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El Gobierno colombiano, luego de haber firmado el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, viene sufriendo sacudidas por parte de las disidencias, el aumento del narcotráfico y el masivo ataque a líderes sociales. Lo que se podría llamar “éxito del proceso de paz” es medido por la seguridad que se vive en zonas donde el grupo guerrillero tenía presencia y desde allí mismo delinquía.
Si bien es cierto, como apunta CrisisWatch, (boletín de alerta temprana mensual elaborado por CrisisGroup en el que proporciona una actualización periódica sobre el estado de las situaciones de conflicto más importantes del mundo) este fenómeno se ha reducido, no es menos cierto que ha habido dificultades para consolidar a paz, a raíz de la oportunidad de retomar territorios para obtener ingresos ilícitos e imponer su autoridad política a nivel local.
En el mismo informe el organismo detalla que el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) continua en enfrentamientos en algunas regiones con otros grupos armados, mientras que las disidencias de las FARC continúan expandiéndose a lo largo del país.
En la ciudad costera de Tumaco ubicado en el suroccidente del Departamento de Nariño aumentó la violencia, según datos extraoficiales en esa zona dos disidencias luchan por el control, además de la presencia de Bandas Criminales (Bacrim), en el ultimo mes del 2017 más de 30 personas murieron en combates. Asimismo, tan solo en el mes de diciembre, la Armada Nacional de Colombia capturó a cinco integrantes de la disidencia de las FARC en área rural de Tumaco. Los guerrilleros tenían en su poder armamento y llevaban a cabo actividades de narcotráfico y extorsión en la región.
Según las investigaciones, los disidentes capturados atendían ordenes de Walter Patricio Artízala Vernaza, alias “William Quiñonez” o “Guacho”, que tendría el control de cultivos de coca cerca a los dos ríos Mira y Mataje que corren por la frontera entre Ecuador y Colombia. De esta manera, se desplegó un importante operativo de 2000 hombres hacia el departamento de Nariño, en especial a Tumaco para combatir a los grupos de narcotráfico, disidencias de las FARC, y delincuencia organizada.
En este sentido, no se ha logrado la consolidación de la paz en algunos territorios. La ola de asesinatos contra líderes sociales, activistas y representantes de comunidades campesinas no se detiene. A la fecha más de 100 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en el transcurso de un año y medio.
Por otra parte, el incremento de ataques armados en el departamento del Norte de Santander durante diciembre a lo largo de la frontera con Venezuela es atribuido principalmente a la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) grupo guerrillero disidente del proceso de paz adelantado en la década de los 90, en el que su principal fuerte es el tráfico de drogas.
Desde las montañas del Catatumbo, en el noreste del departamento de Norte de Santander, una disidencia del EPL denominada ‘Los Pelusos’ enviaron un mensaje en el que se calificaron a sí mismos como una “Guerrilla político militar”. Este grupo guerrillero se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno. Ahora los autodenominados “guerrilla activa” tienen alrededor de 152 hombres en sus filas haciendo presencia en puntos estratégicos en los corregimientos San Pablo (Teorama), Filo El Gringo (El Tarra), Aspasica y La Vega (La Playa de Belén) para custodiar rutas de narcotráfico en el Norte de Santander.
CrisisGroup señaló que las Bacrim o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se encuentran a disposición de buscar una salida negociada, razón por la cual decidieron mediante un comunicado decretar un cese al fuego unilateral el pasado 13 de diciembre. Sin embargo, el Gobierno hizo caso omiso al comunicado asegurando que seguirá atacando a las Autodefensas Gaitanistas. El comunicado publicado en su página web señalaba:
“A pesar de que en el momento no existe un marco normativo para el acogimiento colectivo de las AGC, continuamos comprometidos con los esfuerzos que nos permitan contribuir con una paz integral, total y duradera con el compromiso de no repetición para el país, como lo expresamos en la visita del Papa Francisco, que publicamos en septiembre, y el llamado que hizo la iglesia católica para lograr la reconciliación nacional [sic].”
La Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) denunció que en varias zonas del país siguen presentándose casos de robo de ganado y extorsión a los ganaderos, que detrás de este tipo de prácticas estaría la guerrilla del ELN y disidencias de las FARC. La extorsión por parte de estos grupos criminales se estaría ejecutando especialmente en las zonas de Magdalena, Magdalena Medio, Bolívar, Norte de Santander, Meta, Caquetá. Por ejemplo, dijo Lafaurie, que en la zona del Caquetá donde hay una fuerte presencia de disidencias de las FARC se estaría cobrando hasta COP $10.000 (USD $3,4) por hectárea, de COP $1.000 a 1.500 por animal (USD $0,5), y cobran también por litro de leche que sale de la zona a los sitios de transformación.
A propósito del ELN que acordó un cese al fuego bilateral que esta por terminar este 9 de enero, preparó y capacitó en el pasado mes de diciembre a más de 50 guerrilleros en la “III Escuela de suboficiales Héroes y Mártires del Pacífico Colombiano”. En un video publicado por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, aseguran que al finalizar el cese al fuego vendrá una arremetida militar.
De acuerdo con la Organización de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), el desplazamiento masivo de personas sigue ocurriendo en Colombia. En 2017 un número de 139.359 personas fueron desplazadas de sus lugares originarios, que comparado con 2016 registró un incremento del 32 % en el que el 26 % son personas afrocolombianas e indígenas, la causa se debe al incremento de enfrentamientos de grupos al margen de la ley.
