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EnglishEn el mes de febrero del presente año una misión de notables delegados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó investigaciones respecto a la masacre ocurrida en Iguala, México. Algunos de sus integrantes son fuertemente cuestionados por su historial como ejecutores de la ley, intereses ideológicos y participaciones políticas, lo que hace que grupos civiles duden de la veracidad de sus conclusiones.
Dos de estos notables investigadores son la exfiscal colombiana Angela María Buitrago, y la exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, siendo la segunda la más cuestionada actualmente por el Consejo para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Este Consejo presidido por José Antonio Ortega, se ha dedicado a investigar qué hay detrás de las investigaciones que esta misión de la CIDH hace y porqué sus conclusiones y acusaciones tienen un trasfondo político, ideológico y hasta de vínculos con la guerrilla que está entorpeciendo no sólo las investigaciones de la Procuraduría General de la República de México (PGR), sino también manipulando datos existentes y creando nuevos, sin sustento alguno.
Protegiendo a López Obrador
La candidatura del judicialmente implicado alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue promovida abiertamente por el político Andrés Manuel López Obrador, quien fue candidato a la presidencia de México por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y es actual presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
López Obrador se ha mantenido al margen del escándalo en que se ha visto envuelto Abarca, quien fue acusado y detenido junto con su esposa, por estar involucrados en los hechos que llevaron a la masacre en la que fueron asesinados los 43 estudiantes normalistas. Incluso ha negado conocer al excalcalde declarando que «por suerte y para decepción de mis detractores, no conozco a José Luis Abarca»
Sumado a esto, las línea de investigación que esta misión de expertos ha tenido, sigue manteniéndolo al margen y enfocando sus acusaciones hacia el Ejercito mexicano, llevando los resultados a que sean juzgados como desaparición forzada.
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Si la conclusión de desaparición forzada es aceptada por el Gobierno mexicano, todos los detenidos hasta hoy, quedarían libres, con lo cual, según el Consejo para la Seguridad Pública, allanaría el camino a la presidencia de López Obrador, y las dudas que habían sobre la implicación de sus amigos partidarios, quedarían limpias. Esta información la ofreció el grupo en rueda de prensa.
Olvidan guerra entre narco-guerrilleros
Pero, la protección hacia la imagen y vínculos políticos de López Obrador no es el objetivo principal de esta cuestionada misión de la CIDH, sino mantener en oscuridad la razón por la cuál los normalistas de Ayotzinapa fueron enviados a Iguala y quiénes ordenaron enviarlos al matadero.
En su informe, los expertos de la CIDH defienden la versión de que los normalistas fueron a Iguala en busca de más autobuses para robar, porque los nueve que ya tenían en el plantel no les alcanzaban para trasladarse a la ciudad de México, para participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
Desestimando así las revelaciones de los sicarios y jefes de Guerreros Unidos detenidos acerca de su móvil para desaparecer y masacrar a los normalistas: consideraron la presencia de los normalistas como parte de una “invasión” o provocación de Los Rojos, el grupo criminal rival.
Lo anterior, queda confirmado con nuevas informaciones que se sustrae de conversaciones telefónicas del vocero de los normalistas de Ayotzinapa, Omar Vázquez Arellano y un condiscípulo sobre el reciente intento del grupo criminal Los Ardillos por “levantar” a alumnos pertenecientes al grupo criminal Los Rojos.
Ambos concuerdan respecto al daño que el “levantón” habría tenido, porque confirmaría la negada infiltración de Los Rojos, que a su vez son enemigos también de Guerreros Unidos.
El móvil de la provocación habría sido visibilizar a los Guerreros Unido, para que el Gobierno Federal lo desarticulara, con la intención de que el tráfico de heroína -que es más fuerte en Iguala, por lo estratégico del lugar-, pasara a manos de Los Rojos.
Una investigación de la DEA, que incluyó escuchas telefónicas realizadas antes y después de la agresión a normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, permitió identificar y desarticular a una célula del cartel Guerreros Unidos, que metió a Estados Unidos, en compartimentos secretos en autobuses de pasajeros, heroína y cocaína, valuada en más de US$15 millones.
Según el Consejo para la Seguridad Pública, esta filtración de los rojos no sólo habría sido en el tiempo en que ocurrió la masacre en iguala, sino que aún persiste.
«Queremos una investigación objetiva»
En una conferencia de prensa hace unas semanas, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, expuso las conclusiones de sus indagaciones, evidenciando su preocupación por el giro que estaban tomando, y la tergiversación de los hechos.
En este espacio, compareció la fiscal guatemalteca, Gilda Aguilar, quien expuso los atropellos sufridos por parte de Paz y Paz cuando fungió como Fiscal General. Aguilar manifestó que «tanto para víctimas de Iguala, como para cualquier víctima, lo que queremos es una investigación objetiva».
Por su parte, José Antonio Ortega, se refirió a la exfiscal Paz y Paz: «No tiene calidad moral, no tiene calidad profesional, no tiene una calidad ética, al formar parte de este grupo»
Además agregó: «Mientras siga Claudia Paz y Paz en el grupo de expertos de la CIDH, no vamos a llegar a hacer nada, no nos van a servir para esclarecer los hechos. El Gobierno federal está tirando dinero a la basura y está comprando porquerías con esas opiniones»
A esta misión de la CIDH, se la ha extendido su período por 6 meses, en los cuales deberán seguir indagando y tendrán la responsabilidad de presentar más conclusiones. Tendrán hasta el mes de abril del 2016 para hacer el trabajo.
