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Por Anaís Chacón
Hace apenas un mes una chispa se encendía en la pradera limeña, Martín Vizcarra, Presidente de Perú, deslizaba las frágiles puertas institucionales que sostienen la endeble democracia del país, promulgando el decreto de disolución del congreso de mayoría opositora. Dicha disolución fue una réplica a la negativa dada por el parlamento en relación a la cuestión de la confianza, cuyo propósito está contemplado en la constitución y del cual Vizcarra hizo uso. Desde entonces, la situación en el país se ha tornado confusa, inestable y hostil, no solo para los peruanos, sino también para su imagen en el exterior, en particular, para la inversión extranjera.
Como era de esperarse, los oponentes políticos entraron en batalla, dejando en evidencia su innata desconfianza, la poca transparencia institucional y la corrupción al desnudo. Pasados los días, los disueltos elevaron al Tribunal Constitucional la controversia jurídica para que éste fuera el encargado de desenredar el nudo gordiano, mientras los partidos políticos ponían su mira en las elecciones extraordinarias al congreso de 2020.
Cuando ocurren este tipo de sobresaltos en países con democracias imperfectas, inmediatamente terminan captando la atención de la opinión pública, particularmente porque en la región han sido pocos los países que han logrado mantener a flote sus economías a pesar del descenso de los precios de las materias primas; por ejemplo, se da el caso de las multinacionales de capital extranjero y con claros objetivos de consolidación, crecimiento y expansión en la región que no han dejado de preguntarse: ¿realmente, qué hay detrás de esta crisis institucional? ¿Cuáles serán para el futuro inmediato las consecuencias que traerá la cuestión de la confianza? ¿Cómo afectará esta crisis institucional nuestros planes de crecimiento?
Los analistas han estimado cuatro indicadores internacionales correspondientes a los años 2017-2018 para allanar estas respuestas: Índice de Democracia, escala de 0 a 10, siendo 10 una democracia plena (The Economist), Índice de Percepción de Corrupción, escala de 0 a 100, siendo 100 el más limpio en corrupción (Transparency International), Índice de Independencia del Sistema Judicial, escala de 1 a 7, siendo 7 el sistema judicial más independiente (World Economic Forum), y por último, Índice de Libertad Económica, de 0 a 100, siendo 100 la libertad económica total (The Wall Street Journal, y Heritage Foundation).
La nación andina obtuvo 6.6 en Índice de Democracia, 35 en Índice de Percepción de Corrupción, 3 en Índice de Independencia del Sistema Judicial y 68.9 en Índice de Libertad Económica, llegando a superar los 63.6 puntos en España en esta materia.
Al analizar estos indicadores podemos deducir que Perú obtuvo peores resultados en los Índices de Percepción de Corrupción 35/100 y de Independencia del Sistema Judicial 3/7, lo cual nos confirma que han sido estas dos variables la piedra angular de la actual crisis institucional. Lima llevaba años alargando este entrampamiento político; no obstante, en los últimos 12 años su democracia se había visto dinamitada por la corrupción, el lavado de dinero y la escasa independencia judicial, a tal punto que en algunos casos la desconfianza imperó sobre las sentencias emitidas por los jueces y magistrados, mal llamados en algunos casos polijueces (es decir, jueces y/o magistrados que ejecutan ordenes políticas).
Han sido innumerables los políticos que se han visto involucrados en casos de corrupción y lavado de dinero, que van desde expresidentes como Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, hasta la líder de oposición y excandidata presidencial Keiko Fujimori, entre otros.
Refiriéndonos ya tan solo a estos actores políticos o trasgresores de la cosa pública, podemos sacar conclusiones de por qué para los gobernantes de Perú es tan importante tener el control de la cuestión de la confianza y por ende del Tribunal Constitucional. El foco de la cuestión de la confianza solicitada por Vizcarra contemplaba cuatro propuestas de reforma constitucional: 1) implementación del grupo bicameral, 2) prohibir el financiamiento anónimo a campañas políticas, y las dos últimas, pero no menos importantes y que guardan relación directa con el tema que estamos revisando, son: la no reelección de parlamentarios, y los cambios en el Consejo Nacional de la Magistratura del Tribunal Constitucional.
Es decir, el futuro de la erosionada democracia, de la transparencia institucional y de la lucha contra la corrupción dependerá proporcionalmente del fortalecimiento de la democracia, de las libertades y de la independencia partidista del sistema judicial, pues si no se toman medidas a tiempo esta próspera sociedad se verá en serios problemas.
Por ahora, las empresas multinacionales que tienen planes de expansión y generación de riquezas en el país andino no han dejado pasar por alto el nada desdeñable Índice de Libertad Económica de 68.9/100, el cual se ve traducido en libre comercio y la apertura de nuevos mercados e incentivos para la inversión extranjera, todo lo cual ha contribuido a mantener bajos índices de inflación. Así lo afirman el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), quienes estiman que el crecimiento podría ubicarse entre 3 % y 5 % para 2019.
¿Será que a pesar de la rocambolesca reciente historia política de Perú, estas favorables previsiones económicas los motive a encontrar el salvoconducto adecuado para no rendirse ante el caos?
Internacionalista venezolana, con Maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática de España, Analista internacional en temas UE-LATAM. Actualmente en Madrid. Sigue a Anaís en Twitter @Anais_Ch
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