Nicaragua cierra 2018 inmersa en la peor crisis de los últimos años

La crisis, que estalló el 18 de abril por unas impopulares reformas al seguro social, marcó el acontecer de 2018 en Nicaragua.

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El Gobierno de Nicaragua anunció hoy la suspensión temporal de la presencia del Meseni, establecido por la CIDH, y la expiración del plazo de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). EFE/Jorge Torres

Luis Felipe Palacios

Managua, 20 dic (EFE).- Nicaragua finaliza 2018 inmersa en su peor crisis social, política y económica desde que el sandinista Daniel Ortega retornó al poder en enero de 2007, como consecuencia de protestas callejeras que han dejado un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos.

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La crisis, que estalló el 18 de abril por unas impopulares reformas al seguro social, ya derogadas, marcó el acontecer de 2018 en Nicaragua, en medio de exigencias de renuncia del mandatario tras casi 12 años en el poder de forma consecutiva y 23 incluyendo cuando encabezó el primer régimen sandinista (1979-1990).

La mala hora para Ortega ocurre cuando gobierna junto a su esposa, la influyente vicepresidenta Rosario Murillo, a quien acusan de haber ordenado responder “con todo” a las manifestaciones antigubernamentales.

La fallida reforma al seguro social, sumada a la reacción del Gobierno, fue el detonante que llevó a la población a rebelarse contra la Administración y desatar una ira hasta ese momento contenida de los ciudadanos.

La masiva y decidida reacción popular obligó a Ortega a derogar, tan solo cuatro días después y con el peso de 30 muertos en las protestas, el decreto que contemplaba las frustradas modificaciones, aunque la decisión llegaba demasiado tarde.

Los jóvenes, en su mayoría universitarios, salieron a las calles a protestar con más fuerza exigiendo justicia y la renuncia del mandatario, mientras el Gobierno, a la vez que convocaba a un diálogo nacional para superar la crisis, respondía a punta de plomo a los que lo desafiaban.

El 30 de mayo, fecha en que los nicaragüenses celebran el Día de las Madres, una multitudinaria marcha opositora en Managua terminó bañada de sangre justo después de que Ortega sentenciara en un discurso ante sus seguidores que “Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos”.

Ese fatídico día, 15 nicaragüenses perdieron sus vidas y otros 199 resultados heridos en el más sangriento Día de las Madres en Nicaragua.

El Gobierno comenzó a implementar la denominada “Operación Limpieza”, una ofensiva de las llamadas “fuerzas combinadas”, integrada por policías, parapoliciales, paramilitares, y empleados del Estado, para retirar las barricadas de los manifestantes.

Los obispos, mediadores y testigos del diálogo nacional, tampoco escaparon a los ataques de las fuerzas del Gobierno.

El 17 de julio, dos días antes de que los sandinistas conmemoraran el 39 aniversario de la revolución popular, las “fuerzas combinadas” tomaron por la fuerza de las armas la ciudad de Masaya tras un intenso ataque de más de siete horas sobre la rebelde comunidad indígena de Monimbó, que dejó al menos 3 muertos, según organismos humanitarios.

De esa forma, el Gobierno Ortega-Murillo logró desmantelar a sangre y fuego las barricadas, pero abrió otro frente de conflicto con la comunidad internacional que condenaba cada días más la violencia y la represión oficial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró a Nicaragua como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, sancionó a la vicepresidenta Murillo, al jefe policial nicaragüense, a un asesor de seguridad de Ortega y otros dos altos cargos, y amenazó con congelar los préstamos que otorgan a través de los organismos multilaterales.

El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, abogó por imponer sanciones por parte de la comunidad internacional al Gobierno de Ortega por la “sanguinaria represión” de su “dictadura”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y doce países del continente alertaron sobre un aumento de la represión en Nicaragua.

El Gobierno Ortega-Murillo termina 2018 en medio de un aislamiento internacional y confrontado internamente con el sector privado, la Iglesia Católica, organizaciones civiles, estudiantes, campesinos, organismos de derechos humanos y medios de comunicación, y con una fuerte contracción económica, la peor de los últimos 12 años.

El índice mensual de la actividad económica de Nicaragua se contrajo un 4,3 % en septiembre pasado con relación al mismo mes de 2017, según los datos más recientes del Banco Central, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que la economía del país retrocederá un 4 % este 2018 y un 1 % en 2019.

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