Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción de Colombia, condenado por corrupción y quien se encuentra en una cárcel de Winton, California, lanzó una fuerte advertencia. A su juicio, si no se le otorgan las garantías penales no tendrán efecto sus declaraciones y testimonios sobre los demás implicados en el escándalo conocido como el ‘Cartel de la Toga’.
A través de una carta Moreno le solicitó al presidente Iván Duque extender la prórroga de sus beneficios penales que fueron concedidos por un juez de Bogotá el pasado 17 de mayo de 2018. Dichos beneficios tienen como plazo de vencimiento un año.
Moreno se convirtió en uno de los principales testigos del ‘Cartel de la Toga’ por su posición como fiscal anticorrupción, sus contactos y nexos con altos magistrados del país para favorecer a políticos en casos ante la Corte Suprema de Justicia a cambio de sobornos. Por esta razón, la Fiscalía General logró la inmunidad penal para que rindiera declaraciones sobre uno de los mayores casos de corrupción en Colombia.
A raíz de esa negociación alcanzada por la fiscalía, fueron judicializados políticos y varios exmagistrados que por ahora son investigados. En este sentido, el abogado de Moreno solicitó “que se pida con suficiente antelación la audiencia ante un juez de garantías, dado que el principio de oportunidad en la modalidad de suspensión de la acción penal (…) fue por un año (…) ocurrido el 17 de mayo de 2018”, señala el documento.
La carta, además, fue enviada con copia a la Procuraduría y se advierte que de vencerse los términos de la prorroga, la investigación fracasaría. Para Moreno, podrían anularse las investigaciones realizadas por la Fiscalía y “se retornaría a la libertad a las personas detenidas y serán reintegradas a sus cargos”.
Cabe destacar que el escándalo del ‘Cartel de la Toga’ estalló en junio de 2017 con la captura de Moreno, acusado de trabajar en conjunto con varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia para fallar a favor de los congresistas investigados por ese alto tribunal.
Por otro lado, el expresidente de la Corte suprema, Francisco Javier Ricaurte, quien se encuentra preso en la cárcel La Picota, en Bogotá, está a punto de solicitar libertad condicional por vencimiento de términos. Otro de los implicados, el exmagistrado Leonidas Bustos, sigue fuera del país sin que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes resuelva las recusaciones que ha presentado en contra de su investigador.
Fiscalía desmintió a Moreno
El ente acusador desmintió a Gustavo Moreno. Mediante un documento se explica que el pasado 9 de abril de 2019 el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de prórroga del principio de oportunidad, cuyo estudio aún se encuentra dentro del término legal y en las próximas semanas se espera conocer la decisión, y advierte que el término estará vigente hasta el próximo 18 de mayo.
“La Fiscalía manifiesta que se induce a error a la opinión pública cuando, infundadamente, se afirma que no se ha dado trámite a la prórroga del principio de oportunidad y que los términos estén por vencerse, ya que dicho mecanismo de colaboración está vigente hasta el próximo 18 de mayo”, dice el comunicado de esa institución.
Moreno fue sentenciado por la justicia estadounidense a cuatro años de cárcel, de los cuales ha purgado dos y medio. Una de sus obligaciones es seguir cooperando con la justicia colombiana sirviendo como testigo para judicializar a funcionarios, magistrados y abogados que estuvieron implicados en el caso de corrupción judicial. Sin embargo, hasta ahora solo se han conocido las declaraciones que rindió cuando estaba preso en una cárcel en Colombia.