Gobierno de Santos implementa costoso programa para impedir reclutamiento de menores: ¿tendrá efecto?

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En Colombia, el reclutamiento de menores constituye un crimen de guerra reconocido por la legislación penal del país y también por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. (Youtube)
En Colombia, el reclutamiento de menores constituye un crimen de guerra reconocido por la legislación penal del país y también por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. (Youtube)

En la fase del posconflicto colombiano crece el riesgo de reclutamiento de menores en 166 municipios. Detrás del alistamiento estarían disidencias de las FARC y bandas criminales. Es por ello que el Gobierno y organizaciones internacionales han puesto en marcha un plan para contrarrestar este fenómeno.

El reclutamiento de niños no se terminó tras el acuerdo con las FARC, los grupos armados ilegales que ocuparon los espacios que dejo el delinquir de esta guerrilla siguen vinculando menores a través de nuevas modalidades, así lo denunció Paula Gaviria, Alta Consejera Presidencial para los Derechos Humanos.

“No se extrae a la persona de su comunidad, de su hogar, sino que se les paga un dinero para que realicen alguna actividad ilegal”, dijo Gaviria en el marco del lanzamiento del programa estatal ‘Mi futuro es hoy’.

Al mismo tiempo, Roberto Bernardi, representante de Unicef en Colombia denunció que “algunos de estos grupos armados ilegales, en particular, las disidencias de las FARC empiezan ofreciendo cantidades significativas de dinero a estos jóvenes tratando de incorporarlos en sus filas”.

Según los representantes de organismos internacionales que trabajan por la niñez, para reclutar a los menores se incentiva a los jóvenes a través del consumo de drogas. “Se les induce al consumo a muchos de ellos para que una vez quedan dependientes del consumo puedan continuar en esa red de criminalidad”.

Al menos 27.000 niños, niñas, y adolescentes que habitan en 166 municipios de Colombia corren el peligro de ser recrutados. De igual manera, Gaviria advierte que en los departamentos en los que existe una fuerte concentración de beligerancia existe mayor peligro para el reclutamiento.

 

Los departamentos en los que el Gobierno ha puesto sus ojos son Antioquia, Caquetá, Chocó, Guaviare, Meta, Putumayo, Tolima, entre otros. Mediante el programa ‘Mi futuro es hoy’, un plan integral de acción, el Gobierno pretende contrarrestar el desplazamiento y reclutamiento de los menores por parte de estos grupos ilegales.

En Colombia, el reclutamiento de menores constituye un crimen de guerra reconocido por la legislación penal del país y también por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Este delito, de naturaleza gravosa para la víctima, afecta sus derechos fundamentales de manera directa. Tanto la dignidad del menor y sus derechos fundamentales se ven amenazados al obligarlos a participar en el conflicto armado. Menores que son blancos más fáciles en los enfrentamientos debido a su inexperiencia en la guerra.

En una investigación, realizada por la abogada Paula Andrea Ramírez, señala que las autoridades aún no tienen las cifras exactas del número de menores que siguen siendo forzados a integrar las filas de los grupos armados. Por ejemplo, en la investigación se indica que el informe de Human Rights Watch de 2003 se estimó que al menos uno de cada cuatro combatientes es menor de 18 años. En esa misma linea, un informe elaborado por la Unicef  sobre la infancia y la adolescencia de 2007 afirma que en Colombia el 14 % de los niños y niñas que se vinculan al conflicto lo hacen “voluntariamente”. De estos, un “33.3% lo hacen por atracción a las armas y uniformes, otro 33.3% por pobreza, un 16.6% por relación cotidiana con los grupos armados y un 8.3% por enamoramiento o decepción amorosa”, se lee en la investigación de Ramírez titulada El reclutamiento de menores en el conflicto armado colombiano. Aproximación al crimen de guerra.

Como reseñó El Tiempo en un informe entregado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre 1999 y 2013 fueron 5.181 los menores recuperados del conflicto. De ellos, un 59 % (3.076 menores) habían sido reclutados por las FARC; 1.054 por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); 774 por el ELN y 152 por las bandas criminales.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha emitido varios informes de riesgo sobre la violencia que se vive en la zona del Pacífico colombiano por presencia de ‘Gaitanistas’ (banda criminal), ELN y la ‘Gente del Orden’ (banda criminal).

El programa contra el reclutamiento de menores que se financiará con dinero del posconflicto (inversión extranjera, endeudamiento del Gobierno e impuestos) se aplicará por 18 meses en 20 departamentos en el país y tendrá un costo de 4,6 billones COP (USD $1.637.000.000). El proyecto busca brindar apoyo a 27.000 menores entre los 12 y 18 años y contar con la participación de 15.000 familias.

PanAm Post habló con el periodista Eduardo Mackenzie, autor de la obra Las FARC: El Fracaso de un Terrorismo, sobre el riesgo de reclutamiento de menores de edad en el posconflicto. Para Mackenzie el reclutamiento de menores es el camino más fácil, aunque sea el más criminal, para reforzar sus filas.

“Los menores son vírgenes en política e inferiores desde el punto de vista físico-intelectual; son carne de cañón manipulable. Por eso reclutan menores, por ser la parte más vulnerable de la población, la más desamparada. La cobardía del reclutamiento de menores es evidente. Sin embargo, el Gobierno no se da por aludido”.

Y fue mas allá al señalar que no existe tal cosa como las disidencias de las FARC:

“Para mí no hay “disidencias” de las Farc. Si las hubiera habría combates entre ellas. Las FARC siguen siendo una sola banda, con dos cuerpos especializados: uno para seguir en el narcoterrorismo y la otra para hacer campaña electoral, como siempre lo hicieron, bajo la cubertura del Partido Comunista Colombiano (PCC) y de sus coaliciones de circunstancia”.

Finalmente, el periodista precisó que el reclutamiento de menores resulta de esa estrategia con dos líneas simultaneas: “Es la vieja combinación de las formas de delitos y de acción legal abierta”.

Por otra parte, el Tribunal de Cundinamarca hará seguimiento a la entrega de menores de las FARC, luego de haberse interpuesto una demanda desde diciembre del año pasado en la que se denuncia que existe una falta de información confiable y suficiente sobre el número de menores reclutados y entregados por este grupo guerrillero.

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