Las víctimas de las FARC no han sido reparadas por el grupo terrorista

El Estado colombiano resultó siendo el culpable de las desgracias causadas por las FARC. Y la reconciliación se la terminaron exigiendo al pueblo colombiano para que se olvidara de todas las atrocidades cometidas por ellos.

Fotografía de una marcha del 2008 donde se exigía a las FARC parar el terrorismo (Flickr)

Por: Andrés Villota

En diciembre del 2013 en medio del Foro Mundial de Derechos Humanos en Brasilia, Brasil, el entonces vicepresidente de la República, Angelino Garzón, le solicitó a las grandes potencias mundiales «condonar» la deuda colombiana con el fin de invertir esos recursos en la reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano. En ese momento el valor total de la deuda externa de Colombia era de aproximadamente, USD$ 91.879’000.000, lo que muestra los cálculos preliminares que había hecho el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, sobre la verdadera magnitud de los daños ocasionados por el grupo terrorista de las FARC a la población colombiana.

Los pilares del Acuerdo de Paz con las FARC, el perdón, la verdad, la reconciliación, la no repetición, la justicia, la reparación a las victimas y la responsabilidad (accountability), tienen su origen en principios de varias religiones del mundo y especialmente de la religión católica. Tal vez por esa razón los defensores del Estado laico, que son los mismos grandes promotores del Acuerdo de Paz con las FARC, dejaron de lado el cumplimiento de esos pilares.

Por ejemplo, el perdón se lo exigen al Estado colombiano que resultó siendo el culpable de todas las desgracias causadas por las FARC. Y la reconciliación se la terminaron exigiendo al pueblo colombiano para que se olvidara de todas las atrocidades cometidas por las FARC, de las que fueron sus victimas. De la verdad, la justicia, la no repetición, la responsabilidad (accountability) y la reparación a las víctimas, jamás se habló.

El pilar de la no repetición fue violado sistemáticamente por las FARC que, siguió delinquiendo durante todo el periodo de negociación, y logró aumentar cinco veces los cultivos ilícitos de coca y el área de influencia de las economías ilegales, utilizando la bisagra de la legalidad que usan a su conveniencia. Son legales para tener asiento en el Congreso de Colombia, pero se hacen llamar disidencias para poder sembrar coca en los Parques Nacionales que son santuarios libres de fumigación. Los grandes capos del Cartel de la FARC hoy están prófugos de la justicia, precisamente, por haber seguido delinquiendo después de la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016.

Las FARC han declarado no tener recursos para reparar a sus victimas, porque el Estado es el culpable y no ellos. Y además, porque no tienen recursos. Son pobres. A pesar de aparecer en publicaciones especializadas, como uno de los grupos terroristas más ricos del mundo con ingresos anuales del orden de los USD$1.000’000.000,oo. Lo que prueba la tesis del doctor Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia quien afirma que no existió conflicto armado, sino una amenaza terrorista. Un grupo de forajidos, defendiendo a sangre y fuego sus negocios ilegales, desapareciendo del camino a todos los que se interponen en el logro de sus objetivos comerciales. El Cartel de Medellín del Siglo XXI.

Las víctimas estadounidenses de las FARC conscientes de esa realidad, sumada a la ausencia total de credibilidad y legitimidad en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y a la decadencia ética y moral de las Altas Cortes colombianas, se vieron forzadas a buscar en la jurisdicción de los Estados Unidos la reparación que sus victimarios le niegan en Colombia en complicidad con la justicia colombiana.

Tres ciudadanos estadounidenses, Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, fueron secuestrados por los terroristas de las FARC y mantenidos en condiciones inhumanas en campos de concentración durante cinco años. Un juez de una corte superior de Estados Unidos dio la orden de reparar a las victimas de las atrocidades y de la barbarie de las FARC, con USD$318’000.000,oo que le fueron confiscados al empresario Samark López, testaferro del alto jerarca de la dictadura de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami por el que se ofrece por su captura una recompensa de USD$10’000.000,oo y que fue sancionado por sus actividades de narcotráfico y terrorismo.

De otra parte Lorenzo Delloye, hijo de Ingrid Betancourt, que fue víctima de uno más de los 30.000 secuestros perpetrados por las FARC con fines políticos y extorsivos durante el periodo de amenaza terrorista, acaba de presentar una demanda en los Estados Unidos, exigiendo ser reparado por el daño ocasionado por las FARC. Muy seguramente, la justicia de los Estados Unidos fallará a su favor y protegerá sus derechos de víctima, dada la contundencia de las pruebas que, curiosamente, en Colombia parecen no ser valoradas por los Magistrados de la JEP o de las Altas Cortes. Y también, muy seguramente, será pagada con otra más de las confiscaciones que se han hecho de la inmensa fortuna mal habida que logró amasar el Socialismo del Siglo XXI, durante los últimos 20 años

Inmensa fortuna fruto del saqueo sistemático de la riqueza de los venezolanos que ha sido llevada a EEUU y Europa. Por ejemplo, a un simple director de un canal de televisión que es considerado un testaferro estrella de Nicolás Maduro, le fueron encontrados USD$5.600’000.000,oo depositados en bancos en Suiza, según Luisa Ortega fiscal de Venezuela en el exilio. La fortuna que también tiene en la mira los organismos que combaten el crimen transnacional, es la de los descendientes de Hugo Chávez y Fidel Castro, y la de los hijos y nietos de la gerontocracia cubana, fortuna de la que hacen permanente alarde en las redes sociales.

La relación inobjetable de los cárteles del narcotráfico de las FARC y del ELN con las dictaduras venezolana y cubana que le dan soporte, apoyo logístico y refugio, tiene en los dineros de los testaferros de esas estructuras criminales, la mejor fuente de recursos para indemnizar a todas las victimas de la amenaza terrorista que asoló a Colombia desde que las FARC y el ELN reemplazaron al Cartel de Medellín y Cali.

Lo que se viene es una avalancha de reclamaciones ante otras jurisdicciones diferentes a la colombiana que, ha demostrado estar politizada y no ofrece ningún tipo de garantía para reparar a las víctimas reales de las FARC. En una lista a la que también se le sumarán los descendientes de los cubanos y extranjeros que fueron victimas de la dictadura cubana, y a los millones de venezolanos que fueron atropellados por un régimen que tiene contados sus días en el poder.


Andrés Villota Gómez es consultor en temas de inversión responsable y sostenible, y es excorredor de bolsa con más de 20 años de experiencia en el mercado bursátil colombiano

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