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(Foto: EFE)
Por Cristián Correa *
En los últimos años, con el inicio de la temporada estival, se ha hecho costumbre la viralización de tickets de restaurantes y supermercados de zonas costeras, en especial del balneario internacional Punta del Este. Junto con la imagen en que se exhiben los precios en redes sociales, se publica un mensaje de incitación a la intervención estatal, generado una catarata de reacciones en el mismo sentido. Es que a juicio de quien publica la imagen, los precios son excesivos o disparatados, y en lugar de ejercer su libertad de no consumir dichos productos, reclama que el Estado imponga un control de precios, so pretexto de no espantar a los turistas que visitan la zona. Concomitantemente con la difusión de dichos precios, comienza la campaña de criminalización de los comerciantes, acusándolos literalmente de ladrones.
Luego de esta fase, que generalmente se suscita en Twitter o Facebook, las autoridades se hacen eco de las denominadas “denuncias por precios abusivos”. Por estos días, la Ministro de Turismo, Liliam Kechichián, manifestó su preocupación y anunció que su cartera convocaría a los gerentes de los supermercados para que den explicaciones por el aumento de precios en el balneario. La misma jerarca, en conferencia de prensa hizo un “llamado a la responsabilidad” a los supermercados, aseverando que ha recibido denuncias sobre “precios excesivos”.
Es decir que desde el poder, se intenta torcer la voluntad del mercado, dejando entrever que el empresario es un irresponsable que quiere ahuyentar a los turistas del país. Al mejor estilo chavista, el gobierno de la coalición de izquierda (Frente Amplio) que está en el poder desde el año 2005, señala como enemigo a un sector de la economía. El hecho de que un gobernante públicamente pretenda incidir en la fijación de precios, y se tome como algo normal, denota el grado de tolerancia al atropello estatista que soporta y hasta alimenta la población uruguaya.
Cada año se repite la misma secuencia, y el control de precios sobrevuela como medida razonable a implementar a instancias del clamor popular que no concibe el funcionamiento del libre juego oferta-demanda, y reclama que el garrote estatal proteja a los consumidores de lo que algunos consideran “precios abusivos”.
Precisamente, es el mismo Estado quien abusa de los consumidores en los sectores de la economía donde participa activamente como oferente. Tal es el caso del mercado de combustibles, ya que los consumidores son rehenes del monopolio estatal que funciona como agencia recaudadora de impuestos paralelos. A diferencia de lo que ocurre en el sector gastronómico, donde hay pluralidad de ofertas y competencia, quien desea abastecerse de combustible en territorio uruguayo está obligado a comprarle al Estado, al precio fijado por decreto del Poder Ejecutivo.
Uruguay padece desde hace décadas una gran afición por el culto estatista, y queda de manifiesto ante cualquier situación cotidiana, como el natural aumento de precios que ocurre cada año en zonas balnearias, conforme crece la demanda. En lugar de exigirle al Estado que reduzca el gasto público y rebaje impuestos para que la insoportable presión fiscal no impida que surjan nuevas ofertas (y el consumidor se beneficie por la competencia), la primera reacción es demandar mayor intervención y por tanto un recorte de libertad del sector privado.
En Latinoamérica, el caso más reciente de brutal represión a la libertad de comercio y sus consiguientes efectos negativos, puede visualizarse en Venezuela. Cabe recordar que en etapas anteriores del régimen, Hugo Chávez se subía a un escenario, se paraba frente a los electrodomésticos y fijaba el “precio de la revolución”, por debajo del precio de mercado.
Esa aberración totalitaria concitaba aplausos del público. Como ocurrió en toda experiencia socialista, ya se sabe como terminó ese pretendido paso de comedia. Hoy en el país caribeño reina el totalitarismo, se padece la escasez, el hambre, la miseria y la ausencia de libertades.
Lamentablemente, en Uruguay muchos sueñan con aumentar aún más la intervención del Estado, a pesar de saber adónde conducen tales medidas. Es que el desprecio por la libertad es más fuerte que el peso de la realidad, y persiste el deseo de sustituir la voluntad de los individuos actuando libremente en el mercado, por la decisión de los burócratas interviniendo violentamente desde el gobierno.
* Cristián Correa Crego es estudiante de Derecho y columnista de «Libertad Uruguay».
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