Marlon Marín, sobrino del exjefe guerrillero de FARC Iván Márquez, sería el cerebro de la compraventa de coca con el cartel de Sinaloa que involucra a uno de los negociantes de paz del exgrupo guerrillero, Jesús Santrich.
En las grabaciones reveladas por la Fiscalía colombiana se escucha a Marín, quien habría iniciado los contactos con los mexicanos para el envío de droga y posteriormente el cierre de venta. En los audios también aparece la voz de Santrich, razón suficiente para inculparlo, de acuerdo con el organismo internacional.
Marlon Marín, sobrino de Márquez y consejero de Santrich
Para la DEA, el sobrino de Márquez sería el encargado de enviar las 10 toneladas de droga con destino a Estados Unidos.
“Desde al menos junio del 2017 a abril de 2018, conspiró con otros para producir y distribuir 10.000 kilogramos de cocaína en Colombia, para ser importada a EE. UU. y otras regiones”, señala un comunicado de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Según el indictment (acusación formal) Marín preparó una entrega previa de 5 kilos de cocaína en el lobby de un hotel de Bogotá para demostrar a los mexicanos que estaban comprando droga de “calidad”. La muestra habría llegado a las manos de Rafael Caro Quintero, líder del Cartel de Sinaloa. Precisamente Estados Unidos ofreció una millonaria recompensa de USD $ 20 millones para aquel que brinde información que lleve a la localización y respectiva captura del capo mexicano.
La DEA y la corte del Distrito sur de Nueva York aseguran que por orden de Santrich, Marín estaba encargado de la logística y entrega del estupefaciente. Además, que Marín y sus cómplices eran miembros y asociados de las FARC, añade.
Del mismo modo, la investigación criminal señala que Marín fue quien se obligó con el Cartel de Sinaloa de enviar la cocaína después del pago de los USD $ 5 millones, por 7 toneladas del alcaloide, y los 3 que restaban un mes después.
De acuerdo con una fuente de El Colombiano los cultivos de coca de los que saldría la pasta para negociar con los mexicanos se encuentran en las zonas de Putumayo, Caquetá y Guainía. Desde ese lugar saldría el cargamento vía terrestre a Venezuela, luego serían enviados a México vía aérea pasando por una isla del Caribe y llevando la droga a EE. UU.
Estas zonas estarían gobernadas por disidencia de las FARC, específicamente por estructuras lideradas por alias Gentil Duarte, hombre experimentado en guerra y con capacidad de mando. Se le señala de tener nexos con las disidencias de los frentes 1, 7, 27, 16, 47 y 53.
La defensa de Santrich
Santrich, quien a la fecha ocupa una curul en el Congreso de la República en Colombia gracias al acuerdo de paz se declara inocente. Su critica ha sido constante, sumada a la de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) que manifiesta que la reclusión del exjefe guerrillero es un “golpe proveniente del exterior” al proceso de paz y a la participación de los exguerrilleros en política.
El exjefe guerrillero posiblemente será extraditado a ese país, sin embargo, primero deberá pronunciarse el juez natural, que para este caso es la Jurisdicción Especial para Paz (JEP), justicia especial fuertemente cuestionada por presunta malversación de recursos y dilaciones en la puesta de ejecución.
Además, Santrich, desde el bunker de la Fiscalía en Bogotá dijo “primero muerto que preso y humillado” e
hizo las siguientes peticiones:
- Libertad de todos y todas las prisioneras políticas
- Cumplimiento de todo lo acordado en La Habana
- Que se cumplan las reivindicaciones de las víctimas
- Que cese el chantaje de la extradición
Marín también estaría en escándalo de fondos de paz
Según la Fiscalía, se realizaron varios allanamientos en las oficinas de presuntos intermediarios interesados en sacar beneficios económicos de los fondos de paz.
En este sentido, fueron llamados a interrogatorio en calidad de indiciados Marlon Marín Marín, José Domingo Ardilla Neira, María Isabel Rueda Rueda, María Elvira Valencia Gómez, Sonia Velosa Mogollón, Yéssica Gómez, Nayib Vergara, Viviana Arias Garzón, y Aldemar Cuello.
La hipótesis del ente acusador es que “estas personas habrían conformado un grupo que tenía roles específicos asignados para cada tema” y así usurpar los recursos destinados para el psoconflicto.
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, advirtió el pasado 5 de abril que los proyectos para el posconflicto estarían sumidos en una red de corrupción. Mientras tanto, el Gobierno ha negado el mal manejo de los recursos de los fondos de paz.