Posible corrupción en el manejo de recursos para el posconflicto en Colombia

¿Qué sucedió con los $ 4.5 millones para la financiación de la justicia especial para la paz?

414
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló este jueves, graves inconsistencias en el manejo de los recursos del posconflicto. (Archivo)

En Colombia, está claro que se estaría destapando un escenario de corrupción con recursos del posconflicto.

Las naciones que apoyaron con financiamiento la justicia especial para la paz (JEP), que juzga a los guerrilleros de FARC y actores del conflicto, exigieron explicaciones sobre la inversión de estos recursos tras la denuncia de Judicial Watch y la renuncia de Néstor Raúl Correa, secretario general de la JEP.

Se ha empezado a tejer hipótesis de un nuevo cartel de corrupción, esta vez seria llamado el “cartel de la paz”.

Semanas atrás, los embajadores de Suiza, Noruega y Suecia en Colombia le pidieron al Ministerio de Hacienda convocar una reunión inmediata para hablar del manejo que se le ha dado a los fondos que sus países entregaron para el posconflicto y que son gestionados mediante el Fondo Colombia Sostenible (FCS).

Al mismo tiempo, los agentes diplomáticos piden explicación por la no renovación del contrato a Marcela Huertas, jefe de la Unidad Técnica Consultiva (UTC) del FCS, que depende del Fondo Colombia en Paz.

Estas denuncias encajan luego de la renuncia de Correa, secretario de la JEP, tras el seguimiento de la Contraloría General de la Republica para saber que sucedió con la suma de USD $ 4.5 millones aportados para la financiación de la justicia especial que condenaría a los actores del conflicto armado en Colombia.

En un video conocido por Noticias RCN, se evidencia una escasa dotación de las sedes de la JEP. Por ejemplo, en el piso 11, no hay líneas telefónicas y en otra dependencia están sin muebles.  Asimismo, de los 157 funcionarios que deberían estar trabajando, 21 lo están haciendo con sus computadores personales.

Cabe destacar la denuncia que conoció meses atrás PanAm Post sobre la JEP: la millonaria inversión en contraposición con la jurisdicción ordinaria que se sostiene con pocos empleados y miles de procesos. En este sentido, uno de los principales interrogantes es si se justifica que esta justicia cuente 873 funcionarios.

Lo que descubrió Judicial Watch

La fundación norteamericana, Judicial Watch, a través de un documento, denunció el papel de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Colombia.

“Judicial Watch anunció que presentó demandas de la Ley de Libertad de Información (FOIA) contra el Departamento de Estado de los EE. UU. y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por los registros relacionados con su financiación de las actividades políticas de las Fundaciones Soros Open Society de Rumanía y Soros Open Society Foundations of Colombia”, señala el documento que explica que portales afines a Soros se han visto favorecidos con grandes sumas de dinero.

Según el informe, millones de dólares destinados para la ayuda al posconflicto en Colombia terminaron en “propaganda política” y en la presunta financiación de portales colombianos propagandistas. Entre ellos estarían, “La Silla Vacía, Fundación Ideas para la Paz, DeJusticia, Las Dos Orillas, Corporación Nuevo Arco Iris, Paz y reconciliación y Global Drug Policy Program”, precisa.

Además, el informe establece que cada portal recibió una fuerte suma de dinero y que por esa razón exige la publicación de los documentos oficiales en los cuales se explique por qué estos portales colombianos estarían presuntamente siendo financiados desde EE. UU.

“En 2016, las Open Society Foundations de Soros donaron más de USD $ 3.3 millones a organizaciones que operan en Colombia. Varias de esas organizaciones también han recibido apoyo financiero del Gobierno de los Estados Unidos, habiendo recibido más de USD $ 5 millones del Departamento de Estado, USAID y la Fundación Interamericana en los últimos años. Una de las entidades financiadas por Soros, una organización de defensa LGBTI, también fue seleccionada por la Fundación Interamericana como organización socia en su iniciativa de proyecto de paz en Colombia”, indica el informe de Judicial Watch.

En este sentido, Judicial Watch interpuso una demanda ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos para esclarecer las razones que motivaron esta financiación de Soros en Colombia y en Rumania financió información política de izquierda y con “propaganda” a través de los citados portales.

Precisamente, el 20 de noviembre de 2015, el Gobierno colombiano y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) firmaron un acuerdo de cooperación por un monto de USD $ 636 millones para invertir en iniciativas de paz. Dicho acuerdo, fue suscrito por el director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), Alejandro Gamboa, y el director de USAID, Peter Natiello.

El mando de Néstor Raúl Correa

Correa tomó posesión de su cargo el pasado 11 de febrero de 2017. Su elección fue adelantada por un comité de las Naciones Unidas. Su llegada a la JEP fue criticada por parte de algunos sectores políticos y representantes de víctimas del conflicto armado. Correa, una vez montado en la JEP, emitió “medidas cautelares” a los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con el fin de realizar futuras investigaciones sobre el escenario de las “chuzadas”, acción judicial que fue desestimada por las autoridades.

El funcionario tambien había sido cuestionado por el alquiler de varios vehículos sin blindaje para 38 magitrados de esta justicia especial, fueron arrendados y no comprados para tal fin.

Sobre la denuncia, la Justicia Especial para la Paz respondió a través de un comunicado que la ley prohíbe la compra de los vehículos y que “no existía ni existe aún una disposición legal que incluya a los funcionarios de la JEP, entre aquellos que por razón de su cargo deban contar con esquemas de seguridad predeterminados”. (Vea aquí el comunicado de la JEP).

Para el abogado y especialista en análisis económico del derecho, Daniel Monroy, la renuncia del secretario de la JEP es un síntoma del letargo del Gobierno por la implementación.

“Si hubo manejos inadecuados por parte del exsecretario, pues que se abran las investigaciones y se sancione en tal caso. Eso es lo obvio. Ahí no hay nada que discutir.”

E insistió, “los cuestionamientos y retrasos en la ejecución de los recursos de la JEP es un síntoma de un problema mucho más estructural.”

Fiscalía y Procuraduría investigan

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló este jueves graves inconsistencias en el manejo de los recursos del posconflicto, entre las que estaría una red de intermediarios interesados en quedarse con millonarios contratos de proyectos productivos.

El jefe del ente acusador, a través de una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, sostuvo que levantó la reserva de la investigación por considerar que los hechos son sumamente graves.

“La sociedad colombiana está preocupada por el manejo de los recursos para el posconflicto y en particular para unos recursos que tienen que ser sagrados, que son justamente los que se han venido apropiando del presupuesto nacional por virtud de la cooperación internacional para desarrollar proyectos productivos en beneficio de un grupo de reinsertados a quienes la sociedad les tiene que ofrecer alternativas de economía lícita”.

Por lo anterior, Martínez le pidió al presidente Santos autorizar la intervención de dichos procesos, con el fin de garantizar transparencia.

“Si los recursos para esos proyectos productivos se desvían no sólo vamos a cometer una felonía, sino que le haremos un grave daño al proceso de reconciliación de los colombianos”.

Según el periódico El Tiempo, “hace tres meses, la Contraloría le solicitó a Correa justificar en qué invirtió 11.765 millones de pesos de los 36.752 millones disponibles. Su respuesta inicial no dejó satisfecha a la entidad: dijo que Gloria Ospina, cabeza del Fondo Colombia en Paz, es quien debe responder”.

 

Defensa del Gobierno

El Comité Directivo de Colombia Sostenible que está a cargo del manejo de los USD $ 200 millones donados por esos países, dijo en un comunicado que cuando los diplomáticos pidieron más transparencia se referían a que el público tuviera acceso a la información sobre “la operatividad de Colombia Sostenible, la cual estará disponible en la página www.posconflicto.gov.co a partir del mes en curso”.

Conjuntamente, piden que sea explicada la razón de la salida de Marcela Huertas, quien era la coordinadora del Fondo Colombia Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una de las 4 subcuentas del Fondo Colombia en Paz.

Al respecto, el Gobierno colombiano tomó la decisión de no renovar ese contrato que tenía vigencia hasta el pasado 20 de marzo. “El nuevo proceso de selección del nuevo coordinador o coordinadora de la UTC, se está realizando con la mayor rigurosidad bajo los principios de contratación del Banco Interamericano de Desarrollo”, se lee en el documento emitido por el Gobierno colombiano.

Respecto a las inquietudes por la implementación de los proyectos del posconflicto, se asegura que estos están en etapa de formulación y serán ejecutados a través de convocatorias.

Comentarios