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Washington, 2 ago (EFE).- La Organización de Estados Americanos (OEA) pospuso hasta las 14.00 hora local (18.00 GMT) de hoy la celebración de una reunión de su Consejo Permanente para votar una resolución que busca crear una «comisión especial» en el seno del organismo para dar seguimiento a la crisis en Nicaragua.
El inicio del Consejo Permanente estaba previsto para las 10.00 hora local (14.00 GMT), pero la embajadora de Costa Rica ante la OEA, Rita María Hernández, que ocupa la Presidencia del Consejo, anunció que se posponía la sesión debido a que las misiones estaban llevando a cabo «consultas informales».
«Vamos a posponer la sesión hasta las dos de la tarde», dijo Hernández cuando los embajadores comenzaban a reunirse en el salón Simón Bolívar, donde se celebrará la votación.
La noticia fue recibida con enfado por algunos representantes, como el embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, que consideró «inaceptable» el retraso.
La resolución para crear una «comisión especial» ha sido impulsada por ocho países (Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina) y, para ser aprobada, necesita el respaldo de 18 de los 34 estados que son miembros activos en el organismo.
Según consta en el texto de la resolución, el objetivo de la «comisión especial» es «contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua», que vive su crisis más sangrienta desde los años 80 del siglo pasado.
El Gobierno del presiente nicaragüense, Daniel Ortega, ya rechazó el lunes la creación de una «comisión especial» en la OEA y elevó su «más enérgica protesta» al organismo por esta iniciativa.
Según Managua, esa propuesta pretende «inmiscuirse en los asuntos internos que únicamente competen al Estado de Nicaragua».
El ministro nicaragüense de Asuntos Exteriores, Denis Moncada, acudió hoy a la OEA para participar en el Consejo Permanente.
Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril y han dejado, según las últimas cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 317 muertos, mientras otras organizaciones humanitarias contabilizan 448 víctimas y el Gobierno 195.
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