La muerte de la política peruana

Al igual que en el resto de América Latina, en Perú la izquierda se adueñó de la memoria, la verdad y la moral.

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El suicidio de Alan García es reflejo de un oscuro proceso que ha dominado la política peruana. (Foto: EFE)

Por Dante Bobadilla Ramírez*

La muerte del expresidente Alan García agrega al escenario político peruano más drama del que ya tenía, llegando al grado de tragedia. Los últimos cinco presidentes están siendo acosados por la Justicia: Alberto Fujimori, devuelto irregularmente a prisión tras ser indultado, Alejandro Toledo, pendiente de extradición, Ollanta Humala, liberado por el Tribunal Constitucional tras varios meses de prisión junto a su esposa, y Pedro Pablo Kuczynski con orden de detención preventiva de tres años.

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Todo esto es vendido por los grandes medios como una purga moral y una feroz cruzada de lucha contra la corrupción, a cargo un grupo de valientes fiscales convertidos en superhéroes. El presidente Martín Vizcarra se sumó alegremente al corso de indignados apoyando la cacería de brujas de estos fiscales, a quienes defendió más allá de la prudencia. Hizo suya la consigna de la lucha contra la corrupción, y hasta le puso ese nombre al año actual para conseguir aceptación popular y simpatía en las encuestas.

Pero nada es como lo pinta la prensa. Lo que en realidad está ocurriendo en el Perú es que la izquierda ha destruido el sistema político. Desde la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) a cargo de intelectuales de izquierda, con el propósito de “explicar” las causas del terror vivido por los peruanos durante quince años a manos de dos grupos terroristas, la izquierda se adueñó de la memoria, la verdad y la moral. Debe ser la única vez en el mundo en que la historia la escriben los derrotados. Y como no podía ser de otra manera, los malos de la película terminaron siendo los fujimoristas y las Fuerzas Armadas. Desde entonces, la izquierda tomó el control de la judicatura mediante sus bien montadas ONG.

Hoy para nadie es un secreto que la organización no gubernamental IDL (Instituto de Defensa Legal) forma parte de las conjuras políticas que se tejen junto al equipo de fiscales del caso Lavajato: José Domingo Pérez y Rafael Vela. Su brazo periodístico (IDL-Reporteros) suele tener las primicias más frescas sobre estos casos, incluyendo información confidencial. A ellos se suma una bien montada red de periodistas y medios que conforman el frente mediático que defiende el accionar de estos fiscales y se encarga de la demolición de los políticos puestos en la mira. A todo este enjambre se le conoce como “la mafia caviar”. Caviar es el apelativo de la izquierda intelectual y esnob que milita en oenegés, y su práctica es conocida en otros países como “lawfare”.

Pongamos sobre la mesa algunos hechos puntuales: el sistema de justicia peruano es uno de los peores y más corruptos del mundo. Hoy se encuentra en su enésima reforma tras un escándalo de corrupción de jueces y magistrados. Desde luego, esto incluye a la Fiscalía. Por cierto, el anterior Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, fue defenestrado del cargo tras una furiosa y sucia campaña de medios al que se sumó el propio presidente Vizcarra, porque le resultaba incómodo al poderoso grupo de poder en la sombra. Es decir, a las oenegés de izquierda: IDL, Aprodeh, Proética, Transparencia y CNDDHH,  entre otras. A los que se les acaban de sumar las nuevas autoridades de la Iglesia católica nombradas por el Papa.

El escándalo Lava Jato y ha sido el pretexto perfecto para que la izquierda desate su nueva cacería de brujas, en busca de desbaratar lo que queda de la democracia peruana. Empezaron por Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, que tenía mayoría en el Congreso. Era el partido más fuerte y fue rápidamente diezmado gracias a que los fiscales pervirtieron el ordenamiento jurídico para convertir a los partidos políticos en organizaciones criminales y tratarlos bajo estas leyes. Luego convirtieron los aportes de campaña en “lavado de activos”. Utilizando toda esta farsa jurídica como pretexto, ordenaron el arresto preventivo de Keiko Fujimori y sus allegados por tres años, con lo cual los sacaron del tablero político.

Luego vendría Alan García. No tenían nada concreto contra él, pero la campaña de demolición empezó igual en los medios, con portadas incriminatorias. Se repitió el mismo guion que contra Keiko. Nada de esto tiene que ver con justicia. La mejor prueba es que hasta hoy no existe un solo juicio contra nadie. Todos están privados de su libertad bajo la tenebrosa figura de la “prisión preventiva” al plazo máximo de tres años. A Alberto Fujimori simplemente le arrebataron el indulto y lo devolvieron a prisión de la manera más descarada y ruin.

Alan García tenía una personalidad muy especial. Su suicidio estaba planificado. Ya había advertido que nunca lo verían esposado con un chaleco de “detenido”, como ocurrió lamentablemente con Keiko Fujimori, tras un show en vivo que duró tres días y arrasó con el rating en la televisión. García juró que nunca pasaría por ese oprobio. Juró que jamás le encontrarían un soborno, y prefirió dispararse un tiro ante la presencia de los fiscales, antes de concederles a sus enemigos el placer de verlo humillado en una prisión sin juicio, como viene ocurriendo en el Perú de estos días. Lo repito: esto no es justicia, es solo la destrucción del sistema político que la izquierda inició, gracias a su bien montada mafia de oenegés, fiscales y medios. Al parecer, el presidente Vizcarra recién empieza a entenderlo.

* Dante Bobadilla Ramírez es psicólogo, docente universitario, analista político y columnista.

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