Odebrecht, OAS y Bolivia

Los tentáculos del caso Lava Jato también llegaron a Bolivia, pero Evo Morales ha tratado de evadirlos y desviar la atención de los ciudadanos en contratos realizados por expresidentes con Odebrecht

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Es el turno de Bolivia en el Caso Lava Jato. (Fotomontaje PanAm Post)

Por Emilio Martínez Cardona

El caso Lava Jato es un tsunami que ya tumba presidentes en América Latina. No se trata simplemente de una gran empresa concesionaria de obras públicas que hubiese usado su poder económico para beneficiarse de mega-contratos en distintos países.

Es todo un pool de compañías, algunas privadas y otras estatales, que han funcionado de acuerdo a un esquema de tráfico de influencias encabezado por el entonces presidente de la República Federativa del Brasil, el socialista Luiz Inácio Lula da Silva, según las artimañas descritas por Netflix en la serie “El mecanismo”, denunciada por el exmandatario y su fiel sucesora Dilma Rousseff.

Hablamos de un pool de al menos cuarenta empresas, reales o fantasmagóricas, que no sólo intercambiaron sobornos multimillonarios con gobernantes latinoamericanos sino que también sirvieron de colchón financiero para las campañas electorales del Partido de los Trabajadores y sus aliados, intencionales o funcionales.

Hasta el momento, el Lava Jato ha salpicado principalmente a terceros países, pero era inevitable que recalara en tierras bolivianas, dado el vínculo notorio entre las administraciones lulista y evista, evidenciada en numerosas ocasiones.

Sin embargo, los “spin doctors” de los medios pro-oficialistas están tratando de enfocar las investigaciones en presidentes de gobiernos anteriores, en lo que podría interpretarse como una puñalada por la espalda a quienes han funcionado como agentes de Bolivia en la demanda marítima ante La Haya.

Ya se trate de un simple desvío de atención o de una estrategia para neutralizar políticamente a quienes podrían “compartir” un eventual triunfo diplomático ante la CIJ, lo cierto es que la intoxicación mediática busca evitar que se toquen los casos de otras empresas del pool, como la constructora OAS, que detentaron contratos clave con el Estado Plurinacional.

Citemos, por ejemplo, a la adjudicación de la polémica carretera al TIPNIS, arreglo celebrado en persona por Lula y Evo en un mitin donde el primero además comprometió la financiación del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) para lo que su adversario José Serra definió como “la autopista de la cocaína”.

Recordemos también que el expresidente del Servicio Nacional de Caminos, José María Bakovic, murió en prisión luego de haber denunciado en 2011 un sobreprecio significativo en esa carretera, cuyo costo real debía ser de 200 millones de dólares, pero que fue concesionada por 415 millones.

Como en otros casos, la excusa oficial será que la arteria aún no ha sido construida y que el contrato con la OAS fue rescindido, olvidando que esto sólo se produjo después de que mediaran pagos iniciales y de que las denuncias por presunta corrupción se difundieran ampliamente.

Existen también investigaciones periodísticas como la de Estadâo (Brasil), que incluye un mensaje donde los ejecutivos de Odebrecht aconsejan a Lula da Silva usar su influencia sobre Evo Morales para la concreción de un proyecto petroquímico; así como otro reportaje que subraya la “amistad” entre el gobernante boliviano y el máximo directivo de la OAS, Augusto César Ferreira e Uzeda.

Si el iceberg cuya punta divisó Bakovic termina de emerger, la OAS podría acabar siendo la nueva CAMC, el caso de mega-corrupción que vertebre buena parte del debate político nacional en el 2018 y 2019, engrosando el ya frondoso prontuario de ilícitos que han caracterizado al régimen evista.

Emilio Martínez Cardona es escritor y analista político uruguayo-boliviano.

 

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