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Estados Unidos advirtió de la corrupción, la violencia, la debilidad institucional y la impunidad en Centroamérica en el informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, que publicó este miércoles el Departamento de Estado.
El documento de este año destaca el aumento de la represión global de la sociedad civil e incluye a Nicaragua entre los países que “usan pesados procedimientos administrativos y burocráticos como medios para restringir la libertad de asociación y reprimir a la sociedad civil”.
El informe, que sirve como guía al Congreso estadounidense a la hora de decidir la ayuda exterior para cada país, examina el comportamiento de los Gobiernos de todo el mundo, en relación con el respeto a los derechos humanos.
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La información detalla que las principales violaciones de derechos humanos en Guatemala fueron la corrupción “generalizada”, sobre todo en la Policía y los sectores judiciales, así como la implicación del Ejército y la Policía en “delitos graves” como secuestros, tráfico de drogas y de personas, extorsión y asesinatos, especialmente de mujeres.
Según el informe, el Gobierno guatemalteco cooperó con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y dio “pasos significativos” para procesar a los funcionarios que cometieron abusos, pero aún así “la corrupción e investigaciones inadecuadas” complican la persecución de crímenes.
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Otros países
Entre los problemas de derechos humanos “más graves” en El Salvador, figuran la “corrupción generalizada” y la debilidad de la justicia y de las fuerzas de seguridad, lo que contribuyó a un “elevado nivel de impunidad”.
En Honduras, según el texto, los colectivos que sufren más amenazas son los defensores de los derechos humanos, periodistas y autoridades judiciales, así como los indígenas -que se ven forzados a abandonar sus tierras-, y las mujeres y niños, que son víctimas de explotación laboral y sexual, violencia y asesinatos.
Estados Unidos denuncia que “los principales abusos de los derechos humanos” en Nicaragua fueron la restricción del derecho al voto, de la libertad de expresión, de prensa y de asociación, con “intimidaciones” y “acoso” a las ONG nacionales y periodistas, así como la “restricción del acceso a información pública”.
Fuente: Prensa Libre.
