Colombia: aprobado proyecto de ley que busca sometimiento de bacrim

El principal beneficio de la ley es la reducción del 50 % de la pena para aquellos que se acojan a la normatividad.

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La iniciativa fue agendada y discutida en las respectivas plenarias antes de ocuparse del proyecto que establece los procedimientos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). (Fotomontaje PanAm Post)

El Congreso colombiano aprobó en último debate al cierre de la legislatura el proyecto de ley que busca el sometimiento colectivo a la justicia de bandas criminales (bacrim) a cambio de algunos beneficios. Ahora el proyecto pasa a sanción presidencial para que se convierta formalmente el ley.

El principal beneficio de la ley es la reducción del 50 % de la pena para aquellos que se acojan a la normatividad. De acuerdo con los cálculos, esta ley no podrá ser aplicada en lo que queda del Gobierno de Juan Manuel Santos, pero si la Corte Constitucional avala el mecanismo jurídico estará vigente poco después de que el presidente electo, Iván Duque, asuma su mandato.

Este proyecto de ley fue iniciativa del actual Gobierno, el cual fue tramitado con urgencia y logró el apoyo de todas las bancadas políticas, incluso la del Centro Democrático, principal partido opositor de la reglamentación del proceso de paz.

La iniciativa fue agendada y discutida en las respectivas plenarias antes de ocuparse del proyecto que establece los procedimientos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

En la aplicación de esta ley también podrían verse beneficiados las actuales disidencias de las FARC, grupos armados que no quisieron acogerse al proceso de paz entre la anterior guerrilla y el Gobierno Santos.

Asimismo, se estableció que para las bacrim que tengan procesos judiciales por delitos de lesa humanidad la disminución de la pena no será del 50 % sino del 30 %.

La propuesta de desmovilización del Clan del Golfo

En septiembre de 2017, luego de la muerte de Roberto Vargas (alias “Gavilán”), segundo al mando del Clan del Golfo, uno de los mayores grupos armados posdesmovilizacion desde las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, les propuso a las autoridades negociar su rendición a través de un proceso de desmovilización. La declaración confirmaba el deseo de la organización en aprovechar la atmósfera política y entrar en negociaciones de paz, como un intento de convertir al grupo criminal en un actor político.

Sin embargo, el Gobierno Santos fue claro en señalar que no lo haría por tratarse de un grupo de tipología narcotraficante. De manera que esta ley podría dar un alivio legal al Clan del Golfo, que desde hace unos meses viene intentando entablar un diálogo con el Gobierno tras los fuertes golpes de las autoridades a las finanzas de la organización, entrega de miembros de la estructura y las bajas registradas de alias “Guagua”, “Gavilán”, “Inglaterra” y “el Indio”, son algunos de los principales jefes dados de baja.

Antes bacrim ahora GAO

Actualmente, el crimen organizado en Colombia constituye una de las principales amenazas a la seguridad ciudadana y uno de los principales retos en materia de posconflicto. Precisamente luego de la desmovilización de las FARC, el Clan del Golfo ha estado ocupando regiones que anteriormente controlaba el grupo guerrillero.

En este sentido, y con el fin de contrarrestar las acciones de las organizaciones criminales, el ministerio de Defensa ha venido diseñando estrategias de implementación y de lucha para enfrentar a los Grupos Armados Organizados (GAO), que implican un cambio en la caracterización de las organizaciones de lucha contra el crimen organizado.

A través de la Directiva Ministerial permanente 015 de 2016 se establecieron parámetros para una lucha contra las GAO valiéndose del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Principalmente, estos cambios corresponden a un aumento en la capacidad de impacto de estos grupos armados organizados.

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