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La Corte de Constitucionalidad (CC) consideró que las recientes reformas que el congreso de Guatemala hizo al Código Penal son una amenaza al sistema judicial de ese país por lo que otorgó un amparo provisional y suspendió la reforma de los decretos que dan amnistía al delito de financiamiento electoral ilícito e incrementó las penas conmutables dejando sin pena de cárcel a 400 delitos.
El fallo de la Corte detalla:
«El pleno procede a otorgar el amparo provisional solicitado en el sentido de dejar en suspenso el acto de aprobación por parte del pleno del Congreso de la República de los decretos 14-2017 y 15-2017 que contienen modificaciones al Código Penal».
El presidente de la Corte de Constitucionalidad, Santiago Palomo, indicó que la noche de este jueves se informaría al Congreso sobre la medida tomada. Y es que entre miércoles y jueves (13 y 14 de septiembre) la Corte recibió seis amparos en contra a las reformas del Código Penal.
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Quienes interpusieron dichos recursos fueron Alfonso Carrillo; Jordán Rodas, procurador de los derechos huamos; Javier Soria, de la organización SOMOS; Carlos Bezares y Aníbal García; Acción Ciudadana.
Los denunciantes, terceros interesados y el Ministerio Público tiene un plazo de 48 horas para presentar sus argumentos en vista pública para que la CC emita su fallo definitivo.
Por otra parte, la CC emplazó al Congreso del país centroamericano para que entregara un informe de coyuntura respecto a la aprobación de los decretos 14-2017 y 15-2017 que reformaron el Código Penal para modificar el delito de financiamiento electoral ilícito y aumentar de cinco a diez las penas conmutables.
La acción del parlamento guatemalteco generó repudio entre la sociedad de ese país, lo que llevó a que un bloque de diputados anunciara que darían marcha atrás a lo aprobado que según algunos sectores civiles y políticos: «favorece a la corrupción».
«Hemos convocado a esta reunión hoy para que estos dos decretos no puedan ser remitidos al Organismo Ejecutivo, y de esta forma queden sin efecto y no surgan a su vida jurídica», dijo el presidente de ese organismo legislativo, Oscar Chichilla.
La Procuraduría General de Guatemala, recomendó al presidente Jimmy Morales, el vetar las reformas mencionadas «por contravenir claros principios constitucionales, menoscabar el Estado de Derecho e inobservar el compromiso asumido ante todos los guatemaltecos de luchar contra la impunidad y la corrupción».
Esta reforma ha causado especial polémica ya que se dio 20 días después de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelara que partidos políticos como UNE y el ya extinto Partido Patriota (PP) no reportaron gastos millonarios de la campaña electoral del 2015 por lo que pidieron se comenzara un antejuicio a los secretarios generales Orlando Blanco y Roberto Villate, respectivamente.
Las instituciones mencionadas también pidieron un antejuicio en contra del presidente Morales por un presunto financiamiento ilícito de Q6,7 millones (USD $300.000) que su partido, FCN-Nación, no reportó a las autoridades correspondientes.
Fuente: Prensa Libre
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