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Luego del examen de constitucionalidad hecho por la Corte Constitucional de Colombia del Acto Legislativo 01 de 2017, el cual dio origen a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y al declarar este valido pero con algunas modificaciones, algunos miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) expresaron su preocupación, pues, según los exguerrilleros, podrían ser extraditados. Por tal motivo acudieron a instancias internacionales a denunciar el incumplimiento a cabalidad del acuerdo de paz.
En una rueda de prensa, Ivan Márquez señaló que de acuerdo con la decisión de la Corte al excluir a terceros y a miembros de la fuerza pública de esa justicia especial exclusivamente será una justicia concebida para las FARC, lo cual no estaba pensado.
«Desvertebra el concepto de JEP negociado en La Habana, concebido para todos los actores del conflicto. En sentido estricto quedó como una justicia concebida exclusivamente para las FARC. Se logra que las FARC dejen las armas a un lado y nos están traicionando. Eso se llama perfidia. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero se vendrá una persecución judicial, seguramente mucha gente inconforme se levantará en armas.», dijo Márquez al leer un comunicado.
https://twitter.com/IvanMarquezFARC/status/930981963938369539
A su juicio, el condicionamiento en participación política es otro tropiezo de las modificaciones, Márquez señaló que se permite la participación democrática de los miembros de las FARC, pero al mismo tiempo establece un régimen de condicionalidad que solo se aplicaría a los exguerrilleros. “Esto rompe la simetría y al mismo tiempo deja puertas para perder fácilmente los beneficios», dijo. Sobre este punto se suma otro obstáculo; como se viene venciendo el tiempo para las inscripciones de candidatos al Congreso, la Comisión de Seguimiento a Delitos Electorales advirtió que la aspiración electoral de las FARC se vería frenada por sus antecedentes disciplinarios. Al respecto, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, dijo que no se cuenta con un mecanismo que pueda suspender estas sanciones. Juan Carlos Galindo Vaca, Registrador Nacional, explicó que para que se lleve a cabo la inscripción de las candidaturas se necesita el certificado de antecedentes disciplinarios de los exmiembros “limpio”, escenario que no ocurre para los exguerrilleros, esto se traduce en la suspensión inmediata de sus derechos políticos. El lio jurídico de permitir la inscripción de las candidaturas llevaría posteriormente a demandas de nulidad electoral e incluso incurrir en la posible comisión de un delito.
No sobra recordarles a quienes desde los extremos invitan a la rebeldía frente a la sentencia de nuestra @CConstitucional sobre la JEP, que estamos en un Estado de Derecho y que sus fallos se respetan.
— Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) November 17, 2017
Márquez específicamente dijo que la única manera de salvar el proceso de paz es a través de una movilización del pueblo en las calles, y frente a la extradición dijo, «Aunque no se refiere explícitamente al tema de la extradición, se señala que el incumplimiento de cualquiera de las exigencias del régimen de condicionalidad conlleva ‘la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías, según el caso'».
Otro de los cambios que no ha caído muy bien en las FARC es sobre los delitos de abuso sexual a menores de edad. Quienes hayan cometido el ilícito en el marco del conflicto serán excluidos de la JEP y se aplicarán las disposiciones de la justicia ordinaria. “Se aplicarán las penas ordinarias que contiene hoy nuestro ordenamiento penal, es decir de 16 a 30 años por delitos de acceso carnal en menores de edad y no de 5 a 8 años como contempla la JEP”, afirmó la congresista Maritza Rodríguez.
Mientras se espera la publicación de la decisión judicial de la Corte Constitucional, el nuevo movimiento político se refirió a que el Congreso en la aprobación de la JEP el pasado miércoles adicionó cambios sobre algunos puntos de lo negociado, “No nos explicamos la actitud del Legislativo cuando aprobó que ningún defensor de víctimas puede hacer parte de la JEP como magistrado, es increíble”, sostuvo. En la rueda de prensa Jesús Santrich se mostró molesto por la decisión del Senado, “Asistimos a la crónica de una perfidia anunciada, esto es como el inicio del fin de la paz, modificar lo pactado en la Habana es una traición del Gobierno, y advirtió que con estas decisiones se busca «meter a la cárcel y posteriormente extraditar a los excombatientes de las FARC.”, afirmó, por su parte. Los cambios que se hicieron desde el Congreso radican en que los máximos responsables de crímenes de guerra podrán ocupar cargos de elección popular con la mera manifestación de someterse a la Justicia Especial de Paz, en el entendido de que las sanciones que imponga esta jurisdicción no privan el ejercicio político a menos que sea una medida intramural.
Desde los movimientos políticos se han hecho varias apreciaciones al respecto. El Partido de la U, que en su cabeza se encuentra el presidente Juan Manuel Santos, apoya rotundamente la participación de los exguerrilleros en política sin someterse a la justicia especial, esta declaración ha calado dentro de la opinión de la oposición y han manifestado su total rechazo. Movimientos políticos como Centro Democratico, Cambio Radical, Partido Conservador e incluso la Alianza Verde han defendido durante las discusiones del proyecto en el Congreso la idea de que, si bien el acuerdo plantea la participación política de FARC, estos deben primero pasar por el rasero de la justicia, en otras palabras, no van a aprobar que, por ejemplo, Timochenko pueda perfectamente ser candidato presidencial sin ser sometido a una pena. De otro lado, el jede de la colectividad de la U, Aurelio Iragorri, se ha unido al llamado del presidente Juan Manuel Santos al Congreso de que no se dilate más la aprobación de la columna vertebral del acuerdo de paz. Además, sostuvo que en el acuerdo se había pactado la participación de los miembros de las FARC sin probar un día de cárcel, sino con medidas efectivas que no necesariamente son la restricción de la libertad.
“Los prefiero participando en política que matando a los colombianos. Esa es la esencia del acuerdo: cambiar esas armas por la lengua y permítannos aquí, en el partido de la U, el partido del presidente Santos, derrotarlos en las urnas”, afirmó.
En el descontento de las FARC ante los muchos baches que ha enfrentado la puesta en marcha de la JEP, Rodrigo Londoño Timochenko denunció ante la ONU al Estado colombiano ante el incumplimiento del acuerdo de paz. Timochenko envió un documento al organismo internacional en la que manifiesta una serie de incumplimientos de los compromisos adquiridos por el Gobierno en la implementación del acuerdo de paz. Explicó que lo ocurrido en las últimas fechas con relación a la reincorporación de excombatientes, la Jurisdicción Especial de Paz y la aprobación del acuerdo en el Congreso ha tenido demoras que no se justifican.
#BuenViernes
Carta abierta al Secretario General de @ONU_es @antonioguterres, Transmito a Usted el saludo afectuoso de nuestro partido político FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN. ?— Rodrigo Londoño (@TimoComunes) November 17, 2017
“Quisiera poner de presente al señor Secretario General, que mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, declarado exequible por la misma Corte Constitucional, todas las autoridades e instituciones del Estado quedaron obligadas a cumplir fielmente con el contenido de los acuerdos de paz, lo cual asombrosamente pasa a ser desconocido por la misma Corte Constitucional en su reciente fallo.”, se lee en la misiva.
En ese sentido, Jeffrey Feltman, secretario general para asuntos políticos de la ONU, indicó que el organismo internacional ha estado pendiente de la evolución del proceso de paz en Colombia y que la Comunidad internacional no aceptaría que Colombia incumpla acuerdo con FARC. Esto concuerda con la reciente decisión de la Unión Europea la cual excluye a las FARC de lista de grupos terroristas.
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