Luego de un análisis de varios años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), funcionarios internacionales de derechos humanos exigen una investigación sobre el abuso sexual que sufrieron 11 mujeres mexicanas en el año 2006, período en el que Enrique Peña Nieto era gobernador del estado de México donde ocurrieron los hechos.
El hecho se enmarca en una protesta que se dió en la plaza principal del poblado San Salvador Atenco, cuyo lugar había sido tomado por los manifestantes y durante los operativos de las fuerzas del orden por recuperar la zona, resultaron muertas dos personas y más de 40 mujeres detenidas que fueron enviadas a una cárcel que se localizaba a varias horas de distancia.
11 de estas mujeres detenidas, llevaron el caso a la CIDH, quienes encontraron indicios de que estas habían sido abusadas sexualmente, robadas y torturadas por parte de agentes de la policía.
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La oficina del ahora presidente Enrique Peña Nieto ha expresado que la CIDH no responsabiliza al gobernante y tampoco lo nombra explícitamente como objetivo de la investigación, además que ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Comisión de Derechos Humanos (CDH) le han hecho responsable de agresiones en investigaciones que estas entidades han realizado.
“Sería impreciso confundir una orden para el uso legítimo de la fuerza con la decisión de ciertas personas de abusar su autoridad”, dijo Roberto Campa, el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. “Nadie puede decir que hubo una orden para permitir el abuso de la fuerza”.
Pero la CIDH ha concluído que los esfuerzos de México por investigar estos casos de abusos han sido insuficientes, por lo que exige una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades concretas de todos los actores que se vieron involucrados en los hechos en ese entonces.
Fuente: New York Times