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Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace 19 meses, exigieron al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que cumpla con su palabra empeñada de llegar “tope hasta donde tope” para esclarecer el paradero de sus hijos.
A un par de días de conocerse el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que reveló la presencia del responsable de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, en el río San Juan, en Cocula, los padres demandaron esclarecer qué hacía ahí el funcionario un día antes de que oficialmente se localizara una bolsa con restos óseos, entre los que estaba uno correspondiente a Alexander Mora Venancio, uno de los estudiantes desaparecidos y el único que ha sido identificado.
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En tanto, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones que representa a los familiares de las víctimas, urgió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a sostener una reunión para fijar los términos del mecanismo de seguimiento de los informes del GIEI.
Después de marchar por más de dos horas, del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la capital mexicana, donde participaron en una manifestación con antorchas, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, así como Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, hicieron pública su exigencia de una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para que “explique las mentiras y dé cuenta de dónde están nuestros hijos”.
Los padres y madres de los 43 familia estuvieron acompañados por integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco, Estado de México, entre otras organizaciones, así como ciudadanos sin militancia expresa.
Las exigencias de la manifestación estuvieron dirigidas a solicitar una nueva audiencia con el presidente Peña Nieto, así como exigir una investigación en torno a la presencia de Tomás Zerón en el río San Juan, además de deslindar la responsabilidad de Jesús Murillo Karam en lo que los padres de familia llaman “mentira histórica”, al quedar demostrado en los peritajes del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que los estudiantes no fueron asesinados ni incinerados en el basurero de Cocula.
En entrevista, Rosales Sierra exhortó al titular de la Segob a convocar a una reunión, a más tardar en un mes, para definir las características del mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del GIEI.
Aunque reconoció que no hay tiempos establecidos para acordar esas definiciones, el abogado de Tlachinollan explicó que el monitoreo internacional es necesario para que la investigación avance.
“No vemos que la investigación pueda continuar si no está acompañada por este mecanismo, la Unidad Especializada para el caso Ayotzinapa no puede continuar con estos vicios que tiene la Procuraduría General de la República y con los que tiene la Agencia de Investigación Criminal.
«La Unidad Especializada no puede seguir avanzando con esa debilidad institucional que tiene y con esta falta de respaldo político, no va a poder citar a la Policía Federal o a los altos mandos del Ejército, tiene que tener este monitoreo internacional», sostuvo Rosales Sierra.
Sobre algunas de las características que debería tener el mecanismo de seguimiento, Vidulfo Rosales dijo que los representantes de los familiares proponen que “haga visitas periódicas de cada mes o cada dos meses; que tenga facultades para revisar expedientes, atribuciones para sugerir líneas de investigación y atención de las víctimas; que esté integrado por lo menos de dos personas, podrían ser los mismos expertos del GIEI, y uno de ellos el relator para México de la CIDH, que es precisamente su presidente James Cavallaro”.
Fuente: CBS News, La Jornada.
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