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Los recientes escándalos de corrupción en la justicia han llevado al Gobierno nacional a plantear un referendo para para reformar la judicatura.
La propuesta inicialmente fue puesta en la mesa por el procurador general, Fernando Carrillo, con el fin de enfrentar la crisis por la que pasa la rama judicial en Colombia.
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Las acusaciones contra magistrados de altas cortes, que presuntamente estarían envueltos en casos de corrupción luego de favorecer fallos judiciales por grandes sumas de dinero, llevaron al Gobierno a repensar la forma en que está estructurada la rama judicial.
Se espera que con la reforma haya mayores garantías de transparencia y de juzgamiento, si hubiere lugar. Este lunes se conoció a través del medio Blu Radio que el Gobierno escogió el 10 de marzo de 2018 como fecha para llevar a cabo el mecanismo constitucional.
El referendo plantea promover una reforma a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes —que está a cargo de la investigación de los magistrados denunciados por actos de corrupción— a través de un mecanismo que controle y castigue, con mayor celeridad y transparencia a los altos funcionarios del Estado, entre ellos se encuentran también el presidente y fiscal general.
Otra de las propuestas es eliminar las facultades de las altas cortes en el país (para evitar el yo te elijo, tú me eliges entre funcionarios), así como mejorar la formación de abogados haciendo énfasis en un enfoque humanista y ético, y adoptar medidas que combatan la congestión judicial.
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero —a petición del presidente Santos— va a liderar el proyecto de reforma. De acuerdo con el ministro se están estudiando todas las posibilidades que no descartan un acto legislativo, en el que el presidente tiene la última palabra.
Gil Botero aseguró que hay mecanismos de origen jurídico y político que pueden cumplir el mismo objetivo. Sobre el tiempo que le queda a este Gobierno para llevar a cabo ese proceso dijo que ya se había pensado en un gran acuerdo nacional que permita adelantar una parte del proceso en esta gestión y terminar en la siguiente: «Si es un acto legislativo se darían cuatro debates y los restantes en el siguiente Gobierno», aseguró.
Si se elige el camino del acto legislativo este debe completar los ocho debates correspondientes en un lapso no superior a dos períodos legislativos consecutivos y en segunda vuelta deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de cada Cámara.
Fuente: El Tiempo
