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Por Guillermo Muttoni
Para quienes no sigan el tema de cerca o no estén involucrados de manera directa, bien vale comenzar un paso más atrás, para poder comprender la gravedad de la situación.
El 22 de noviembre de 2016 ANMAC, el organismo encargado de regular las armas legales en Argentina, dictó la Resolución 23/2016, creando el sistema único de otorgamiento de los certificados de acreditación de la condición psicofísica de los solicitantes de credencial de legitimo usuario y portación de armas de fuego, afectando el derecho de los usuarios, de los profesionales de la medicina y de las personas jurídicas que prestaban ese servicio en forma independiente.
Anteriormente, el mismo trámite podía ser realizado por cada solicitante, con profesionales que, en muchos casos, integraban la nómina de su Obra Social o prestadora de medicina prepaga, con lo cual no implicaba un costo extra a la hora de tramitar su credencial.
Mediante una licitación, no del todo clara, que dejó a criterio del oferente la fijación del protocolo médico a aplicar en sus exámenes, se otorgó a una sola empresa, Dienst Consulting SA (sus antecedentes parecen un prontuario, tanto que acaba de ser dada de baja por la provincia de Buenos Aires el servicio de control de ausentismo docente, que le fuera adjudicado en forma directa por el gobierno anterior), la potestad de ser los únicos en otorgar, o no, esos certificados en todo el país; requisito excluyente para poder ser un Legítimo Usuario de armas en la Argentina.
Pero la parálisis del sistema registral de armas en Argentina no se debe a las exigencias del protocolo médico, sino a la incapacidad operativa del adjudicatario, al precio exorbitante y a las distancia de los centros de atención respecto de los domicilios de los usuarios.
Esta situación puede verificarse en la cantidad de trámites realizados en ANMAC desde el 1 de septiembre de 2017 en adelante (fecha en la que comenzó a implementarse parcialmente el sistema), registrándose el 10% de los trámites que en promedio se venían presentando en años anteriores.
Las virtuales imposibilidades de realizar los trámites se están produciendo en la Ciudad de Buenos Aires y en las Provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, todas ellas incluidas en la primera etapa del proceso, que abarcaría progresivamente a todo el país en un plazo máximo de 240 días (plazo que ya fue excedido) y que inexplicablemente no fue aplicado en todo el país al mismo tiempo, probablemente solo para adecuar el pliego de contratación a la futura adjudicación a la empresa Dienst Consulting SA, a la que notas periodísticas vinculan a Hugo Moyano
El procedimiento implementado por Dienst Consulting SA agrega además arbitrariamente requisitos no exigidos por la Ley Nacional de Armas y Explosivos y sus Decretos Reglamentarios, como obligar a los usuarios a tener cuenta de mail, acceso a computadora, internet e impresora. Si el solicitante carece de cuenta de mail no puede acceder a realizarse el análisis psicofísico y por lo tanto, la solicitud de su credencial de Legítimo Usuario. Uno de los comentarios más repetido por los socios de AICACYP en la encuesta es que los interesados, una vez notificados de los procedimientos actuales, desisten de permanecer o ingresar al sistema.
En segundo término y si se superan los requisitos tecnológicos, Dienst Consulting obliga a los usuarios a pagar anticipadamente el valor de la consulta. Nada menos que ARG$ 3500 (siete veces más que el valor de mercado antes de la Resolución). Esta posición empresaria abusiva aparecería avalada por ANMAC, aun cuando el Art. 5 de la Disposición 23/16 establece que el prestador debe «Habilitar un sistema gratuito de consulta y solicitud de turnos de alcance nacional».
Cabe destacar que los ARG$3500 sólo pueden depositarse personalmente en una sucursal del banco ICBC, que carece de presencia en la inmensa mayoría de las localidades del interior de las provincias. Y si el usuario tiene la suerte de que su depósito se haya conciliado, recién allí podrá someterse a una adjudicación de turnos en sedes que generalmente no le quedan cerca de su domicilio.
A modo de ejemplo, y como la empresa sólo está obligada a prestar servicios en las Capitales de Provincia o en las Ciudades donde haya delegación ANMAC, en Córdoba solo atiende en la capital provincial, obligando a usuarios del resto de la provincia a trasladarse en muchos casos hasta 1600 km en total, y pedir 2 días de licencia en su trabajo, ya que deben concurrir en dos oportunidades: 1 para hacer el examen y otra para retirarlo, algo insólito en esta época.
Paralelamente la adjudicataria del servicio está ofreciendo ampliar la cobertura “tercerizando” el servicio en otras clínicas del país, para lo cual ofrecería un precio sensiblemente inferior al que le cobra a los usuarios, Y lo que es más grave, clínicas que ya ofrecían el servicio, ahora lo vuelven a hacer, solo que con la “intermediación” de Dienst Consulting SA, que por supuesto se queda con la recaudación que cobra a los usuarios y por la cual no paga ningún canon al Estado.
De continuar en esta senda, será el Estado a través de la ANMAC y su Directora, Natalia Gambaro, quienes empujen a ciudadanos de bien que pretenden mantenerse dentro de la ley, fuera del sistema registral.
Las armas existen, y seguirán existiendo; figuren o no en los registros de ANMAC. Depende del Estado querer saber o no, quienes tienen armas legales en Argentina, y hacer todo lo posible para incrementar ese número, en lugar de maquillarlo con facilismos que sólo aumentan el mercado negro.
El tiempo pasa pero en nuestro bendito país algunos parecen no escuchar los vientos de cambio, aún dentro de la misma administración. En este caso, esos aires, en lugar de cambios, traen consigo aromas contaminados de viejas prácticas que, tanto la sociedad en su conjunto, como la justicia con sus fallos, claman por desterrar.
Guillermo Muttoni es director de AICACYP, la Cámara de la Industria del Aire Libre.
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