Por Cristián Correa Crego
El pasado 30 de junio se desarrollaron en Uruguay las elecciones primarias, instancia previa a las elecciones presidenciales del mes de octubre. Esta primera etapa del ciclo electoral definió un candidato único a la presidencia por cada partido político, y por consiguiente comenzaron a concretarse las respectivas candidaturas a la vicepresidencia.
A partir de estas definiciones, se suscitó una gran polémica por la persona elegida para complementar al candidato presidencial de la coalición de izquierda (Frente Amplio) que gobierna Uruguay desde el año 2005. Dicha postulación tomó por sorpresa a gran parte del electorado, incluyendo a los propios votantes del Frente Amplio, e incluso a precandidatos, dirigentes, legisladores y ministros del partido de gobierno. Hasta el anuncio oficial por parte del socialista Daniel Martínez que la presentó como su compañera de fórmula, se trataba de una completa desconocida. Pero una vez que se supo su nombre, estallaron las consultas a Google para saber quién era Graciela Villar.
Rápidamente el archivo virtual nutrió a los internautas de algunos documentos periodísticos y audiovisuales, y la propia cuenta de Twitter de la protagonista arrojó datos reveladores sobre el perfil de quien ahora aspira a convertirse en vicepresidente. De su trayectoria política se supo que había sido legisladora local del gobierno de Montevideo, y no mucho más. Tal era el grado de desconocimiento de esta señora que Carolina Cosse, precandidata presidencial que quedó en segundo lugar detrás de Martínez, confesó en reiteradas entrevistas televisivas y radiales que había recurrido a Google para conocerla.
La primera escandalosa constatación sobre Graciela Villar está en YouTube, en una entrevista donde expresó que la vigencia constitucional de la propiedad privada como derecho fundamental es un concepto que corresponde a los gobiernos anteriores al Frente Amplio, y que se deberían buscar las herramientas para relativizar dicho derecho.
Teniendo en cuenta el perfil de la candidata a vicepresidente elegida, se trata de un guiño a los sectores más a la izquierda del Frente Amplio, a fin de reactivar la militancia más combativa luego del pésimo resultado electoral obtenido en las elecciones primarias (el partido de gobierno quedó segundo detrás del opositor Partido Nacional, y además perdió una cantidad considerable de votos en comparación a las elecciones primarias del año 2014).
Al poco tiempo se supo que en sintonía con su oposición a la plena vigencia de la propiedad privada, la candidata a vicepresidente es admiradora del dictador comunista Fidel Castro, según surge de un tweet que ella publicó el día del fallecimiento del cabecilla del régimen siniestro: “Mucha historia… y en ella quedarás para siempre. ¡Hasta siempre, Comandante Fidel!”.
Mucha historia!!…..y en ella quedarás para siempre. Hasta siempre Comandante Fidel!! pic.twitter.com/aE9GrGS3Hn
— Graciela Villar (@GVillar_uy) November 26, 2016
Indudablemente esta información ya era más que suficiente para sospechar que se trata de una fiel representante del totalitarismo colectivista que predomina en su coalición de izquierda. Pero estas revelaciones eran apenas un ápice del peligro que representa que alguien de sus características pueda acceder a un cargo de tan alta jerarquía. El hecho de más extrema gravedad que saldría a la luz días más tarde no era nuevo, pero en el momento en que fue denunciado por el reconocido periodista Claudio Paolillo (fallecido en 2018) en el Semanario Búsqueda, nadie imaginó que apenas dos años más tarde Graciela Villar pasaría del ámbito del gobierno local a un lugar de relevancia nacional.
En concreto, a mediados del año 2017, la comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Montevideo recibió a cuatro ciudadanos venezolanos exiliados en Uruguay, que además de plantear las dificultades que atravesaban en nuestro país, denunciaron las atrocidades de la dictadura chavista. Esta denuncia contra el régimen asesino molestó a los legisladores oficialistas y por orden de Graciela Villar se suprimió de la versión taquigráfica de la sesión la declaración de los venezolanos que incriminaba al dictador Nicolás Maduro. La complicidad del gobierno uruguayo y del Frente Amplio con el régimen criminal de Venezuela llegó al extremo de dejar de manifiesto una reacción autoritaria al intentar ocultar la realidad adulterando un documento del legislativo departamental. Los legisladores opositores denunciaron el intento de silenciar a los ciudadanos venezolanos, pero nunca imaginaron que esta siniestra parlamentaria local pudiera llegar a ser candidata a la vicepresidencia. En palabras del recordado periodista Claudio Paolillo, los parlamentarios del Frente Amplio “decidieron quemar los papeles para que no conste lo que los venezolanos fueron a decir sobre el compañero Maduro”, y “pretendieron borrar de la memoria histórica ese hecho”.
Luego de este terrible antecedente de Graciela Villar, el hecho que pasaré a relatar luce de menor entidad, pero no deja de ser significativo teniendo en cuenta el pasado del Frente Amplio en esta materia. Resulta que al igual que ocurriera con el ex vicepresidente Raúl Sendic, Graciela Villar se arrogó un título profesional que no poseía, y luego se supo que siquiera había concluido cuarto año de enseñanza secundaria. Esto motivó que fuera denunciada penalmente por la presunta comisión de un delito de usurpación de título.
Sendic fue electo en 2014 junto al actual presidente Tabaré Vázquez y debió renunciar en 2016 por haber sido protagonista de la trama de corrupción en la petrolera estatal durante el gobierno del también chavista José Mujica, además de haberse descubierto que ostentaba un título universitario que no fue acreditado ni siquiera por los organismos educativos de la dictadura castrista (donde aseguraba haberse graduado como licenciado en Genética Humana).