que sueña con implantar un Estado socialista en Colombia. Este tipo de Estado, lógicamente, es totalmente contrario al liberal en el sentido filosófico original europeo, no estadounidense, ni partidista colombiano.

De allí que no se entienda lo expresado por el doctor De La Calle en entrevista publicada el lunes de esta semana en El País de España. Allí, insinuó que modificar el Acuerdo ilegítimo para que la Constitución de las FARC inspirada en el Socialismo del Siglo XXI no nos rija es el camino al autoritarismo, mientras que no hacerlo es la forma defender los valores de la democracia liberal. ¡Pareciera que De La Calle quisiera ignorar que ese Acuerdo ilegítimo con su Constitución petrificada del Socialismo del Siglo XXI fue negado expresamente por el pueblo colombiano y que nos lo están imponiendo al estilo de los más despreciables regímenes totalitarios!

Las marchas y los mecanismos de participación ciudadana son claves y hay que apoyarlos. Sin embargo, solo serán útiles si quien resulta elegido está comprometido con los principios de la democracia liberal y, en consecuencia, lidera la derogación de la reforma constitucional que hace curso en el Congreso de la República que dará vida a la Constitución de las FARC. De esta forma, además, quedaría restablecido el orden constitucional liberal en Colombia, al menos en lo que al asunto en análisis respecta. Hace solo unos meses vimos lo que al gobierno Santos, sus aliados y a las FARC les importan, los veredictos populares de los mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito. “Por sus actos los conoceréis”.

 

Jorge Enrique Gomez Pardo  es colombiano, abogado con opción en administración de empresas de la Universidad de los Andes y LL.M. en derecho penal internacional de la Universidad de Utrecht, Holanda. Ha sido activista político desde hace más de 15 años, lo cual ha combinado con su ejercicio profesional. Síguelo en @jegomezpardo