Argentina: desenmascarando al gobierno de los CEO

Cuando la izquierda argentina se opone a los "gobiernos CEO", ¿qué está diciendo realmente?

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¿Es coherente la demonización argentina del CEO? (Foto: Flickr)

Por Cristian Vasylenko

Si algo utiliza como mote la izquierda de Argentina contra el actual gobierno es tildarlo como «el gobierno de los CEO» o «república de los CEO». Toda una ofensa para la izquierda. Claro, naturalmente (y como siempre cuando se trata de la izquierda) solo se trata de un slogan propagandístico.

Parece una afirmación muy fuerte, tal vez excesiva, solo porque lo sostenga cierto grupo ideológico. Pues veamos. Una columna publicada por La izquierda diario el 2 de agosto de 2018, titulada «Gobierno de CEO: 269 funcionarios ocupan 890 cargos en empresas privadas», afirma: «una investigación del Observatorio de las élites argentinas reveló que la mitad de los ministros convocados por Mauricio Macri tienen cargos en compañías privadas. Las empresas al poder».

Dado que carece para nosotros de interés validar tales números, los tomaremos por ciertos sin más. Solo los números. ¿Pero qué es eso de «las empresas al poder»? Las representadas por estos individuos, ¿son las únicas empresas del país? De no ser las únicas, ¿qué clase de empresas son?

La respuesta a esta pregunta es la que motiva la primera parte de nuestra tesis: dentro de las que se mueven estos funcionarios, son indefectiblemente empresas que forman parte de la denominada «coalición de apoyo»; coalición integrada por pseudoempresarios que desde siempre medran a la sombra de la casta política. Y decimos «pseudoempresarios», puesto que quien no asumiendo riesgos, se ampara en el proteccionismo y los favores políticos, no merece ser llamado «empresario». Ahora comenzamos a ver el maridaje.

En su informe del corriente mes de octubre, la consultora de Vicente Massot y Agustín Monteverde opina sobre esta casta prebendaria: «no son ni buenos ni malos. Solo acomodaticios en un país donde el poder de decisión del estado es de tal naturaleza que disciplinar a los jueces y a los empresarios resulta empresa relativamente fácil».

Empero, el panorama real difiere bastante: «acomodaticios» identifica a una casta altamente perniciosa para el país, en especial cuando lo que describen muy correctamente estos expertos es la perversa simbiosis entre ambas estructuras (casta política y su coalición de apoyo), las que no existirían siquiera, si no fuese porque tal simbiosis constituye una gigantesca asociación ilícita —cuya invención no es de autoría local, pero sí su «perfeccionamiento» a nivel superlativo— y cuyo objeto específico y único es depredar parasitariamente ad infinitum los recursos del sector privado productivo, destruyendo así —entre otras cosas— riqueza de forma empedernida. No se trata tampoco aquí de una «redistribución de la riqueza»: se trata del empobrecimiento de millones de personas en el sector privado para el mantenimiento y enriquecimiento de un puñado de maleantes que constituyen esa asociación ilícita identificada como oligarquía política —casta política con su coalición de apoyo—.

Vayamos a la segunda parte de nuestra tesis: no se trata de los tan mentados CEO. Pues ¿qué es un CEO? Como más de una función dentro de la empresa puede estar en cabeza de una misma persona física —aunque algunas funciones son incompatibles—, hasta donde resulte posible se tratará el asunto desde la función, y no desde el funcionario. Este funcionario, llamado CEO en inglés, corresponde a la función en el órgano ejecutivo de la empresa denominada gerencia general. La gerencia general requiere dos capacidades distintivas: estrategia y liderazgo.

Dado que quien ocupa esta función es el máximo funcionario ejecutivo, encargado del diseño estratégico y del plan estratégico para el logro de los objetivos estratégicos que le han sido fijados por el órgano de administración —el directorio de la Empresa, con las facultades que le han sido delegadas por los accionistas, propietarios de la empresa— el CEO necesariamente debe ser un estratega.

Como debe alinear a toda su gente, mostrarles con claridad meridiana cuál es la situación real actual, cuál es la situación superadora buscada en el futuro, cuáles son los objetivos definidos por los accionistas, con qué recursos se cuenta para ello y cuáles deberán ser generados, el CEO debe necesariamente ser un líder. Pero no se trata aquí de la bastardeada idea del «líder carismático», puesto que desaparecido el carisma, perdida la función. De lo que estratégicamente se trata aquí es de liderazgo en el sentido de Peter Senge: capacidad y experiencia en el diseño del plan estratégico, maestría en el sentido de dominio de las habilidades que le son requeridas para el desempeño estratégico, y la mayordomía, es decir, responsabilidad fiduciaria por la administración de la cosa que se le ha encomendado.

Aquí quiero hacer un alto: como ejercicio esclarecedor respecto de qué cosa son los políticos, sería bueno en este punto esforzar la capacidad de observación y análisis para identificar a nivel mundial (existen al menos 194 países reconocidos por la ONU) algún funcionario político ocupando el máximo cargo ejecutivo de su país, que cumpla con las características que describen e identifican al estratega y líder. Si al final del ejercicio emerge un muy grave sentido de alarma, no es que el ejercicio esté mal efectuado: por el contrario, mi resultado es coincidente.

Queda claro entonces por qué en otras oportunidades hemos afirmado que el político es tal, porque no habiéndose esforzado por adquirir y desarrollar habilidades productivas para la sociedad, eligió asociarse ilícitamente a fin de apropiarse de esa entelequia que se conoce como «Estado», y desde allí, valiéndose del monopolio extorsivo de la fuerza, depredar al sistema privado productivo.

Así, el político nunca será un estratega ni un líder; carece de los conocimientos y habilidades para el logro de los objetivos estratégicos —el mandato que le fue impuesto por su soberano el pueblo— que le fijaron sus accionistas —el pueblo soberano—.

Tampoco será nunca un líder: jamás toma en cuenta los objetivos estratégicos que le han encomendado sus accionistas (su soberano el pueblo, que un político viva haciendo encuesta para dar populista satisfacción a los caprichos del momento, de ninguna manera lo equipara con un estratega; es decir, con un estadista cuando se trata de un país, para colmo, aquellos objetivos estratégicos siempre son reemplazados por sus propios objetivos y los de sus cómplices, para eso se apropiaron del estado, para empezar) y carece del dominio de las habilidades imprescindibles para cumplir con ese mandato de su soberano el pueblo.

Quienes pagamos impuestos y votamos somos los accionistas —es nuestro capital al que se somete compulsiva y coactivamente al riesgo de los políticos—. Los políticos electos son nuestros empleados —a cual más costoso para el producto de nuestro esfuerzo y trabajo—. En particular, respecto del presidente electo, ocupa la gerencia general del país, puesto que le ha sido impuesto el mandato de su soberano el pueblo. El «mandato» es jurídicamente una figura contractual caracterizada por (i) una instrucción clara y precisa de lo que debe ser logrado; (ii) la asignación unívoca de los recursos para la obtención de ese logro; y (iii) la obligación de rendición de cuentas ante su mandante una vez concluido el mandato. Que tal mandato revista carácter fiduciario, implica que la cosa a ser administrada, ha sido cedida a una tercera persona (en el caso de un país, el Estado) y ha dejado de pertenecer al mandante (su soberano el pueblo), pero es aún ante este último que debe ordinariamente rendir cuentas, sin que se presuma previamente por ello falta alguna en tal administración fiduciaria.

De ninguna manera el mandatario es a quien se ha cedido la propiedad de la cosa, y aquí es donde se evidencia la acción delictiva de los políticos, perpetrada contra lo que ahora han convertido en la más gigantesca asociación ilícita jamás pergeñada: la apropiación del Estado, puesto que ha sido el depositario o receptor obligado de los recursos del sector privado productivo, los que le han sido depredados y esquilmados en razón de la norma redactada por esos mismos ladrones.

¿De qué «gobierno de los CEO» hablaban los señores de la izquierda?


Cristian Vasylenko es magíster en Finanzas Corporativas; investigador y analista político y económico, y asesor de empresas.

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