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Se abre un nuevo debate en Colombia a raíz de una propuesta legislativa de prohibir vía mandato constitucional el paramilitarismo en el país.
En la Cámara de Representantes se debate el Acto Legislativo 4 del 2017 que, aunque solo contiene dos artículos ha generado polémica y controversia política por lo propuesto. A saber, prohibir taxativamente vía reforma constitucional el paramilitarismo en Colombia.
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El articulado dispone “como una garantía de no repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la fuerza pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, financiación, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento de grupos civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus estructuras o prácticas, grupos de seguridad ilegales o de justicia privada u otras denominaciones equivalentes”.
El Consejo Gremial Nacional envió una carta a la Cámara de Representantes pidiendo que no se tramité el Acto Legislativo que data de los Acuerdos de La Habana y declaró la propuesta como inocua ya que existe una prohibición legal del paramilitarismo dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
Los gremios advierten en el documento que el proyecto en realidad busca validar de forma retroactiva el alzamiento en armas de las FARC, pues “si el alzamiento armado de tantos años tiene justificación, es porque el Estado ha incumplido su deber primordial de garantizar los bienes fundamentales de quienes habitan el territorio de Colombia”.
Para la Andi, Asobancaria, Analdex, Camacol, Fenalco, SAC, Fasecolda o Fedegán, el texto vendría siendo una confesión del Estado en la que se admite que fue incapaz de luchar contra esta forma de violencia y de que alguna manera lo promovió, “exonera de responsabilidad a las Farc por el alzamiento armado, pero sí convierte al Estado en cómplice de paramilitares”, lo que abriría las puertas para multimillonarias demandas de reparación que serían indefendibles.
El paramilitarismo en Colombia ha sido denunciado desde diferentes sectores y tuvo una aparición marginal desde la creación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (CONVIVIR), reglamentadas bajo el Gobierno de Ernesto Samper, se pretendía con estos grupos que los hacendados hicieran defensa de sus propias tierras ante la amenaza de los grupos guerrilleros.
Fuente: Semana
