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El 27 de junio del presente año en horas de la noche militares del régimen de Maduro entraron a la comunidad Pemón de San Antonio de Morichal disparando a matar, los indígenas pemones, buscando salvaguardar sus vidas, decidieron cruzar por una trocha la línea fronteriza con Brasil y resguardarse en la comunidad Kawi. Esto no detuvo a las fuerzas del régimen que decidieron pasar ilegalmente la frontera y efectuaron disparos en territorio brasilero; los pemones lograron capturarlos, desarmarlos y amarrarlos; los militares fueron entregados a las autoridades brasileras y, posteriormente, fueron devueltos al país, quedando impune otro atentado del chavismo contra los indígenas venezolanos.
La crueldad del chavismo contra los pueblos indígenas es sistemática, el régimen en su sed de poder y su naturaleza devastadora se ha ensañado con los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas para explotar los recursos minerales y naturales del Arco Minero del Orinoco (AMO), mediante la inescrupulosa implementación de la minería ilegal. Algo que ha provocado una cultura de la muerte y la violencia que azota al AMO y a las comunidades indígenas y criollas que históricamente habitan en la zona, así como también a los que se han trasladado a raíz de la minería.
Diferentes atropellos
1. Explotación laboral obligatoria que ha creado una neoesclavitud para los autóctonos que se ven obligados a obedecer a grupos armados irregulares y de guerrilla que operan impunemente en la zona.
2. Trata de personas que, principalmente, afecta a las mujeres y niñas indígenas que son secuestradas para llevarlas a los nichos o currutelas de las minas; donde son explotadas sexualmente y no tienen posibilidades de salir. Algunas de ellas no hablan español, por lo cual ni siquiera pueden pedir auxilio. En octubre de 2016, la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas “Wanaalerú”, reseñó en el marco del examen periódico universal (EPU)- Venezuela; el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres y los pueblos indígenas de cara a la depredación de la minería ilegal y su expansión en territorios indígenas de Venezuela por parte de grupos armados irregulares como FARC y ELN.
3.Extorsiones por parte de los grupos criminales organizados (pranatos) e incluso desde las instituciones oficiales del régimen, quiénes cobran vacuna, una especie de impuesto en oro, así los indígenas no trabajen en actividades auríferas, a los habitantes originarios no les queda de otra que acatar esta medida impuesta.
4. Ocupación y desalojo de sus territorios. En el Arco Minero operan: guerrillas marxistas (FARC, ELN), grupos terroristas (Hezbollah, que tiene minas de Coltán) y grupos organizados criminales y armados, de hecho, el periodista Fritz Sánchez confirmó el PanAm Post las denuncias de que el Caura fue dividido entre la FARC y el ELN. El Alto Caura quedó bajo el control del ELN, mientras que, el Caura Medio (El Playón, Río nichare e incluso la mina El Silencio, cercana a Maripa) está dominado por las “disidencias” de las FARC.
5. Etnocidio sistemático. Con el avance del control del territorio y la pérdida de la soberanía nacional, despojando a las comunidades indígenas de su identidad y cultura, nace el fenómeno del etnocidio. La resistencia a la sumisión por parte de los grupos étnicos se ha traducido en masacres literales de comunidades indígenas bajo la complaciente mirada del régimen de Maduro. Los indígenas, además, están perdiendo su modo de vida; ya la auto sustentabilidad es imposible, la caza, la pesca y sus fuentes de alimentación en general están destruidas por la contaminación y su interacción con la naturaleza es cada vez menor.
6. Ecocidio. El arrase indiscriminado contra la naturaleza – remoción de la capa vegetal y deforestación – y la contaminación mercurial de los cauces de agua están causando un daño irreparable al medioambiente del Arco Minero. Esto tiene una incidencia directa en los principales ríos de la región Guayana (Río Orinoco, Río Caroní, Río Caura, Río Aro, Río Paragua, Río Cuchivero, etc.) e incluso la magnitud de la contaminación puede afectar a otros países mediante la salida al mar de los ríos contaminados. En ese sentido, el botánico, Francisco Delascio, espetó que, de seguir esta salvaje dinámica extractivista, en un futuro no muy lejano la región de Guayana puede quedarse sin agua dulce.
Las masacres
El diputado de la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, junto a su equipo de trabajo, ayudó al PanAm Post con la recolección de denuncias de masacres impunes contra diversas comunidades indígenas a lo largo de estos más de veinte años de chavismo. En total, el diputado entregó información sobre 11 masacres contra los pueblos originarios. Cabe recordar que es muy difícil recolectar información certera sobre las masacres:
1. La masacre de La Paragua, hecho suscitado el 26 de septiembre de 2006. Las víctimas fueron seis en total, cuatro mineros y dos indígenas, dentro de ellos el líder de la Comunidad Manakerén.
2. La Masacre de Manaima, con fecha del 10 enero 2012, su lugar específico fue mina Bulla Nueva, del sector indígena Manaima, ubicado en La Paragua, estado Bolívar. El saldo de asesinatos fue de seis personas.
3. Masacre de Irotatheri, durante el mes de julio aproximadamente en la comunidad Yanonomai de Irotatheri, en el Alto Orinoco-Alto Ocamo. En el documento facilitado al PanAm Post se reseña todo lo acontecido con este caso, los testigos encontraron “cuerpos y huesos quemados” cuando visitaron la comunidad en cuestión que está ubicada en la región Momoi-Venezuela, cerca de la frontera con Brasil. Unas 80 personas – número aproximado – pudieron ser asesinadas por un grupo de garimpeiros, solo se detectaron tres supervivientes que se encontraban “cazando y al llegar a la aldea encontraron a los miembros de la comunidad calcinados”.
La versión del chavismo fue negar los hechos, incluso antes de que se culminaran las investigaciones, se desplegó la Operación Irotatheri y la Operación Centinela, concluyeron que «no se había generado tal hecho» y que, tanto en las comunidades indígenas, como en la región, “reinaba la paz y la armonía”. El entonces ministro de defensa, Tareck el Aissami, señaló en cadena nacional que la presunta matanza de indígenas yanomamis es una “falsa noticia”. Sin embargo, algunos representantes de Horonami que estuvieron presentes declararon: «Vimos los campamentos de mineros ilegales, vimos pasar una avioneta, vimos una pista clandestina, vimos algunos ‘garimpeiros’ huyendo de la comisión que caminaba por la selva».
«Los efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía y el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, nombre actual de la Policía Técnica Judicial) que venían en la comisión, también fueron testigos de esto».
4. Masacre de Guasipati, ocurrida el 10 de febrero de 2018 en la comunidad de Guasipati, municipio Roscio, estado Bolívar. Las víctimas miembros de comunidades indígenas fueron entre dos y cuatro, el saldo de fallecidos de 18, y la cifra extraoficial de 30.
5. Masacre de San Luis de Morichal, suscitada el 5 de junio 2018 en la Comunidad pemona San Luis de Morichal del municipio Sifontes del estado Bolívar, fueron 5 pemones asesinados.
6. Masacre El Silencio del 25 de agosto del 2018, en el municipio Sucre del estado Bolívar, a 3 kilómetros de la mina El Silencio, hubo un saldo de víctimas que osciló entre las 14 y las 20. Algunos de los fallecidos fueron: Misael Ramírez, de 45 años líder de la comunidad Jivi, y su hijo Misael Rondón Reina, de 18.
7. Masacre de Campo Carrao. Fecha: 8 diciembre 2018. Lugar: mina de Campo Carrao, muy cerca de Körepakupai Wena Vena (Salto Ángel), víctimas aproximadas: 3 pemones.
8. Masacre de Kumarakapay, entre el 22 – 28 de febrero de 2019, en la comunidad de San Francisco de Yuruaní (Kumarakapay, en lengua pemón), municipio Gran Sabana, Santa Elena de Uairén, Wará y Pacaraima. Las víctimas oscilaron entre 14 – 25 miembros de la comunidad indígena Pemón.
Extraoficialmente, hubo 33 heridos. Personas detenidas: al menos 58, el viernes 22 y el sábado 23 de febrero. Algunos fueron sacados arbitrariamente del hospital, mientras eran atendidos por las heridas de balas y trasladados al fuerte el Escamoto. Dentro de ellos se cuentan 16 indígenas Pemones, 4 de ellos adolescentes. Algunos nombres de los detenidos: Jorge Gómez, hijo del cacique general del sector VI, Gran Sábana, Nicodemo Martínez, Boris William Hernández.
Tras este incidente se recogieron testimonios de tortura: “Nos golpearon con un palo y nos daban patadas, en la cabeza, en el cuerpo, nos daban corriente y nos bañaron con picante”. También señaló que, cuando torturaban a las víctimas, les gritaban que los habían vistos dentro de las filas de la GTP (Guardia Territorial Pemón) y que por eso serían asesinados.
Se reportaron al menos 9 desaparecidos pertenecientes a la etnia pemón en manos del Sebin. Posteriormente, desde la Asamblea Nacional, se sostuvo que serían 80 los indígenas pemones desaparecidos tras estos ataques.
9. Masacre de Maruisa el 29 de abril 2019 en la parroquia Juan Millán del municipio Tucupita en la comunidad Warao de Mariusa. El número de víctimas fue de 10, incluyendo un niño de 2 años.
El documento facilitado al PanAm Post señala que 25 indígenas waraos de la comunidad de Mariusa salieron en un par de embarcaciones hacia un pozo ubicado a un kilómetro de la comunidad en busca de agua dulce. Tras una semana, la Guardia Nacional Bolivariana realizó “una inspección a la lancha”, luego de ello, “se percataron de un compartimiento secreto donde encontraron 439 panelas de marihuana”, y acusaron a los indígenas waraos de tráfico de drogas.
“El 5 de mayo fueron detenidos el padre de las victimas de la masacre y el cacique de la comunidad. la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del estado Delta Amacuro imputó con medida privativa de libertad al cabo segundo de la GN David Alfonzo Flores, de 21 años de edad, por homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles; uso indebido de arma orgánica, trato cruel e inhumano y degradante, fundamentados en el Código Orgánico Procesal Penal y en el artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El 12 de agosto de 2019, la jueza Mary Marcano, a cargo del Tribunal Tercero de Control del estado Delta Amacuro, le dictó libertad plena al funcionario”, denuncia el documento.
10. Masacre de Ikabaru, suscitada el 22 de noviembre de 2019 en la comunidad de Parkupik, hubo un saldo de fallecidos de al menos ocho personas incluyendo un niño de 8 años.
11. Masacre del Caura, del pasado 6 de mayo en la zona minera Bullita, ubicada en el sector del Salto La Puerta, en la boca del Yuruaní con el Caura, en el Estado Bolivar. Fueron 20 víctimas aproximadamente, incluyendo miembro de la comunidad indígena Yekwana. 15 personas al menos están desaparecidas.
Estas once masacres, que apenas son la punta del iceberg, demuestran que el chavismo es un asesino cruel de los indígenas venezolanos. Además de ello, un claro violador de derechos humanos al promover la explotación aurífera ilegal en el Arco Minero del Orinoco, mediante grupos criminales terroristas y de guerrilla.
A los pueblos originarios no les queda de otra que sobrevivir, algunos trabajando forzosamente, aguantando los atropellos y las humillaciones, otros resistiendo y armando sus propias comunidades haciéndole frente a la cultura de la muerte que azota al Arco Minero, mientras que otros se han visto obligados a desplazarse ante la invasión de sus territorios.
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