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De acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración se han entregado más de USD $13,5 millones ($40 mil millones de pesos) a excombatientes de las FARC, así lo ratificó, Joshua Mitrotti, Director General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Mitrotti sostuvo que se le han hecho desembolsos a más de 10 mil miembros de las FARC por un monto mayor a los USD $13,5 millones ($40 mil millones de pesos) desde el pasado mes de agosto. Además, agregó, que se han registrado hasta ahora 4.888 afiliaciones a la aseguradora estatal de pensiones, Colpensiones, a miembros de la antigua guerrilla.
«En asignación única de normalización se desembolsaron 20.181 millones de pesos a 10.172 exintegrantes de las FARC. En la primera renta básica fueron 6.712 de pesos, en la segunda renta 6.626 millones de pesos y en la tercera renta básica fueron 6.565 millones de pesos», explicó.
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De esta manera, después de la dejación de armas por parte de los miembros de las FARC el pasado 16 de agosto el modelo de incorporación es compartido con el ahora movimiento político.
“Se creó el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, en donde hay dos delegados de FARC, dos delegados del Gobierno, y somos co-responsables de la reincorporación de los excombatientes”. El funcionario que hace parte del gabinete del Posconflicto en Colombia adicionó que un total de 12.014 personas han sido acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado de Paz y 10.172 han recibido los beneficios que ofrece el Gobierno.
Pese al desarme total el pasado mes de agosto aún quedan armas por extraer. El Gobierno de Juan Manuel Santos expidió un nuevo decreto que concede seis meses más para la extracción de 277 caletas faltantes que hacen parte de las FARC. Este nuevo plazo que se otorga se suma al ya consumado el primero de julio cuando se cumplió el día D más 180, el segundo plazo del primero de septiembre y una nueva prórroga que se dio el pasado 15 de septiembre. Ahora, se espera que la extracción finalice en el mes de abril de 2018 después de las elecciones legislativas en el país.
Mitrotti fue enfático en señalar que están cumpliendo con la renta básica derivada del acuerdo de La Habana, “que es el 90 % de un salario mínimo durante 24 meses para las personas que no tengan vínculo contractual. Desde agosto hemos pagado tres rentas. En el primer desembolso le cancelamos a 10.110 personas, en el segundo a 9980 y en el tercero a 9888”.
Mencionó que no se le ha podido pagar a todos los miembros ya que algunos se encuentran privados de la libertad o ya encontraron un trabajo. También informó que desde el 19 de octubre se está adelantando la formalización de 52 cooperativas en los Espacios Territoriales de Capacitación y de Reincorporación.
Por otra parte, El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, advirtió que las investigaciones por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra atribuibles a desmovilizados y máximos jefes de las FARC seguirán siendo investigador por el ente acusador, mientras se pone en marcha la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP).
“En consecuencia toda autoría que les quepa en esos crímenes internacionales y de lesa humanidad no han sido objeto de ningún beneficio por parte del Estado colombiano, todo lo contrario, tendrá que ser objeto ante la Jurisdicción Especial de Paz, pero mientras ella funciona las investigaciones tiene que quedar a cargo de la Fiscalía”, indicó Martínez.
Según el Fiscal General de no seguir con el trabajo investigativo, la Fiscal Fatou Bensouda podría dar paso a la activación de la jurisdicción penal de la Corte Penal Internacional (CPI) en el país.
“Nosotros consideramos que si bien la Fiscalía tiene que trasladarle todos estos reportes a la Jurisdicción Especial de Paz, tiene que continuar las investigaciones y tiene que seguir practicando testimonios, interrogatorio, entrevistas y recolectando pruebas o de lo contrario lo que se presentaría en Colombia sería una pérdida de jurisdicción sobre esos graves delitos y eso sería causal de intervención de la Corte Penal Internacional“, agregó el fiscal Martínez.
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