English Version
El posconflicto en Colombia se ha enfrentado a difíciles retos, entre ellos la implementación de lo acordado en La Habana. Sin embargo, una de las mayores dificultades ha resultado ser las disidencias de las FARC, aquellos subversivos que no quisieron acogerse al acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano.
Este grupo de integrantes que se revelaron y mostraron inconformidad con el mando central de esa guerrilla ahora expanden su empresa criminal por todo lo largo y ancho del país.
De acuerdo con la información publicada este mes por la Fundación Ideas Para La Paz , se estaría hablando de 1000 disidentes y que este número podría llegar a 1500, a pesar de que el Gobierno, particularmente el Ministerio de Defensa, es reticente y no cree que haya más de 700 hombres.
El modus operandi de estos grupos sigue siendo la operatividad que regía a las FARC. Si bien son minoritarios en comparación con la exguerrilla de las FARC o el ELN, han logrado ejecutar hostigamientos desde junio de 2016 a la fecha.
Incluso se habla que también operan y reclutan en territorio venezolano, específicamente en Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, según recientes denuncias de Javier Tarazona, director de la Fundación Redes en Venezuela.
Las razones que motivaron a estos hombres a apartarse del proceso de paz y seguir con la lucha guerrillera ligada al narcotráfico y minería ilegal son producto de la lenta implementación del acuerdo de paz por parte del Estado colombiano.
En octubre de 2017 se presentó un incidente en el que Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’, huyó de manera temporal de la zona de concentración donde se albergaba (Miravalle, San Vicente del Caguán, Caquetá). Iván Márquez, líder de las FARC y ahora candidato al Senado de Colombia, señaló en su momento que el exjefe de la columna Teófilo Forero salió por desconfianza, cansancio y molestia.
“He dicho que el cansancio y la molestia se ubica en los incumplimientos del Gobierno en el desembolso de los recursos parar impulsar los diversos proyectos productivos que están en mente para desarrollos, para resolver el problema económico y social de los guerrilleros, el futuro de vida de los que están en estos espacios territoriales de capacitación y reincorporación”, dijo Márquez.
Lo que impidió su huida se logró gracias a la mediación de los exjefes de esa guerrilla que tuvieron que ir hasta esa zona y convencerlo de no desertar. En este sentido, se especulaba que la fuga de alias ‘El Paisa’ era con el fin de manejar el frente 1 de las FARC.
Estos diferentes frentes disidentes de las FARC están siendo liderados por hombres con experiencia en guerra que antes manejaban los mandos medios de esa guerrilla.
La responsabilidad, según Análisis Urbano, también recae sobre los dirigentes del hoy movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) por estar ocupados en el adelantamiento de las respectivas campañas políticas de los miembros de ese partido y descuidar a los hombres que se encuentran en las zonas de normalización.
¿Reincidencia?
En las ultimas semanas, el frente 36 ha reforzado su presencia en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia. Al mismo tiempo, este frente adelantó homicidios selectivos y masivos que se intensificaron en diciembre de 2017. El control que ejerce esta guerrilla también es de orden social, prohíben a los habitantes del municipio circular por las vías rurales entre entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana.
Según Ideas Para la Paz, cerca de 130 exintegrantes de los frentes 36 y 18 de las FARC conforman este grupo, coordinados por alias ‘Cabuyo’ y alias ‘Carnitas’, y cuentan con presencia en los municipios de Briceño e Ituango, ubicados en el mismo departamento.
Estos hombres alcanzaron a reunirse en las zonas de concentración diseñadas por el Gobierno y participaron en el proceso de dejación de armas, lo que significa que es un claro ejemplo de reincidencia.
No obstante, el Gobierno asegura que esta disidencia del Frente 36 no tiene las mismas características que otros grupos que sí son reconocidos como Grupos Armados Organizados Residuales (GAO) por el ministerio de Defensa.
Los disidentes cuentan con un mando, un territorio de influencia y acciones sostenidas, mientras las otras estructuras solo son un grupo “de delincuentes” dedicado al narcotráfico, según la directiva ministerial.
El malestar por el programa de sustitución de cultivos también los habría llevado a rearmarse con el fin de retomar el control del microtráfico y regular la compra y venta de pasta de coca y cocaína. Además, estarían instalando minas antipersonal y amenazando a aquellos que se encuentren activos en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos.
Su presencia en esa zona en especial se debe también al objetivo de frenar la presencia de crimen organizado o paramilitares, grupos que históricamente han sido rivales.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ha solicitado que el Frente 36 sea catalogado como disidencia y ha afirmado que no solo se trata de la estructura liderada por “Cabuyo”, también hay otros exintegrantes de FARC que están armando organizaciones criminales.
Yo personalmente pasé esa solicitud al Gobierno Nacional. Manifesté que en Ituango y parte de Briceño está ‘Cabuyo’ con un grupo dedicándose al narcotráfico. A parte de esto también denuncié a ‘Diomedes’ que también fue de las FARC y que está reorganizando grupos criminales en Yarumal; y algo similar pasa con otro excombatiente de ellos, alias ‘Luisito’ en Amalfi.
Disidencias confirmadas
Según declaraciones del Gobierno y la Fuerza Pública, las disidencias de las FARC confirmadas en el país son las siguientes:
En Nariño:
El Frente Oliver Sinisterra (FOS) o Guerrillas Unidas del Sur, liderados por alias ‘Guacho’, quien también ha incursionado con sus hombres en Ecuador y realizado ataques en ese país. Este grupo es integrado por excombatientes del Frente 29, Columna Móvil Daniel Aldana y la Columna Móvil Mariscal Sucre.
Excombatientes del Frente 29 y de la Columna Movil Mariscal Sucre conformarían la Resistencia Campesina y Los de Sábalo.
En Cauca:
Cuenta con la presencia de los frentes 6 (Norte) y 30 (Norte-Pacífico), y las Columnas Móviles Jacobo Arenas y Miller Perdomo (Norte del Cauca y Sur del Valle).
En Antioquia:
Integrantes de los frentes 18 y 36 al mando de alias ‘Carnitas’ y ‘Cabuyo’.
En Oriente – Sur (Guaviare – Vaupés – Guainía y Sur de Meta – Caquetá – Putumayo):
Miembros de los frentes 1, 7, 14, 40 y 62, adremás habría facciones de los frentes 16 y 44 y la Columna Móvil Acacio Medina.
Adicionalmente, de los frentes 7, 14 y 62, en Caquetá, sur de Meta y el occidente de Guaviare, encabezadas por ‘Gentil Duarte’ y quien habría reemplazado a ‘Euclides Mora’, abatido por las Fuerzas Militares.
Del frente 40, en Mesetas (Meta), al mando de ‘Calarcá’. Del frente 1 en Guaviare, Vaupés, occidente de Guanía y sur de Meta con contados exintegrantes del frente 44, al mando de ‘Iván Mordisco’.
Integrantes del Acacio Medina y frente 16 en Vichada, quienes se estarían moviendo hacia el norte, en límites entre Casanare y Arauca, liderados por ‘John 40’ y ‘Chuspas’, respectivamente.
Además de miembros del frente 48 al mando de alias “Wilder” en Puerto Asís, Valle del Guamuez y San Miguel.
Amenaza electoral
De acuerdo con un informe presentado por la Defensoría del Pueblo en cabeza de Carlos Alfonso Negret, se confirmó una alerta temprana de riesgo electoral en 87 municipios, donde existe la posibilidad de hostigamientos por parte de diferentes grupos armados, entre ellos disidencia de las FARC.
Los departamentos con riesgo extremo son Antioquia (en 20 municipios); Bolívar (13); Chocó (12); Nariño (10); Norte de Santander (8); Cauca (7); Arauca (5); Guaviare (4); Caquetá (3); Meta (2) y Casanare, Putumayo y Risaralda (con 1 cada uno).
Según con ese informe, los grupos armados ilegales que más riesgo causan son el ELN (en 148 municipios); las ‘Autodefensas Gaitanistas’ (127); las disidencias de Farc (78); otros grupos posdesmovilización (70) y el EPL (17).
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo le hizo un llamado al Gobierno nacional para que tome todas las medidas de protección y todas las garantías de seguridad, tanto para candidatos como para electores.
