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En Colombia mediante una demanda piden eliminar la prohibición de porte y tenencia de armas. A juicio del demandante, el artículo 1 del Decreto 2268/2016 -por el cual se prorroga las medidas para la suspensión general de permisos para el porte de armas- es inconstitucional.
La demanda fue aceptada por el Consejo de Estado máximo tribunal de lo contencioso administrativo y podría derogar la prohibición de porte y tenencia de armas para los ciudadanos en Colombia.
El objetivo de este decreto era reducir el número de homicidios y había sido sancionado por el presidente Juan Manuel Santos en 2016. No obstante, para diciembre del mismo año fue prorrogado por el ministerio de Defensa con el argumento de que la reducción de homicidios con arma de fuego fue de 24 por cada 100 mil habitantes.
En este sentido, las medidas necesarias para mantener la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.
De acuerdo con el documento, el propósito del mismo es “mantener y preservar el conjunto de condiciones de seguridad y tranquilidad que permiten la prosperidad general, y el ejercicio de las libertades ciudadanas”.
“El Estado no puede poner en estado de indefensión a los ciudadanos”
José Niño columnista para Gunpowder Magazine y Mises Institute comentó al PanAm Post que el libre porte de armas se debería legalizar ya que traería más oportunidades en donde los ciudadanos se puedan defender en contra del hampa, delincuentes y terroristas.
“Estas políticas han funcionado en Estados Unidos en donde la liberalización de porte de armas ha reducido la delincuencia de manera súbita en los últimos años. La policía desempeña un papel imprescindible en combatir la delincuencia, pero a veces los ciudadanos no pueden contar con su auxilio. Por lo tanto, tener el derecho de armarse sirve como otra opción factible para enfrentar la delincuencia”.
La gente se opone al derecho del porte de armas debido a la desinformación divulgada por la prensa sobre el tema. “El análisis que se suele ver en la prensa carece de investigación rigurosa y además y se basa más en la emoción que la lógica”, puntualizó.
Para Gilberto Ramírez historiador y director de Unión Editorial Colombia el porte de armas debe ser legalizado, pero asegura que la verdadera restricción es al comercio porque la única forma legal de adquirir las armas es con el ejercito.
“Básicamente, el argumento económico es que existe un monopolio estatal en cabeza del Ejército Nacional, lo que obviamente no impide el comercio informal e ilegal de armas, sino que antes refuerza dicho monopolio”.
Agrega, que la única vez que Colombia ha tenido comercio libre de armas fue a mediados del siglo XIX que abarca los años entre 1853 hasta 1886 según las disposiciones constitucionales que se encuentran en la carta de 1853, 1858, 1863.
Por su parte, el abogado y defensor de víctimas de las FARC, sostuvo que el Estado no puede poner en estado de indefensión a los ciudadanos a quienes ni siquiera garantiza su vida e integridad. “No más limitaciones al derecho a la defensa de la vida e integridad”, dijo.
