Ante la severa crisis de derechos humanos que padece México, además de la acumulación de atroces crímenes cometidos tanto por fuerzas de seguridad como por el crimen organizado, la única salida posible es la asistencia internacional independiente, pero con la posibilidad de llevar a juicio algunos de los casos más graves ocurridos en los últimos años en el país.
Así lo considera James Golston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, quien este martes presentó el informe Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, en presencia de decenas de familiares de víctimas de la “guerra contra el narcotráfico”, iniciada por el expresidente Felipe Calderón.
Se trata de un compendio pormenorizado de violaciones a derechos humanos, analizados bajo los estándares del Estatuto de Roma, que define los crímenes de lesa humanidad perseguidos por la Corte Penal Internacional (CPI).
El informe, realizado durante cuatro años, analiza la política de militarización lanzada desde el sexenio pasado y continuada por Enrique Peña Nieto, con un saldo de al menos 150 mil muertos y aproximadamente 26 mil desaparecidos, además de la consecuente tortura a miles de personas durante la persecución de los delitos, casos de los cuales la Procuraduría General de la República tiene abiertas cerca de cinco mil denuncias.
Son crímenes atroces causados tanto por la acción del narcotráfico como por el uso indiscriminado de la fuerza militar.
El documento desmenuza los obstáculos en las oficinas gubernamentales, para esclarecer los crímenes atroces. Ante las deficiencias y corruptelas que subsisten, en muchos casos para proteger a agentes del Estado involucrados, Goldston y las organizaciones que acompañan a Open Society consideran que “después de tantos asesinatos, de tantas desapariciones forzadas, de tanta tortura y tan poca rendición de cuentas, es el momento de hacer algo distinto, porque lo que hemos visto es que la diferencia entre la escala de violencia y la poca determinación de responsabilidad, no hay correspondencia. Los crímenes no están disminuyendo hasta la fecha”.
James Goldston habla en nombre de sus colegas mexicanos y funda sus esperanzas en que los tiempos cambian y que México está admitiendo la participación de instancias foráneas, como es el caso de del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Hace algún tiempo, tal vez tres o cinco años, muchas personas habrían dicho que no era posible que el gobierno iba a pedir asistencia internacional en la forma que lo hizo a la CIDH. Después de algún tiempo las circunstancias han cambiado y lo hizo, a pesar de que el GIEI no dio todos los resultados que se quería, siendo que su trabajo fue excelente”, subraya Golston.
Tomando la experiencia del caso Ayotzinapa, donde los expertos independientes hicieron aportaciones al expediente de la PGR, Goldston señala que “lo cambios tienen que venir desde dentro, pero aceptando la colaboración internacional”.
Al señalar que los miembros de su organización están en espera de una respuesta del gobierno federal, Goldston destaca que la entidad de expertos internacionales propuesta “podría tomar años en crearse, pero una vez que la decisión política está tomada para hacerlo tiene que buscar los fondos, discutir el mandato específico, el papel del personal. Tal vez habrá que hacer algunas modificaciones en las regulaciones de México. Va a tomar tiempo, pero la cuestión fundamental es que sí hay la voluntad para hacerlo”.
Fuentes: Aristegui Noticias, Economía Hoy
