EEUU acuerda sanción con empresa británica que quiso operar en Cuba

El acuerdo permite a la empresa "liquidar la posible responsabilidad civil por siete aparentes violaciones" del CACR.

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El Gobierno de EEUU ha sopesado en los últimos meses poner en vigor el título III de la ley Helms-Burton, que endurecería el embargo a Cuba. EFE/ Shawn Thew

Washington, 12 abr (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos acordó con la empresa británica de prospección petrolífera Acteon la imposición de una sanción de 213.866 dólares para cerrar una disputa por la violación del embargo a Cuba por parte de esa firma.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro acusaba a Acteon de una posible violación del Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR) entre 2011 y 2012, cuando la empresa elaboró un proyecto de prospección de crudo en aguas cubanas, según figura en el propio acuerdo.

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Además, según un comunicado del Tesoro, la compañía “realizó análisis de diseño de ingeniería para proyectos de perforación de pozos petroleros en aguas territoriales cubanas y envió ingenieros a Cuba para realizar seminarios” en posible violación del CACR.

El acuerdo alcanzado anunciado este jueves permite a la empresa y a varias de sus subsidiarias, entre ellas la compañía 2H Offshore, “liquidar la posible responsabilidad civil por siete aparentes violaciones” del CACR.

Tras años de avances, las relaciones entre EE.UU. y Cuba vuelven a estar estancadas desde que Donald Trump asumió la Presidencia de EE.UU., en enero de 2017.

De hecho, el Gobierno estadounidense ha sopesado en los últimos meses poner en vigor el título III de la ley Helms-Burton, que endurecería el embargo a Cuba y permitiría reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la Revolución cubana.

Desde su creación en 1996, el título III de la ley Helms-Burton ha sido suspendido por todos los Gobiernos de EE.UU. cada seis meses, pero el Ejecutivo de Donald Trump ha acortado cada vez más esos plazos: primero lo anuló por 45 días, luego durante un mes y ahora durante solo dos semanas.

El Departamento de Estado no ha explicado por qué ha decidido reducir el plazo de la suspensión, aunque algunos analistas lo interpretan como un aviso a La Habana.

A ese respecto, el Departamento de Estado ha asegurado que “continúa examinando las condiciones de los derechos humanos en Cuba, incluida la actual represión contra los derechos del pueblo cubano a la libertad de expresión y de reunión”.

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