Propuesta para frenar minería ilegal no convence del todo en Colombia

La Fiscalía de Colombia propuso que el Banco de la República debería tener el monopolio de la compro y venta de oro.

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Martínez aseguró que desde hace cuatro años, la Fiscalía ha judicializado a cuatro comercializadoras internacionales de oro y a más de 50 proveedores nacionales que habrían lavado activos. (Facebook)

La idea de combatir el crimen organizado que está detrás de la minería en Colombia parece no convencer del todo. Según el Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, para frenar y combatir este flagelo el Banco de la República debería tener el monopolio de la compra y venta de oro.

En un documento enviado al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el fiscal Martínez le expresó la necesidad que el banco central colombiano tenga de nuevo en sus manos el monopolio de la compra y venta de oro con el fin de evitar que el mineral siga dentro del mercado ilegal.

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“Tal como lo he manifestado públicamente, estas circunstancias hacen necesario adoptar decisiones que impidan la profundización de esta industria ilícita, lo que, en nuestro entender, pasa necesariamente por la necesidad de restablecer en cabeza del Banco de la República el monopolio de la compra de oro en el país”, afirmó el fiscal.

Sin embargo, el economista liberal Luis Guillermo Vélez le dijo a PanAm Post que la propuesta de devolverle el monopolio de la compra y venta de oro al Banco de la República es una muy mala idea.

«Cada compra de oro expande la oferta monetaria, cada venta la contrae. La política monetaria tendría que acomodarse al mercado del oro. Sería difícil el control de la inflación, pues el Banco de la República perdería autonomía para realizar OMA [operaciones de mercado abierto] y manejar la tasa repo en función de la meta de inflación”. Y agregó, que también se dificultaría la intervención en el mercado cambiario.

El fiscal Martínez aseguró que desde hace cuatro años, la fiscalía viene trabajando en este tema y ha judicializado a cuatro comercializadoras internacionales de oro y a más de 50 proveedores nacionales que habrían lavado activos por una suma total de 10,6 billones COP (3.358 millones de dólares).

Este tipo de prácticas, según Martínez, produce efectos que van desde afectaciones al medioambiente hasta el financiamiento de grupos ilegales a través de empresas fachada que buscan el aprovechamiento de la actividad comercial para financiar grupos que se dedican a actividades de crimen organizado y de lavado de activos. Razón por la cual pidió asumir una posición conjunta desde el Estado colombiano para prevenir la generación de riqueza ilícita de particulares que usan como medio la minería ilícita.

El abogado Mario Daza le dijo a PanAm Post que la propuesta del fiscal parte de un sesgo, pues si bien hay muchas piedras preciosas o de otra índole, por ejemplo, el caso de las esmeraldas, solamente quieren ver al oro para que sea monopolizado por el Estado al igual que lo hace con la moneda, lo que hace ver a la propuesta totalmente desenfocada.

Actualmente, el Código Penal colombiano, en su artículo 338, establece que quien explote de manera ilícita un yacimiento minero y de otro tipo de minerales incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

«El código penal recoge el enfoque por el cual se debe encaminar este tipo de sanciones. Se debe castigar a todo aquel que no tenga la autorización para explotar el yacimiento minero, arena o petróleo. Aunque no debería ser así en una sociedad liberal. Sin embargo, este debe ser el único limite que debe haber desde el derecho penal y no frente al oro. Pues el oro es una herramienta de intercambio de bienes y servicios, por lo tanto, el problema no vendría siendo el oro sino las personas que trafican con algo prohibido, es decir, el problema es la prohibición no la legalidad”, indicó Daza.

Casos recientes de lavado de activos con oro

El fiscal colombiano habló de dos casos en los que se pudo capturar a las personas involucradas y posteriormente ser judicializadas.

El primero es una investigación que reveló el modus operandi que empleaba una comercializadora internacional que llevaba por nombre Metales Hermanos y a la vez evidenció la existencia de un grupo de proveedores ficticios de oro, mediante la cual efectuaban operaciones de compraventa y exportación de toneladas de oro.

El segundo caso se trató de la comercializadora internacional CIJ Gutiérrez, que relacionaba a varios de sus proveedores. Luego de una investigación de diez años de su operación comercial, la Fiscalía pudo establecer que en ese periodo la firma hizo compras ficticias de oro y movimientos con empresas inexistentes, así como con personas fallecidas. Con estas actividades pudieron lavar un monto cercano a los 2,1 billones de pesos (700 millones de dólares).

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