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Este lunes el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que devela el presunto espionaje que ejerce el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre activistas de derechos humanos, periodistas y abogados que abordan temas de mecanismos anticorrupción. La acción del gobierno de México sería por medio de un sistema que debería estar siendo utilizado para enfrentar al crimen organizado.
En el artículo que se despliega en la primera plana del mencionado diario se detalla que:
«los blancos del espionaje incluyen a los abogados que investigan la desaparición masiva de 43 estudiantes (Ayotzinapa), un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, a dos periodistas influyentes y a un abogado estadounidense que representa a las víctimas de abuso sexual por parte de policías».
Pegasus es el nombre del sistema que estaría utilizando el gobierno mexicano comprado en el año 2011 a la empresa israelita NSO Group misma que asegura lo vendió bajo la condición de que no sería usado para intervenir a la población civil:
«El acuerdo explicito indica que se utilizaría únicamente para combatir a terroristas a cárteles de las drogas y a grupos criminales que por mucho tiempo han secuestrado y asesinado a mexicanos».
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Dicho reportaje elaborado por los reporteros Azam Ahmed y Nicole Pelroth, detalla también que:
«la compañía simplemente le cobra al gobierno en base al número de blancos espiados. Para espiar a 10 usuarios de teléfonos iPhone, por ejemplo, la compañía hace un cargo de USD $650.000 encima de otro cargo de USD $500.000 por la instalación del sistema, de acuerdo a las propuestas de mercadeo de NSO; revisadas por el The New York Times”.
Dentro de los personajes que han sido víctimas de espionaje, el diario estadounidense destaca a Juan Pardiñas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien ayudo a escribir la legislación anticorrupción, también la periodistas Carmen Aristegui y su hijo adolescente, Emilio; Mario E. Patrón, activista por los derechos humanos y representante de los padres de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
También destaca el influyente periodista Carlos Loret de Mola, así como Santiago Aguirre, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa.
«El uso de un sofisticado arsenal cibernético contra ciudadanos, es una pizca de la lucha del mismo México, lo que genera preguntas profundas éticas y legales al gobierno mexicano que ya enfrenta una crítica severa por su historial en derechos humanos», apunta el reportaje.
En cuanto si la administración de Peña Nieto está amparada en alguna figura legal para desarrollar dicha actividad, el reportaje lo descarta tajantemente:
«Es altamente improbable que el gobierno recibiera la aprobación judicial para interceptar los teléfonos, de acuerdo a varios exfuncionarios de los sistemas de inteligencia del gobierno mexicano».
Fuente: Proceso
