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Por Sebastián Rodríguez
El pasado viernes diez de enero se hizo oficial la decisión de Uber de salir de Colombia, ante las medidas tomadas por la Superintendencia de Industria y Comercio que ordenaba la suspensión del servicio en el país. La empresa que llevaba seis años en el país se retira en medio y dejando amenazas de un pleito jurídico contra la nación por irrespetar acuerdos firmados con Estados Unidos en el marco del TLC. Triste noticia para quienes somos usuarios frecuentes de la plataforma, pero sobre todo triste noticia para la libertad, el emprendimiento y para los consumidores, quienes, como no es raro en Colombia tienen que observar cómo sus dirigentes favorecen el corporativismo y los votos sobre el interés general.
Si bien, las leyes son para cumplirse, también deben evolucionar en pro de los intereses de la sociedad. Las tecnologías facilitan la vida a los consumidores y reducen el costo de los servicios a través de la competencia. Uber, Airbnb, Cabify, Rappi, etc. Son emprendimientos disruptivos, que nacieron ante necesidades inminentes de los usuarios inconformes y que deben su éxito a la forma en la que ofrecen una solución, por lo general innovadora a un problema existente.
Hablemos claro, el caso de Uber es una muestra más de que los gobiernos se mueven muy lento, atrapados en un mar de burocracia y muchas veces estancados en el tiempo. Nos recuerda también la realidad de que los políticos persiguen sus intereses electorales por encima de cualquier cosa.
Proteger a un grupo de grandes propietarios de cupos de taxis, refleja un caso de libro de la ley sobre la realidad, la distorsión e interpretación de las normas de otra época, formuladas en otro contexto adaptadas a la fuerza a escenarios actuales. El incesante lobby de la empresa Cotech S.A y sus allegados, a través de senadores como Jorge Robledo muestran que el poder de influencia de grupos empresariales con una buena organización electoral, es decir con poder de votación organizada tiene más relevancia que la voz de millones de colombianos no agrupados. El fallo de la SIC es lamentable no desde el punto de vista jurídico, si no desde la perspectiva de dos millones de usuarios que utilizaban la aplicación.
Colombia tiene hoy una oportunidad de oro en la región, donde se perfila como uno de los únicos países con crecimiento positivo y que sigue siendo atractivo para los inversionistas internacionales, situaciones como la de Uber envían señales equivocadas en un país que tiene muchas oportunidades empresariales por explotar. Algunos dirigentes solo nos recuerdan la facilidad estatal para entorpecer y perjudicar a sus ciudadanos, mientras que nos ponen a dudar en su capacidad de impactar positivamente.
Nos queda ser optimistas y esperar la batalla jurídica. Lo cierto es que, en el Gobierno del presidente del emprendimiento y la economía naranja, nos queda un lamentable precedente para inversores, emprendedores y consumidores: proteger a un grupo particular de la competencia, favoreciéndolos a costa de reducir el bienestar de millones de Colombianos.
Sebastián Rodríguez es economista y Value Investor. Fundador de InvexValue academia de inversión bursátil. Twitter: @sebasinvex.
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