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La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá falló a favor del periodista y columnista Daniel Samper Ospina la tutela que presentó en contra del expresidente y actual senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
Ante las declaraciones hechas por el senador Uribe en su cuenta de Twitter en la que decía que Samper Ospina era un “violador de niños”, el periodista interpuso la acción judicial buscando que se le tutelara los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.
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Al respecto, el magistrado Luis Fernando Ramírez, concedió el amparo solicitado por el periodista y le ordena al expresidente que se retracte por lo dicho en menos de 48 horas por la misma vía que realizó las acusaciones.
Además, dice el magistrado, que la retractación debe ser publicada en un comunicado de prensa y debe decir que no dispone de evidencia para haber formulado lo dicho.
Sin embargo, sobre el magistrado que falló el polémico caso entre el senador y el humorista pesa una grave acusación de corrupción en el sistema judicial. De acuerdo con una auditoría realizada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2013, alguien habría sobornado el reparto del caso de Julio Gómez, uno de los cerebros del cartel de la contratación en Bogotá.
El contratista junto con el grupo Nule y otros empresarios se organizaron para repartirse la entrega de multimillonarios contratos viales en Bogotá durante la administración de Samuel Moreno Rojas (2008 -2011).
El caso penal del controvertido contratista que ayudó a los hermanos Moreno a saquear las arcas de Bogotá llegó en ese momento a manos del magistrado Luis Fernando Ramírez.
Según la policía Nacional la investigación se inició en octubre del año 2012 por el grupo de investigaciones transnacionales de la Dijín, luego que se conociera la manipulación de la condena de Gómez.
Se pretendía que la condena de Gómez de cinco años por el “carrusel de la contratación» quedara en cuatro. Esa fue la propuesta que el magistrado Ramírez Contreras había presentado a sus colegas de magistratura, finalmente manteniendo la pena. Por esa razón, el magistrado negó las acusaciones.
La Dijín dice que funcionarios de la rama judicial manipularon el sistema de reparto de procesos, en el que habrían logrado que el despacho del magistrado Ramírez conociera del caso penal sobre Gómez.
El sistema de reparto de los procesos en el sistema judicial colombiano se asigna a través de un software de manera aleatoria, de acuerdo con la carga laboral que tenga cada magistrado se van asignando los casos, es decir, el que menos casos tenga el sistema automáticamente le asigna el caso que entra.
Finalmente, en el 2014 el contratista Gómez fue condenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en firme la condena de diezaños de prisión.
Fuente: El Espectador, El Tiempo
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