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Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y aspirante a convertirse en secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, fue asesor del líder de la izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador, mientras este fue gobernador de la Ciudad de México. Esto ha sido revelado por The Washington Post.
Giuliani habría recibido USD$4.5 millones por un contrato de asesoría en materia de seguridad al gobierno de la capital mexicana respecto a lo que Marcelo Ebrard Casaubón, quien fuera el secretario de Seguridad Pública en esa misma administración, confirmó dicha información y agregó que fue pagado con recursos de la empresa privada.
«La condición que puso López Obrador fue que no hubiera un solo centavo de recursos públicos. Que sólo hubiera privados, y así se hizo», dijo Ebrard a través de su vocero Alfonso Brito, quien agregó: «López Obrador se reunió una sola vez con él, cuando Giuliani visitó la ciudad. Ebrard no lo ha visto ni contratado ni una sola vez desde 2003».
De concretarse Giuliani en la secretaría de Estado, sería el encargado de ejecutar algunas promesas de campaña de Trump que afectan directamente a México, dentro de las que se encuentran la revisión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), también la deportación de inmigrantes ilegales y la construcción del muro fronterizo.
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Los vínculos entre el republicano, López Obrador y Ebrard comenzaron en el año 2002 cuando los dos mexicanos decicieron contratar los servicios de Giuliani para disminuir la delincuencia en la Ciudad de México.
En ese momento, la inseguridad en esa ciudad estaba fuera de control; se registraba un secuestro exprés por día, además la venta de droga al menudeo estaba incrementando la violencia.
Según lo publicado por el diario estadounidense, este fue el primer gran contrato internacional en asuntos de aseroía que tuvo Giuliani así como sus asociados, dentro de los que figuraban Bernard Kerik, excomisionado del departamento de policía de Nueva York, y Maureen Cassey quien fuera coordinador del proyecto «Cero Tolerancia» también en esa ciudad.
En ese entonces, Ebrard reconoció que una reforma en la policía de la capital mexicana era «esencial» para mejorar la seguridad: «Una respuesta inteligente y efectiva a la delincuenta requiere de un esfuerzo coordinado. La policía desempeña uno de los papeles esenciales en el proceso, sin embargo, es necesario que participen todas las instancias responsables. Sus esfuerzos deben estar complementados por una asistencia genuina proporcionada por los Ministerios Públicos, la Procuraduría, los fiscales, los juzgados, el sistema de reclusorios, correccional, la Asamblea Legislativa, otros funcionarios electos y el úblico en general» se lee en el «Reporte Giuliani – SSP» que el entonces funcionario hizo respecto a la asesoría del neoyorquino.
USD$ 22.5 millones para que conocieran la problemática de la ciudad
El equipo de Giuliani arrivó a la Ciudad de México, conocida en ese entonces como Distrito Federal, el mes de octubre de 2002 y sostuvieron reuniones de trabajo cerradas. Sin embargo, en esta ciudad había problemáticas de criminalidad ajenas a la realidad que vivía Nueva York y por ende desconocidas para los asesores, dentro de ellas el «secuestro exprés» o el robo en cajeros automáticos.
Por lo que los detractores de este proyecto argumentaron que no tenía sentido pagar una asesoría a quienes desconocían la realidad en esos niveles.
Según la prensa de San Diego, California, el gobierno de López Obrador, pagó USD$ 22,5 millones para que los consultores aprendieron las formas en que operaba la delincuencia en esa ciudad. Giluiani regresó 10 años después al país azteca donde dijo que la ciudad iba en la diracción correcta.
«La ciudad ha logrado muchos progresos y aunque seguramente todavía tienen muchos problemas, deben estar muy orgullosos de los cambios que han logrado» dijo el que ahora puede convertirse en la mano derecha de Donald Trump.
Sin embargo, según Erubiel Tirado, investigador de la Universidad Iberoamericana, no se pidió aplicar las medidas de «tolerancia cero» a cabalidad, sino que se procedió a la represión del delito y castigando a vendedores ambulantes, pero la incidencia de criminalidad siguió incrementando.
Actualmente la Ciudad de México no es un ejemplo de «tolerancia cero» a la criminalidad. Según reporta el diario mexicano Sin Embargo, durante el primer semestre del año actual, en ese ciudad se cometieron 447 homicidios dolosos, siendo este el mayor número en los últimos 18 años y anualmente esta cifra se incrementa 17 %, según un estudio realizado por la organización Semáforo Delictivo.
Fuente: Sin Embargo
