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Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua, se reunió este miércoles con representantes del Departamento de Estado y congresistas de Estados Unidos para denunciar las violaciones a la leyes y garantías constitucionales del régimen de Daniel Ortega contra la ciudadanía.
Dentro de los temas que Carmona abordó en las reuniones en Washington se detallaron las reformas al Código Procesal Penal mismas que pueden ser una arma que el régimen del país centroamericano utilice contra los nicaragüenses.
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Otros detalles de las reformas mencionadas es que convierte el feminicidio en delito de violencia intrafamiliar, lo que va en contra de las convenciones internacionales a las que el Estado nicaragüense está suscrito, además, se convierte en una amenaza a las garantías del debido proceso ya que eliminó al juez ordinario o al juez que establece la ley según indica el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua.
El activista indicó: «Hemos expresado (ante los legisladores y funcionarios del Departamento de Estado) que estas reformas son violatorias a la Constitución Política, y a los derechos humanos, el objetivo del Frente Sandinista es tener más control sobre el poder judicial e intimidar a los nicaragüenses. Cuando aquí se sustraen a los ciudadanos de su jurisdicción, y se crea el Juez técnico, una persona puede permanecer por tiempo indefinido en la cárcel. También hemos informado de los abusos que está cometiendo el gobierno en cuanto a la limitación de los medicamentos, el INSS a las personas de tercera edad y los que han salido a protestar para que se les garantice su medicamento también han sido vapuleados».
Carmona se hizo acompañar del representante de la CPDH en Miami, Roger Castaño, con quien se reunió con los congresistas republicanos Luis Gutierrez, Ileana Ros-Lehtinen, Albio Sires y con el equipo asesor del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Corker y otros funcionarios.
«Hay preocupación de que Nicaragua se convierta en una segunda Venezuela porque las restricciones del gobierno van en aumento con disposiciones, Leyes y reformas. Nos han expresado el interés de darle seguimiento a los abusos y violaciones, vamos a seguir documentando la situación violatoria porque no se quiere una segunda Venezuela producto de la falta de seguridad jurídica y de un verdadero estado de derecho y por las violaciones permanentes a los derechos humanos», aseveró Carmona.
Fuente: La Prensa
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