Entre enero de 2011 y agosto de 2012, 300 personas fueron víctimas de desaparición forzosa a manos del cartel de Los Zetas en el municipio de Allende, en el estado de Coahuila ubicado al norte de México.
Este hecho fue parte de un “operativo selectivo de exterminio” y aunque el dato no esté confirmado por las autoridades, fue difundido por las mismas personas que realizaron estas acciones.
Actualmente se han logrado documentar 42 de estas desapariciones forzadas, sin embargo hay fuertes indicios de que este número podría ser mucho más grande, así como el área afectada.
- Lea más: Crimen organizado “adopta” cada vez más jóvenes en México
- Lea más: Jalisco Nueva Generación, el nuevo cartel que manda en México
Durante el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, Los Zetas capturaron a 26 personas pertenecientes a una misma familia, mientras que el resto de las víctimas en su mayoría comparten el mismo apellido.
Estas víctimas fueron llevadas de sus casas por comandos del grupo criminal, sin importar si eran familia de quienes les habían traicionado, lo único que importaba es que tenían el apellido Garza sin importar si eran hombres, mujeres niños, adultos mayores o amigos y empleados.
También se dieron casos en que las víctimas fueron raptadas por miembros de la Policía Municipal para ser entregadas posteriormente al cártel.
Pero no todo acabó con el rapto de las víctimas ya que sus viviendas fueron incendiados o demolidos con maquinaria pesada sin que los bomberos pudieran atender ya que les fue prohibido por Los Zetas.
Venganza contra tres desertores
El pasado 9 de octubre fue publicado el estudio En el Desamparo por el Colegio de México. En este documento se realiza una averiguación previa a nivel estatal de estos hechos y revela que el “operativo para la desaparición masiva y coordinada de personas en Allende fue una venganza de dos líderes del cártel de Los Zetas” quienes son los hermanos Miguel Ángel Treviño y Omar Treviño Morales quienes buscaban “saldar cuentas” con tres personas que desertaron del grupo criminal y por lo tanto considerados traidores.
Actualmente las familias de estos desertores son testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos, ya que fueron objeto de la venganza que duró al menos 14 meses y dejó más de 40 viviendas destruidas y a sus habitantes desaparecidos.
En este estudio se presume que las 26 personas raptadas en 2011 “fueron asesinadas en dos de los ranchos de la misma familia Garza” y posteriormente incinerados. Sobre las 16 personas restantes que desaparecieron entre enero de 2011 y agosto de 2012 no se tiene rastro alguno.
Aunque la cantidad de personas desaparecidas y asesinadas es grande, además de la complicidad de autoridades locales, no ha sido un tema de interés del gobierno federal por lo que las investigaciones permanecen en manos del gobierno estatal sin que no se tengan resultados concretos tres años después.
Fuente: Animal Político