English Version
La consulta antitaurina consiste en que se pregunte a los ciudadanos capitalinos que si desean o no que se siga realizando esta práctica . (Twitter)
El máximo tribunal constitucional en Colombia exhortó a la Alcaldía Mayor de Bogotá en un plazo de 48 horas para que se realicen los trámites necesarios para llevarse a cabo la consulta antitaurina en la capital del país.
La consulta antitaurina consiste en que se pregunte a los ciudadanos si desean o no que se siga realizando esta práctica. Si los bogotanos deciden a favor de cancelar las corridas de toros en la capital, se cancelaría la fiesta brava del próximo año.
Lea más: El liberticida fallo de la Corte Constitucional sobre las corridas de toros
Lea más: Corridas de toros podrían quedar prohibidas en Colombia si Congreso no legisla
En sentencia C-666 de 2010, la Corte Constitucional tumbó una norma de la ley de maltrato animal expedida por el Congreso, en la que se había excluido dentro de las conductas de violencia contra los animales — penalizadas con cárcel— a las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, el coleo, las corralejas y las peleas de gallos.
Al respecto, las corridas de toros seguirán en Colombia hasta que el Congreso de la República no se pronuncie. En este caso, la Corte considera que este tipo de espectáculos con animales son en muchos casos eventos públicos que constituyen actos de maltrato animal que no son justificados y , por lo tanto, deben ser actos susceptibles de imputación penal.
El máximo tribunal dio razón a la pretensión de los demandantes, ya que en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales prohíbe cualquier tipo de maltrato, y en los actos descritos afectan de manera directa a los animales y medio ambiente.
El senador por el partido liberal Carlos Fernando Galán, argumentó que la decisión de la Corte Constitucional da un impulso a la iniciativa que busca que se prohíba el maltrato animal en las corridas de toros.
Por otro lado, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, dijo que la Corte con su fallo desbordó sus facultades al ordenar, en fondo al Congreso, prohibir la fiesta brava.
Según Lafaurie, “quien legisla y define los términos de penalizar estas actividades es el Congreso, pero vemos ahora a un callejón sin salida pues la Corte se desmonta por las orejas y vuelve a darle esa responsabilidad de legislar sobre la materia”.
Finalmente, con esta decisión del máximo tribunal se revocaron decisiones anteriores tomados tanto por el Tribunal Superior de Bogotá y Consejo de Estado (máximo tribunal en la jurisdicción administrativa), que en su última decisión suspendió la iniciativa de consulta popular promovida por el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Fuente: RCN Noticias, El Tiempo
