Por Ramón Parellada*

Hace años estuve apoyando a un sacerdote que tenía entre otras obras un Hogar temporal para niños huérfanos “sociales” (o bien tienen a sus papás, o solo su mamá o solo su papá). No era fácil. Recibíamos niños huérfanos “sociales” con orden legal de juez competente porque quien tenía la tutela los explotaba o bien abusaban de ellos o los abandonaban. Llegaban al hogar en condiciones miserables, con piojos, la mayoría de ellos desnutridos y enfermos. Lo primero era que los viera un médico y un psicólogo. No se aceptaban niños que no tuvieran buena salud mental (para eso se necesita otro tipo de institución). En este hogar encontraban acogida, refugio, apoyo, educación y atención material y espiritual para contribuir con su desarrollo como seres humanos.

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Este hogar era totalmente privado. Funcionaba muy bien a base de donaciones de personas de buena voluntad que confiaban en lo que hacíamos. Más fácil hubiera sido tener niños huérfanos puros, de padre y madre, y luego lograr que fueran adoptadas por personas que los quisieran criar en su hogar. Pero para eso había otros hogares privados haciendo un excelente trabajo. Hogares que no aceptaban estos huérfanos “sociales”.

Las adopciones de los que eran huérfanos puros funcionaban. Muchos niños tuvieron la suerte de encontrar hogares maravillosos y hoy son personas productivas que han salido adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Por qué dejó de funcionar todo lo que estaba más o menos funcionando bien? Porque el gobierno se metió y asumió toda la función que ya muchas personas estaban llevando a cabo. Y no está de más recordar que todo lo que hace el gobierno lo hace ineficientemente, con más burocracia, corrupción y descuido. A través del Decreto 77/2007, la cosa cambió. Este decreto creó al CNA (Consejo Nacional de Adopciones) otorgándole un monopolio corrupto para administrar todas las adopciones y hogares, quitándoles a los jueces de la niñez y adolescencia la autoridad para decidir sobre el futuro de estos jóvenes.

Las razones de esto, en su momento impulsado por la UNICEF y otros organismos internacionales, así como algunos países de Europa fue que había muchos casos de robos de niños. Segundo que se lucraba con las adopciones y que al final no convenía que los niños fueran adoptados por otros países porque era una cultura diferente. Las razones no justificaron que algo que funcionaba relativamente bien pasara a manos de algo que no funcionaría. Apenas el 1 % de todos los casos de adopciones de niños fue anómalo, pero eso no se resolvía con esta ley frenando la oportunidad para que niños huérfanos pudieran conseguir un buen hogar.

El cobrar permitía que los niños estuvieran en mejores casas hogar, con mejor atención médica y enfermeras así con mejor educación, ser adoptados más rápidamente y resolver todos los engorrosos trámites que el gobierno exigía. Mientras antes se consiga un hogar para un niño huérfano, mejor será para su desarrollo integral. El tema cultural tampoco se justifica, ya que es preferible un niño huérfano en un hogar bien integrado en cualquier parte del mundo que en un orfanato. Si no queremos que existan abortos facilitemos las adopciones, no las entorpezcamos. La tragedia comenzó entonces con este decreto que monopolizó por parte del gobierno las adopciones en el año 2007.

La cantidad de niños huérfanos sobrepasó la capacidad y los recursos creando hacinamientos peligrosos. La solución no es crear más leyes y meter más al gobierno. Esto no funcionó y jamás funcionará. La solución pasa por dejar que las personas en lo privado puedan adoptar fácilmente a los niños huérfanos en hogares que si los críen en forma integral.

*Esta columna de opinión fue originalmente publicada en Siglo 21 bajo el título La tragedia de las niñas quemadas el 16 de marzo de 2017.