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La guerrilla de las FARC podrá hacer política y estar en el Congreso mientras son sancionados bajo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El gobierno Nacional radicó en el Congreso la reglamentación de la Justicia Especia para la Paz que será el marco jurídico para el funcionamiento del nuevo tribunal que se encargará de conocer los procesos contra los actores del conflicto armado.
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El documento plantea que los guerrilleros de las FARC podrán participar de forma abierta en política y a la vez estar en la legislatura, mientras son procesados en el tribunal especial, es decir no pierden sus derechos políticos, caso que sí ocurre en la jurisdicción ordinaria.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, sostuvo que, “el acto legislativo que crea el sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz señaló expresamente que no había lugar a afectación de los derechos políticos, es decir, no hay limitación de los derechos políticos de los que se acojan a este sistema”.
Bajo ciertas condiciones de cumplimiento se incluyó la responsabilidad de jefes de las FARC y también la responsabilidad de mando de miembros pertenecientes a la Fuerza Pública.
Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, explicó que los superiores deben “haber conocido el hecho, haber dado instrucciones sobre el hecho, no dar aviso a las autoridades de la comisión de ese delito”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, sostuvo que en la JEP no se pondrá en riesgo las condenas emitidas en contra del Estado colombiano en ocasión al conflicto armado.
“Las decisiones que tome la jurisdicción contenciosa o las demandas que se pongan contra el Estado, son diferentes. El Estado no es sujeto pasivo de justicia transicional, sino las personas como tal”, indicó.
En el caso de terceros que hayan cometido delitos en ocasión al conflicto voluntariamente podrán someterse a la JEP o en caso contrario permanecer en la jurisdicción ordinaria.
Finalmente, el Gobierno Nacional detalló que no se extraditarán miembros de las FARC que hayan cometido delitos de narcotráfico si se comprueba que tal actividad era para financiar la lucha armada y no para enriquecimiento personal.
Fuente: La FM
