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En lo que va del Gobierno de Enrique Peña Nieto se han registrado 1.142 agresiones a periodistas en México, y “la impunidad que prevalece es un aliciente para la repetición constante de estos actos”, según la organización internacional Artículo 19.
A propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización informó que tan solo en el 2015 se documentaron 397 casos –entre ellos el de Rubén Espinosa, fotoperiodista colaborador de Proceso y la agencia Cuartoscuro–, cifra que representa 71 casos más que en 2014, cuando se registraron 326 agresiones.
En su más reciente informe, Artículo 19 aseguró que “año con año, el número de agresiones contra la prensa aumenta”. Ese incremento, agregó la organización, “actúa en contra del ejercicio de la libertad de expresión y expone el nivel democrático de nuestro país”.
Del total de agresiones contabilizadas, 93 han sido asesinatos y los 20 más recientes ocurrieron en la administración de Peña Nieto.
Según el reporte de la organización, de enero a marzo de 2016 se documentaron 69 agresiones contra la prensa, entre las que destacan los asesinatos de Marco Hernández Bautista, ocurrido el pasado 21 de enero en Oaxaca; Anabel Flores Salazar, registrado el pasado 8 de febrero en Veracruz; y Moisés Dagdug Lutzow, quien fue asesinado el 20 de febrero, en Tabasco.
La violencia es tal, que al menos en Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Chihuahua los periodistas han creado redes para la autoprotección y para levantar la voz.
Las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz con 17, Guerrero con 11 y Ciudad de México con 9. En 2015, estas entidades también registraron la mayoría de ataques a la prensa.
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Otro elemento preocupante es que en 33 de los casos de agresiones, se señalaron a funcionarios como los agresores. De estos, 12 involucran a elementos del Ejército o fuerzas federales. No obstante, lo grave de la situación, según Artículo 19, es que “las autoridades niegan responsabilidad y no existe iniciativa por abrir investigaciones en contra de ningún servidor público. Esto impide el acceso a la justicia y verdad para las víctimas”.
Bajo este panorama, la organización internacional aseguró que “cuando se agrede a la prensa se vulneran los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y a la información, y termina por desestimar la labor de los periodistas en la sociedad”.
Peor aún, agregó que “el Estado ha sido omiso en su obligación por brindar justicia, verdad y reparación del daño en los casos de violencia contra la prensa. La impunidad que prevalece en el país es un aliciente para la repetición constante de estos actos. Las condiciones para que los periodistas y comunicadores ejerzan su labor, no ha mejorado, al contrario cada vez son más precarias”.
El organismo advirtió que la situación ha obligado a los periodistas de las regiones más vulnerables a encontrar en “la autocensura una medida efectiva de protección”.
Ante este escenario, Artículo 19 urgió al gobierno federal y a las autoridades encargadas la procuración de justicia investigar cada uno de los ataques contra la prensa, tomando en cuenta la labor del periodista o comunicador y su línea informativa. Además, exigió garantizar la “máxima publicidad” de estos casos con base en el interés público que reviste la muerte de un periodista o comunicador.
El organismo solicitó a los organismos nacionales de protección y defensa de derechos humanos analizar cada uno de los casos, “a la luz de la afectación que genera la muerte de un periodista o comunicador a la libertad de expresión”; además de recomendar a las autoridades involucradas “acciones efectivas que garanticen la verdad, la justicia y la reparación”.
Artículo 19 también demandó a los poderes legislativos, federal y locales abstenerse de promover la aprobación de normas “que inhiben o limitan la libertad de expresión de forma directa o indirecta”.
Fuente: Aristegui Noticias.
