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Nueva York, 5 abr (EFE).- La firma tecnológica estadounidense Twitter cerró 1,2 millones de cuentas vinculadas con la promoción del terrorismo en un periodo de casi dos años y medio, desde agosto de 2015 hasta el final de 2017, según informó hoy en su reporte bianual sobre transparencia en la red social.
De esos 1,2 millones de cuentas, Twitter suspendió 274.000 durante los últimos seis meses del año pasado, lo que supone un descenso del 8,4 % respecto al anterior periodo analizado y la segunda vez consecutiva que baja el número de perfiles anulados por ese motivo.
Casi todas las cuentas suspendidas en la última mitad de 2017, un 93 %, fueron identificadas por las propias herramientas internas de la firma, y el 74 % no llegaron a emitir su primer tuit.
La firma radicada en San Francisco (California) pretende mostrar con este tipo de informes sus esfuerzos para combatir el extremismo ‘online’, y aseguró hoy que la promoción del terrorismo «cada vez está más fuera de Twitter» gracias a «años de duro trabajo».
Además, desgranó que las alertas emitidas por gobiernos sobre las violaciones de este tipo en la red social representaron menos del 0,2 % de todas las suspensiones en esos seis meses, y esa cifra se ha reducido a la mitad en comparación con el anterior periodo analizado.
Por otra parte, Twitter actualizó un mapa con las solicitudes de eliminación de contenido por cuestiones legales, órdenes judiciales o demandas de otro tipo, que fueron emitidas en esos últimos 6 meses de 2017 por autoridades de países, organizaciones que combaten la discriminación o abogados defensores de individuos.
«Casi el 85 % del volumen global total se originó solo en dos países: Rusia y Turquía. Turquía sigue siendo la que envía más solicitudes, que suponen aproximadamente un 65 % del total mundial», apuntó Twitter.
En Turquía, la firma retuvo 148 cuentas y 322 tuits por violaciones de las leyes relacionadas con los derechos personales y la difamación, así como la ley antiterrorista.
Por su parte, en Rusia retuvo 23 cuentas y 630 tuits a petición del Roskomnadzor, el órgano fiscalizador de las comunicaciones, por demandas relativas a una ley que cubre la promoción del suicidio, el extremismo, el juego, las drogas ilegales y la pornografía infantil.
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