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Anny Castro
Tegucigalpa, 26 sep (EFE).- Los menores de edad son los más vulnerables a la trata de personas en Centroamérica, un problema poco denunciado pese a ser considerado el tercer negocio ilícito más rentable del mundo y cuyo combate requiere mayor conciencia social, según expertos consultados por Efe.
Lourdes Gutiérrez, coordinadora regional del Proyecto de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), dijo que en los países centroamericanos «los más afectados» por ese flagelo son los menores.
Los niños son la población «más vulnerable» a la trata porque «son los que menos denuncian, algunos ni hablan, entonces alguien más tiene que decir lo que está sucediendo», subrayó.
«La trata de personas puede ser dentro del mismo seno familiar, tus mismos padres te pueden estar explotando, como pueden ser redes del crimen organizado», enfatizó.
Subrayó que los traficantes de personas se aprovechan de «los sueños de las personas», a quienes «terminan explotando y beneficiándose».
«El ser humano no está a la venta, ni a la renta», subrayó la experta de la UNODC, quien afirmó que la modalidad más frecuente es la explotación sexual.
Señaló que además hay otros tipos de finalidad de la trata, como la explotación laboral, la mendicidad, la extracción ilícita de órganos y el turismo sexual.
Gutiérrez, que participó esta semana en Tegucigalpa en la presentación de una campaña contra la trata, indicó que la estrategia más común para reclutar a las víctimas es la utilización de las redes sociales, por lo que instó a la ciudadanía a «informarse, denunciar» y autoprotegerse.
Para combatir este delito, añadió la experta, se requiere de la cooperación entre países de la región y promover una cultura de denuncia.
«Este delito ha existido toda la vida y por eso todos los países pueden tener víctimas de trata de personas«, subrayó Gutiérrez, quien señaló que muchas de las víctimas se exponen a través de redes sociales a una «situación de vulnerabilidad» y los tratantes «se aprovechan».
Las autoridades hondureñas han rescatado en lo que va de 2019 a 194 víctimas de trata, según un informe de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas en Honduras.
En este año, además, la Justicia emitió 22 sentencias por este delito, según información oficial.
La ministra hondureña de Derechos Humanos, Karla Cueva, dijo a Efe que la trata es un delito de «criminalidad organizada» y una «grave violación» a los derechos humanos.
La funcionaria abogó por un «esfuerzo articulado» para luchar contra la trata e instó a las familias a prevenir que los menores de edad sean «víctimas fácil» de ese flagelo.
Destacó la importancia de identificar los lugares, principalmente las zonas turísticas, donde los menores y las mujeres son «más vulnerables» al tráfico de personas.
«Es importante la investigación (de los casos) pero también la sanción a los responsables», enfatizó Cueva, quien pidió a la ciudadanía «no criminalizar y no responsabilizar» a las víctimas.
La trata de personas es el tercer negocio ilícito más rentable, aseguró la funcionaria, quien dijo que ningún ser humano «es mercancía».
Honduras forma parte de los países que «cumplen con la legislación» y ha hecho «esfuerzos significativos» para combatir el fenómeno, aunque reconoce que «nunca es suficiente cuando se trata de las graves violaciones de derechos humanos».
La trata es un crimen que consiste en captar y retener a una persona mediante la fuerza o presión.
Por su parte, el director de la organización no gubernamental Casa Alianza en Honduras, José Ruelas, dijo a Efe que una mayor «conciencia» entre la ciudadanía es fundamental para frenar la trata de personas.
Aseguró que el tráfico de menores en Honduras está «a la vista de todos» en restaurantes, bares o plazas.
«Mientras no tengamos conciencia como sociedad de que tenemos que estar atentos para cuidar, primero a los seres queridos, pero también a los ciudadanos, no vamos a poder avanzar por más leyes que tengamos», subrayó Ruelas.
El director de Casa Alianza indicó que la «servidumbre doméstica» es una modalidad de la trata de personas que «pasa desapercibida» y afecta principalmente a niñas.
Este flagelo, añadió, es un delito «trasnacional» que requiere el «compromiso» de todos los sectores ante la «falta de conciencia de la dignidad humana», así como un marco legal.
Casa Alianza en Honduras proporciona alojamiento y apoyo para los niños víctimas de la violencia, la explotación sexual, el tráfico de personas, la drogadicción, y, cada vez más, para los deportados de Estados Unidos y México.
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