Alfredo Beltrán Leyva, más conocido como “El Mochomo”, era uno de los líderes y fundadores del cártel de los Beltrán Leyva (en México), fue condenado a cadena perpetua y a pagar una multa de USD $529 millones en una corte de Estados Unidos.
Beltrán Leyva fue capturado el 21 de enero de 2008 por fuerzas especiales del Ejército mexicano y el 24 de agosto de 2012 fue acusado de la distribución de cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos.
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El ahora condenado fue extraditado el 15 de noviembre de 2014 a Estados Unidos y fue declarado culpable el 23 de febrero de 2016 por el juez Richard J. Leon, del Distrito de Columbia, el mismo que este miércoles le impuso la condena mencionada.
Fue en la audiencia de este miércoles cuando el procurador general asistente, Kenneth A. Blanco, de la División Criminal del Departamento de Justicia, expresó que Beltrán Leyva se dedicó por más de una década a la importación de toneladas de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.
“A través de una estrecha cooperación con nuestros homólogos extranjeros, Estados Unidos llevó a este narcotraficante internacional a la justicia, interrumpió significativamente el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos y frenó la marea de destrucción causada por este violento cártel”, indicó el procurador.
El narcotraficante reconoció que tanto él como su organización obtuvieron la droga de proveedores de América del Sur y que fue su cártel el que ayudó al financiamiento de la transportación de las sustancias ilícitas a México por vía aérea, terrestre y marítima.
Con las drogas ya puestas en México, el cártel de los Beltran Leyva la transportó a zonas claves, dentro de las que se encontraba Culiacán y Sinaloa, lugar que también fue punto central para la recolección de cantidades millonarias de dólares provenientes del narcotráfico en territorio estadounidense.
En la sentencia, las autoridades estadounidenses mostraron que el cártel utilizó armas y cometió actos de violencia, dentro de ellos asesinatos, secuestros, torturas y recaudaciones de deudas de drogas para poder financiar la importación de las sustancias ilícitas.
Fuente: Milenio